Ciudad de Guatemala, 11 mar (EFE).- Berta Zúñiga Cáceres, hija de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016, expresó este miércoles su "seria preocupación" ante el cuestionamiento del Estado de Honduras sobre la validez del mecanismo que investigó el homicidio de su madre.
En el marco del 195 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se celebra en la capital guatemalteca, Zúñiga Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), lamentó que la representación estatal pusiera en duda el acuerdo que dio vida al Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI).
"Esta audiencia pretendía instalar un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones que fueron emitidas por este grupo (...). Lamentamos que en este momento el Estado esté cuestionando el surgimiento o la validez del acuerdo", afirmó la dirigente a EFE.
Zúñiga advirtió que esta postura obstaculiza el cumplimiento de las 72 recomendaciones del informe, que vinculan el crimen de 2016 con el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
"El asesinato de Berta constituyó un crimen empresarial, financiero y político perpetrado mediante una arquitectura criminal compleja que articuló intereses económicos, estructuras de seguridad y fuerzas de seguridad del Estado", denunció ante los comisionados.
Hasta la fecha, la justicia hondureña ha condenado a ocho personas por el crimen, incluyendo a siete autores materiales sentenciados en 2019 y al ejecutivo Roberto David Castillo, condenado en 2022 a 22 años de prisión como coautor.
En noviembre de 2024, el Supremo de Honduras ratificó estas sentencias, aunque la familia de la activista denuncia que aún no se ha procesado a los autores intelectuales y que un implicado clave permanece prófugo.
Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa en La Esperanza (Honduras) tras años de amenazas por su oposición a la represa en el río Gualcarque.
Pese a que la CIDH instó al Estado a garantizar la "justicia completa", la familia teme que las conclusiones del GIEI queden como "papel mojado".
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