Trib.El instructor del caso 'Ignis': "El cambiazo de ataúdes no pudo hacerlo una persona y precisaba de infraestructura"

Entre las pruebas más determinantes recolectadas durante la investigación del denominado 'Caso Ignis' se encuentran 26 libretas, archivos de certificados de defunción, tres dispositivos USB, numerosas fotografías de ataúdes y cadáveres, así como carretes fotográficos sin revelar que documentan con detalle las manipulaciones realizadas durante dos décadas en la Funeraria El Salvador, en Valladolid. Este material, reunido por Justo Martín Garrido, empleado de la funeraria fallecido y considerado la principal fuente de pruebas del caso, ha permitido reconstruir un total de 5.984 "cambiazos" de ataúdes y la reutilización de más de 900 arreglos florales en servicios funerarios entre 1995 y 2015, según informó Europa Press.

La investigación policial, dirigida por el jefe del Grupo de Homicidios de Valladolid, ha establecido que la magnitud y continuidad de las prácticas fraudulentas detectadas hacía inviable que sólo una persona, en este caso Justo Martín Garrido, pueda haber actuado sin apoyo. El instructor explicó que las operaciones requerían una infraestructura interna y el concurso de varios empleados de la funeraria, desestimando la posibilidad de una actuación individual. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, el agente expuso que estas actividades implicaban el traslado de ataúdes, la manipulación de cadáveres y la organización de ceremonias, tareas imposibles de ejecutar en solitario debido a su complejidad y a la necesidad de fuerza y logística compartida.

El origen de la investigación se remonta a agosto de 2017, cuando Ignacio Morchón Vaquero, gerente del grupo funerario, denunció ante la policía haber sido víctima de un intento de extorsión por parte de Justo Martín, quien le exigía mejoras en su base de cotización para asegurar una pensión más alta, amenazando con revelar información comprometedora sobre las prácticas internas de la compañía. El instructor policial, citado por Europa Press, detalló que a raíz de la denuncia, la vivienda de Martín fue registrada y se incautó otro manuscrito que confirmaba la base de la extorsión. Estas pruebas condujeron a una revisión del contenido incautado: certificaciones, fotografías y notas que sustentaban los hechos denunciados.

El funcionario policial subrayó, según publicó Europa Press, que en las distintas pruebas halladas durante los registros se habían anotado las inscripciones "CSI" y "CNO" sobre las imágenes de los ataúdes, señalando respectivamente los féretros manipulados y los originales utilizados en las incineraciones. Esto permitió a los investigadores articular una cronología de los hechos y señalar el modus operandi de la organización.

De acuerdo con Europa Press, la investigación ha expuesto que el procedimiento comenzaba con la simulación de la cremación en el tanatorio de Valladolid. Posteriormente, el féretro se trasladaba al cementerio de Santovenia, donde se remplazaba por otro de menor costo o incluso por simples palés antes de realizar la incineración definitiva. El testigo encargado de la investigación confirmó que este método se extendió a partir del año 2000, afectando también a cremaciones infantiles. Familiares de los fallecidos aseguraron a la policía que siempre creyeron que la incineración se completaba en el tanatorio, sin acceso a presenciar el momento, y reconocieron en las fotografías a sus allegados en ataúdes distintos a los contratados.

La colaboración entre empleados de la funeraria resultaba esencial para ejecutar estas acciones, especialmente en lo que respecta al traslado de los cadáveres y la manipulación de los féretros, según expuso el agente entrevistado por Europa Press. "Es imposible que una persona pudiera trasladar el cadáver desde el tanatorio hasta el cementerio y, una vez allí, colocarlo en un soporte e introducirlo en el horno crematorio. Son tareas en las que se coloca a pulso la caja, no estamos hablando de un pendrive, y esa tarea es imposible que la haga una sola persona", sostuvo el responsable policial, aludiendo a la participación necesaria de otros trabajadores.

Durante las pesquisas, la policía detectó inconsistencias entre la cantidad de ataúdes adquiridos por la funeraria y los empleados en los servicios, lo que evidenciaba la presencia de operaciones ficticias para respaldar administrativamente las actividades fraudulentas. Según reveló Europa Press, la empresa de la familia Senovilla, proveedora de ataúdes, habría participado en estos movimientos irregulares y también figura como parte investigada.

Las escuchas telefónicas autorizadas, implementadas durante la primera fase de detenciones en 2019, resultaron clave para evitar filtraciones entre los investigados y confirmar la magnitud del caso. El instructor policial señaló, según recoge Europa Press, que el contenido de estas conversaciones contribuyó a esclarecer el alcance de las prácticas. Entre las grabaciones obtenidas destacó la expresión "¡Esto es una pillada!", pronunciada por un miembro de la familia Morchón tras el estallido de la operación, lo que evidenciaría la conciencia de los implicados sobre la gravedad de los hechos.

Tras las primeras detenciones, una ex trabajadora del grupo funerario contactó con la policía para revelar que conocía desde hacía tiempo las prácticas irregulares, aunque se había mantenido en silencio por temor a perder su empleo. Según esta exempleada, los ataúdes destinados a la incineración recibían internamente la denominación de "reciclaje", mientras que los féretros de mayor valor se almacenaban en un garaje y posteriormente regresaban al tanatorio para su reventa, detalló Europa Press en su cobertura del juicio.

La causa cuenta con veintitrés personas sentadas en el banquillo, incluidos familiares directos del fundador de la funeraria, quienes afrontan acusaciones de organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, delitos contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad documental. El Ministerio Público solicita para ellos las penas más elevadas dentro del proceso, que contempla también la responsabilidad civil subsidiaria de las empresas Agencia Funeraria Castellana S.A. y Parque El Salvador S.L., según reporta Europa Press.

El juicio, que comenzó la semana anterior en la Audiencia de Valladolid, prevé la comparecencia de más de doscientos testigos hasta el mes de junio. Las sesiones iniciales han incluido la declaración de siete agentes policiales, incluidos dos municipales, que participaron en los registros y la reunión de pruebas materiales. El proceso se desarrolla en medio de incidentes dentro de la sala, con enfrentamientos entre la defensa de la familia Morchón y el presidente del tribunal en relación a las decisiones adoptadas en las sesiones previas, situaciones recogidas en la crónica de Europa Press.

La instrucción policial y la acumulación de pruebas documentales sobre los procedimientos internos de la funeraria han colocado en el centro del juicio no sólo la actuación de Justo Martín Garrido, sino también la posible implicación de un entramado de empleados y directivos que, durante años, podrían haber sostenido un mecanismo organizado para manipular ataúdes y servicios funerarios, como ha destacado Europa Press en sus reportes. El juicio continúa con el análisis de las pruebas y los testimonios previstos en los próximos días.