El Gobierno aprueba este martes el RD que garantiza la atención sanitaria a personas migrantes en situación irregular

El proyecto del nuevo Real Decreto contempla una ampliación de la cobertura sanitaria, incluyendo a personas españolas de origen que residen en el extranjero durante sus estancias temporales en España y a sus familiares, en tanto se encuentren desplazados en el país. Según publicó El Economista, esta iniciativa del Ejecutivo español responde a la intención de revertir los cambios introducidos en 2012 por el Real Decreto-ley 16/2012, que restringió el acceso universal al sistema de salud e impidió que personas migrantes sin residencia legal accedieran a la atención pública.

La medida, que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes, busca restituir la universalidad del derecho a la salud y suprime las restricciones administrativas que, desde hace más de una década, dificultan el acceso de población extranjera en situación irregular a servicios médicos en el sistema público. El medio El Economista detalló que el nuevo Real Decreto obligará a todas las comunidades autónomas a garantizar un acceso igualitario y sin distinciones basadas en la situación administrativa de los residentes, lo que apunta a prevenir desigualdades territoriales en la aplicación del derecho sanitario.

De acuerdo con la información difundida, el Ministerio de Sanidad ha señalado que esta reforma legislativa se enmarca en un enfoque de salud pública y de respeto a los derechos fundamentales. Sanidad argumentó que la exclusión de determinados grupos del derecho a la asistencia médica puede derivar en mayores riesgos para los afectados y para la colectividad, reforzando así la justificación para suprimir las trabas existentes.

Según consignó El Economista, el anterior marco legal establecía barreras que implicaban que migrantes en situación administrativa irregular quedaran fuera del sistema sanitario, salvo en supuestos de urgencia, embarazo, parto o menores de edad. Con la aprobación prevista del nuevo Real Decreto, el Gobierno pretende volver al modelo anterior a 2012, cuando la cobertura sanitaria universal era una característica del sistema español.

El borrador del Real Decreto, al cual hace referencia El Economista, ya había sido sometido al proceso de audiencia e información pública en septiembre, indicando desde entonces su objetivo de abarcar tanto a la población migrante irregular como a ciudadanos españoles que residen fuera y retornan temporalmente al país, extendiendo además este derecho a los familiares que les acompañen. Las fuentes del Ministerio de Sanidad citadas por El Economista reiteran que la reforma busca eliminar las "barreras administrativas" existentes, señalando que la cobertura sanitaria no dependerá del estatus de residencia legal.

La publicación subraya que el texto del Real Decreto prevé medidas para que las comunidades autónomas no establezcan requisitos adicionales que limiten en la práctica el acceso a la atención médica, con el fin de homogeneizar el acceso en todo el territorio español. De acuerdo con lo reportado por El Economista, la armonización del derecho a la salud en las distintas regiones se considera uno de los ejes fundamentales para evitar desigualdades en la prestación de servicios sanitarios.

Por otro lado, el artículo explica que el restablecimiento de la universalidad sanitaria se apoya tanto en la protección de la salud individual como en un planteamiento de interés colectivo, advirtiendo sobre los posibles riesgos epidemiológicos de restringir el acceso a determinados sectores de la población. Según destacaron fuentes de Sanidad consultadas por El Economista, el derecho a la atención sanitaria debe entenderse como un pilar básico de los derechos humanos y como un instrumento de protección en términos de salud pública, reflejando así una orientación integral en las políticas del Ejecutivo.

El Economista afirma que el Gobierno pretende aprobar la reforma en esta sesión del Consejo de Ministros, marcando una revisión de la política sanitaria aplicada durante los años recientes. El Real Decreto, detalló el medio, implica que ningún extranjero sin documentación quedará excluido de los servicios de atención médica primaria, consultas externas, hospitalización, farmacia o urgencias.

Además, la información recopilada indica que la restauración de la irrestricta cobertura sanitaria forma parte del compromiso del Gobierno con el respeto a los derechos fundamentales contemplados en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por España, tomando en cuenta que la restricción del acceso había sido objeto de debate por múltiples organismos sociales y expertos en salud pública. El texto elaborado por El Economista aclara que, para la ejecución de esta reforma, el Gobierno requerirá la colaboración de todas las comunidades autónomas, ya que la sanidad es una competencia transferida a nivel regional.

Con el nuevo Real Decreto, subraya el medio, se aspira a garantizar que la atención sanitaria pública a personas extranjeras en situación irregular y ciudadanos españoles residentes en el exterior no esté sujeta a diferencias por territorio, propiciando así la igual condición de acceso en toda la geografía española. Las autoridades sanitarias citadas en la publicación del medio hacen hincapié en que la eliminación de las barreras legales y administrativas constituye una medida que refuerza el sistema de salud público frente a situaciones que requieran respuesta colectiva.

Finalmente, El Economista concluye que la medida supone una rectificación de la política adoptada en 2012 y responde tanto a las demandas de colectivos sociales como a criterios de salud pública respaldados por autoridades sanitarias nacionales e internacionales, configurando así un marco legal dirigido a la protección amplia de la población residente en España, independientemente de su estatus administrativo.