Una comisión de la ONU concluye que Rusia ha cometido "crímenes contra la humanidad" por deportación de niños

Una comisión independiente de investigación de Naciones Unidas ha concluido que Rusia ha cometido "crímenes contra la humanidad" por la deportación y el traslado forzoso de más de un milla de niños ucranianos desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero de 2022.

"Las pruebas reunidas llevan a concluir que las autoridades rusas han cometido crímenes contra la humanidad de deportación y traslado forzoso, así como de desaparición forzada de niños", reza el informe de 17 páginas de la comisión independiente de investigación sobre Ucrania al que ha tenido acceso Europa Press.

Asimismo, alega que las autoridades rusas ha "deportado y trasladado niños ilegalmente" a zonas controladas por Moscú, lo que equivale a un crimen de guerra, y que han retrasado injustificadamente sus repatriaciones, lo que también es considerado un "crimen de guerra".

En concreto, se ha documentado la deportación o el traslado forzoso de hasta 1.205 menores --de entre 11 meses a 17 años-- a territorios bajo el control de Moscú en cinco provincias ucranianas, en el territorio de Rusia u otras zonas "ocupadas" en Ucrania.

"Las deportaciones y traslados afectaron a niños que perdieron su padres o fueron separados de ellos en el contexto de las hostilidades en curso o estaban en orfanatos. Las autoridades rusas los deportaron o trasladaron primero a centros de tránsito en la Federación de Rusia o en las zonas ocupadas por Rusia en Ucrania", detalla el texto.

Las autoridades rusas llevaron a cabo dichos traslados en "autobuses, trenes o aviones" y justificaron estas reubicaciones como "evacuaciones" por los riesgos derivados del conflicto, si bien la comisión ha recordado que "el Derecho Humanitario exige que las evacuaciones sean temporales y se realicen por razones imperiosas de salud, tratamiento médico o seguridad".

"Cuatro años después, el 80% de los niños deportados o trasladados en los casos investigados por la Comisión no han regresado (a sus lugares de origen). Las autoridades rusas no han establecido un sistema que facilite los retornos", reza el texto, que alude a que a estos menores trasladados a territorio controlado por Moscú se les ha concedido la ciudadanía rusa y aparecen en bases de datos de adopción.

MEDIAS LEGISLATIVAS Y ADMINISTRATIVAS

El informe detalla que los traslados se han llevado a cabo a través de una política "ejecutada al más alto nivel del aparato estatal", siendo así que las directrices directas a las instituciones correspondientes por parte del presidente Vladimir Putin "han sido visibles desde el principio".

De esta forma, las autoridades han coordinado "medidas legislativas, administrativas y prácticas" con el objetivo de facilitar los traslados, y han trabajado en "diferentes niveles", con viajes a las provincias ocupadas de Ucrania, visitas a centros de acogida o reuniones de coordinación entre distintas instituciones gubernamentales rusas.

Durante estas reuniones, las autoridades de Donetsk y Lugansk modificaron las legislaciones y procedimientos existentes para facilitar la colocación de niños deportados de Ucrania a familias rusas. Los traslados, por lo general, se producen en presencia de funcionarios rusos, "en un ambiente festivo" y cuentan con amplia cobertura por parte de los medios de comunicación rusos.

Entre los ejemplos que cita la comisión se encuentran unas declaraciones de Putin durante una reunión con jefes de delegaciones de Estados africanos en junio de 2023, cuando el mandatario se refirió a que las evacuaciones en los orfanatos se produjeron "legalmente" porque los directores eran los "tutores legales" de los menores.

"En los casos documentados, las autoridades rusas no solicitaron el consentimiento de los directores de las instituciones nombrados por el Gobierno ucraniano. En lugar de ello, se basaron en el consentimiento de las autoridades locales o directores que cooperaban con ellos", señala, agregando que incluso en dos instituciones del óbast de Jersón las autoridades despidieron a sus directores por negarse a cooperar y fueron reemplazados por otros que autorizaron las deportaciones o los traslados.

La comisión ha informado además de que las autoridades rusas no informaron correctamente a los padres, tutores legales o parientes del destino y el paradero de los menores, llegando incluso muchos de ellos intentaron localizar a sus seres queridos por su cuenta.

Por otro lado, apunta a que las devoluciones se produjeron tras "obstáculos, retrasos, y riesgos para la seguridad". "Después de cuatro años, muchas familias siguen buscando a sus hijos y intentar asegurar su regreso. Esto lleva a una larga separación y sufrimiento", reza el texto.

"Las familias de niños que fueron deportados o transferidos también informaron casos de adoctrinamiento. Algunos de los niños que regresaron dijeron que se vieron obligados a escuchar el himno nacional ruso todos los días y que si no lo hacían esto daba lugar a amenazas y presión psicológica", añade.

La comisión ha basado su investigación en 232 entrevistas con padres, tutores legales, menores, así como familiares, expertos, periodistas de investigación y autoridades gubernamentales, además de personal de las instituciones afectadas.

De la misma forma, ha examinado más de 2.000 documentos, incluyendo listas de instituciones afectadas y niños deportados, documentos de identidad de menores; 41 documentos oficiales de las autoridades rusas o de las autoridades 'de facto' en zonas ocupadas ucranianas, así como publicaciones en sitios web gubernamentales y bases de datos públicas, entre otras.