Acusado de crímenes de lesa humanidad un ciudadano sirio en Reino Unido por la represión de la Primavera Árabe

La investigación denominada como una de las más complejas y desafiantes por la jefa de la Policía Antiterrorista de Londres, Helen Flanagan, ha permitido alcanzar imputaciones inéditas dentro del Reino Unido vinculadas a la represión de protestas en Siria durante 2011. Según reportó la Fiscalía de la Corona para Inglaterra y Gales (CPS), un hombre sirio de 58 años, cuya identidad se mantiene en reserva, enfrentará siete cargos por crímenes de lesa humanidad relacionados con su rol durante las manifestaciones de la Primavera Árabe en la capital siria, Damasco.

De acuerdo con lo anunciado por la CPS, las autoridades presentaron tres cargos de asesinato, tres de tortura y uno adicional por haber facilitado un asesinato. Estos procesos judiciales han surgido tras una extensa investigación liderada por la Unidad de Crímenes de Guerra de la Policía Antiterrorista, que según consignó el medio, requirió colaboración internacional estrecha. Se trata de la primera vez que en Reino Unido se procesa por crímenes de lesa humanidad vinculados al conflicto sirio bajo este marco legal.

Según detalló la Fiscalía, el acusado ocupaba en 2011 un cargo dentro de la Inteligencia de la Fuerza Aérea Siria (AFI), con responsabilidades al mando de un grupo dedicado a contener las protestas en el distrito de Jobar, localizado al este de Damasco. Las manifestaciones, que tuvieron lugar principalmente en abril de aquel año, surgieron como una expresión de rechazo a las políticas del Gobierno encabezado en ese momento por el presidente Bashar al Assad, en el contexto de la ola de protestas conocidas como Primavera Árabe.

El encargado de la División de Lucha contra el Terrorismo de la Fiscalía de la Corona, Bethan David, explicó en un comunicado que los fiscales consideraron suficientes las pruebas recolectadas para presentar siete acusaciones en virtud de la Ley del Tribunal Penal Internacional de 2001 y la Ley de Justicia Penal de 1988. Ambas normativas permiten que tribunales británicos persigan crímenes internacionales graves, aun cuando estos hayan ocurrido fuera del territorio nacional.

El medio informó que los hechos investigados se remontan al 15 de marzo de 2011, cuando fuerzas de seguridad sirias actuaron para contener protestas pacíficas que se desencadenaron en varias ciudades del país, con epicentro en Damasco. Los manifestantes reclamaban reformas políticas y sociales frente a la administración de Al Assad. La respuesta oficial se tradujo en un robusto despliegue represivo que, según consignó la Fiscalía, degeneró en múltiples actos de violencia y una posterior guerra civil.

El contexto político en Siria experimentó un giro en diciembre del año pasado, cuando el Gobierno de Bashar al Assad fue depuesto tras una ofensiva impulsada por grupos yihadistas y rebeldes. Según publicó el medio, con la caída del régimen y el surgimiento de una transición política, Ahmed al Shara—anteriormente conocido como Abú Mohamed al Golani—emergió como líder 'de facto' del país.

En relación con la operación judicial, se resaltó desde la Policía Antiterrorista de Londres que la pesquisa se caracterizó por su planificación robusta, así como por el trabajo coordinado con entidades internacionales, condición indispensable para recolectar pruebas y testimonios correspondientes a hechos acontecidos en el extranjero.

La repercusión de este caso radica tanto en el antecedente legal que implica para el Reino Unido como en el alcance que puede tener en la persecución de responsables de violaciones graves a los derechos humanos en el contexto del conflicto sirio. La acusación formal de un ex integrante de los servicios de inteligencia y la decisión de las autoridades británicas de llevar adelante el caso bajo marcos legales internacionales evidencian un enfoque dirigido a enfrentar la impunidad en este tipo de delitos, consignó la Fiscalía.

Las autoridades británicas recalcaron la importancia de disponer de marcos regulatorios adecuados para perseguir delitos de esta naturaleza, así como de la cooperación transnacional que hizo posible recabar evidencias y asegurar la integridad del proceso. Según comunicó la Fiscalía, la labor de la Unidad de Crímenes de Guerra continuará enfocada en investigar y, en caso correspondiente, judicializar otros presuntos crímenes de lesa humanidad cuyo alcance trascienda fronteras nacionales y que sean tipificados en la legislación británica y los convenios internacionales suscritos por el país.