Comisión de la ONU concluye que Rusia ha cometido "crímenes contra la humanidad" por deportación de niños

El informe de Naciones Unidas documenta el traslado forzoso de más de 1.200 menores ucranianos a territorios bajo control de Moscú, señala la participación directa de altos funcionarios rusos y advierte sobre obstáculos para su retorno y casos de adoctrinamiento

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El 80% de los menores ucranianos deportados o trasladados bajo coerción a territorios bajo control ruso entre febrero de 2022 y la actualidad no han podido regresar a sus lugares de origen, tal como ha constatado una comisión independiente de investigación de Naciones Unidas. Según informó Europa Press, el informe del organismo internacional destaca que las autoridades rusas no han implementado un sistema que permita el retorno de estos menores, muchos de los cuales figuran en bases de datos de adopción y han recibido la ciudadanía rusa.

De acuerdo con el documento difundido por Europa Press, la comisión concluyó que Rusia incurrió en crímenes contra la humanidad a raíz de la deportación forzosa y la transferencia ilegal de al menos mil doscientos cinco menores, con edades comprendidas entre once meses y diecisiete años. Estos traslados han afectado a cinco provincias ucranianas, así como a territorios ocupados y a la propia Federación Rusa, desde el inicio de la invasión el 24 de febrero de 2022.

El texto detalla que las operaciones se llevaron a cabo en "autobuses, trenes y aviones", y que las autoridades rusas han considerado tales reubicaciones como evacuaciones ante riesgos derivados de la guerra. Sin embargo, la comisión recordó que el derecho humanitario solo admite estas prácticas bajo condiciones específicas de temporalidad, salud o seguridad. Europa Press consignó que, según el informe, estas deportaciones y traslados se iniciaron principalmente en niños que habían perdido contacto con sus padres o se encontraban en orfanatos, siendo primero dirigidos a centros de tránsito ubicados en territorio ruso o en zonas ucranianas ocupadas.

El informe apunta que la política de traslados fue ejecutada a las más altas instancias estatales rusas, con la intervención directa del presidente Vladimir Putin, quien ejerció, según la comisión, control directo sobre los distintos procedimientos e instituciones implicadas. El ministerio de Defensa ruso también tuvo un papel esencial en estos traslados, según publicó Europa Press, participando activamente en el transporte de los menores, como en septiembre de 2022 cuando setenta y siete niños deportados fueron llevados a la región de Moscú en un avión perteneciente a las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia.

El documento revisado por Europa Press recoge que la comisionada presidencial para los derechos del niño en Rusia, Maria Lvova-Belova, desempeñó un rol fundamental en la ejecución de estos procedimientos. Acompañó personalmente a los menores durante diferentes etapas del traslado dentro de la Federación Rusa y realizó visitas a familias rusas que llegaron a recibir a niños deportados procedentes de Ucrania.

De acuerdo con la información recabada por la comisión, la entrada forzada de menores al sistema de acogida ruso se facilitó mediante la adopción de medidas administrativas, legislativas y prácticas por parte de autoridades estatales. Las autoridades de las regiones de Donetsk y Lugansk introdujeron cambios normativos para acelerar la integración de niños ucranianos en familias rusas, mientras que desde Moscú se coordinaban visitas y encuentros institucionales destinados a organizar y dar cobertura a los traslados, explicó Europa Press.

El informe remite también a casos donde la cooperación de directores de orfanatos nombrados por el gobierno ucraniano fue descartada, llegando a ser reemplazados por funcionarios afines a la administración ocupante, en situaciones donde se negaron a autorizar deportaciones. Las acciones tuvieron una amplia cobertura mediática en Rusia y se realizaron, en ocasiones, en "un ambiente festivo", según describió la comisión citada por Europa Press.

En cuanto a la situación de devolución de los menores, el informe detalla la existencia de obstáculos considerables como la exigencia de documentos oficiales, la imposibilidad de acceder a determinados territorios debido al conflicto y la necesidad de asistencia externa para familias con menos recursos económicos. La comisión documentó el caso de un adolescente bajo acogida rusa que intentó reiteradas veces regresar a Ucrania; en su primer intento fue arrestado y obligado a grabar una declaración falsa, aunque posteriormente un pariente logró convertirse en su tutor legal en Ucrania. Europa Press señala que algunas de las repatriaciones solo pudieron concretarse mediante la colaboración de organizaciones no gubernamentales, autoridades ucranianas o la intervención de terceros.

La documentación de la ONU recogió testimonios sobre situaciones de adoctrinamiento. Los menores repatriados relataron haber sido obligados a escuchar a diario el himno nacional ruso y que negarse a hacerlo les acarreó amenazas y presiones psicológicas. También se informó sobre menores con discapacidades o enfermedades que fueron trasladados a instituciones donde no recibieron la atención necesaria, registrando complicaciones de salud como pérdida significativa de peso y episodios de hambre, según publicó Europa Press.

En la investigación participaron doscientas treinta y dos entrevistas a padres, tutores, menores afectados, familiares, expertos, periodistas y funcionarios gubernamentales. Además, la comisión examinó más de dos mil documentos, entre los que figuran listas de menores y de instituciones involucradas, documentos de identidad, cuarenta y un documentos oficiales de autoridades rusas o de las administraciones establecidas en territorios ocupados, así como publicaciones en portales gubernamentales y registros públicos. La comisión prevé presentar oficialmente este informe ante el Consejo de Derechos Humanos el próximo 12 de marzo, según reportó Europa Press.