Paraguay alega ante la CIJ que las presuntas violaciones israelíes en la ofensiva en Gaza no son genocidio

La preocupación por la ampliación del concepto jurídico de genocidio y sus posibles consecuencias encabezó la posición oficial paraguaya ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) durante la presentación de su declaración de intervención relacionada con la demanda de Sudáfrica contra Israel por los hechos en Gaza. Según consignó el medio de comunicación original, Paraguay advirtió sobre “el riesgo de diluir la gravedad específica del delito” si se expandiera el alcance de la Convención sobre el Genocidio a violaciones que, a juicio de Asunción, no cumplen con el umbral establecido en dicho tratado internacional. El documento remitido por el Gobierno paraguayo recalca que “las presuntas violaciones del Derecho Internacional Humanitario u otros regímenes jurídicos quedan fuera del ámbito de aplicación de la Convención sobre el Genocidio”, en referencia a las acusaciones de Sudáfrica sobre la actuación militar israelí en la Franja de Gaza.

De acuerdo con la información publicada por el medio original, Paraguay formalizó su intervención este miércoles, en el marco del proceso radicado en la CIJ, promovido a partir de la ofensiva militar de Israel en Gaza, que ha causado, según los datos, más de 72.100 fallecidos y 171.800 personas heridas. En la declaración oficial presentada ante el tribunal, Paraguay argumentó que el delito de genocidio requiere una interpretación conforme a los fines del tratado y la jurisprudencia previa de la propia Corte, negando que otras conductas que impliquen violaciones al Derecho Internacional Humanitario puedan incluirse en la definición contemplada por la Convención.

El gobierno encabezado por Santiago Peña ha mantenido en los últimos años una política exterior alineada con el Ejecutivo israelí y Estados Unidos, cuyos efectos han incluido posiciones recurrentes en la Asamblea General de Naciones Unidas orientadas a respaldar a Tel Aviv frente a asuntos relacionados con el conflicto israelo-palestino. Entre las decisiones adoptadas figura el traslado, en diciembre de 2024, de la embajada paraguaya de Tel Aviv a Jerusalén, punto sobre el que el medio de origen destacó que solo unos pocos países reconocen esa ciudad como capital de Israel. Asimismo, en abril de 2025, Asunción clasificó a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista.

La declaración presentada ante la CIJ, firmada por Miguel Aranda, viceministro responsable del departamento de Administración y Asuntos Técnicos del Ministerio de Exteriores paraguayo, solicita un rigor extremo en el análisis de las pruebas aportadas al proceso. El documento señala la necesidad de “un examen cuidadoso de la metodología, las fuentes, el alcance y el grado de verificación”, remarcando que solo deberían admitirse aquellas evidencias que satisfagan el estricto estándar establecido internacionalmente para determinar la existencia de genocidio.

El mismo texto advierte que cualquier desviación de la jurisprudencia previa acerca del umbral intencional y los criterios exigidos por la Convención podría conducir a una instrumentalización indebida de este instrumento legal. “Cualquier ampliación de este tipo correría el riesgo de diluir la gravedad específica del delito, socavar la seguridad jurídica y crear oportunidades para la instrumentalización o aplicación indebida de la Convención”, enfatizó Paraguay, según reportó el medio de comunicación original.

El Ministerio de Exteriores paraguayo, aunque no se pronunció oficialmente sobre el contenido de la declaración remitida a La Haya, sí difundió el miércoles un comunicado acerca de la reunión mantenida en la sede de la CIJ entre el propio Aranda y el presidente de la Corte, Yuji Iwasawa. Al encuentro asistieron también el embajador de Paraguay ante Bélgica, Enrique Franco, y el director general de Política Bilateral, Raúl Martínez; según la nota, discutieron sobre cuestiones relativas al Derecho Internacional y el papel de las instancias judiciales globales. El comunicado no agregó detalles sobre el intercambio ni sobre otros aspectos de la posición paraguaya en el caso que enfrenta a Sudáfrica e Israel.

En el fondo de la maniobra diplomática, tal como detalló el medio fuente, subyace la preocupación de las autoridades de Asunción por eventuales precedentes legales que puedan afectar la interpretación internacional sobre la tipificación del genocidio, considerando los posibles efectos políticos y jurídicos. El gobierno paraguayo ha reiterado además su aval a la aplicación restrictiva del concepto para preservar la gravedad del crimen y su efecto disuasorio dentro del derecho internacional penal.

El proceso ante la CIJ surge de la acusación encabezada por Sudáfrica, que imputa a Israel la comisión de genocidio en su actuación militar en la Franja de Gaza, contexto donde el número de víctimas civiles y heridos ha alcanzado dimensiones relevantes reportadas por diversas agencias internacionales. En contraste, Paraguay sostiene que las conductas denunciadas, aunque podrían constituir violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario, no encajan dentro de los parámetros legales de genocidio y no deberían ser entendidas, a la luz de la Convención de 1948, como tales.

A lo largo del documento, Paraguay pidió a la Corte Internacional de Justicia mantener la coherencia con sus pronunciamientos previos y evitar modificar los criterios que determinan el umbral de intención y el rigor probatorio para calificar un crimen como genocidio. El país sudamericano insistió en que el procedimiento debe garantizar la seguridad jurídica internacional, protegiendo la integridad de la Convención sobre el Genocidio frente a interpretaciones extensivas.

El seguimiento del caso y el resultado de la intervención paraguaya en la CIJ se inscriben, según puntualizó el medio original, en el contexto de una política exterior orientada a defender lo que el gobierno percibe como elementos centrales del Derecho Internacional, a la vez que refuerza su alineamiento político y diplomático con Israel y sus principales aliados en el escenario global.