El Partido Animalista PACMA anunció que procederá a presentar una queja formal contra la Fiscalía Superior del Principado de Asturias, argumentando que la admisión de informes técnicos inexactos como pruebas válidas en procesos judiciales podría generar un mecanismo de “impunidad absoluta” en la toma de decisiones administrativas relacionadas con la fauna protegida. Según informó el partido, la situación adquiere gravedad por su potencial efecto en la aprobación de resoluciones administrativas que derivan en la muerte de lobos ibéricos en contextos en los que la ley nacional e internacional lo prohíbe.
De acuerdo con la denuncia reseñada por el PACMA y recogida por distintos medios, el origen de este conflicto radica en la decisión de la Fiscalía de desestimar la admisión a trámite de una querella presentada por la formación animalista contra Marcelino Marcos Líndez, actual consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias. La acción legal planteaba la existencia de presuntos delitos de prevaricación y la utilización de informes periciales presuntamente falsos o inexactos para justificar legalmente capturas y muertes de lobos en Asturias.
Según publicó el Partido Animalista PACMA, la querella se basa en la aportación por parte del Gobierno del Principado de Asturias de documentación técnica que, según la formación política, contiene datos incorrectos respecto al estatus y gestión de la especie lobo ibérico. Estos informes habrían servido de soporte a resoluciones emitidas por la administración autonómica para autorizar la captura y sacrificio de animales de esta especie, clasificada como protegida en situaciones de población desfavorable.
El medio digital detalló que, de acuerdo a la respuesta de la Fiscalía, los hechos denunciados no alcanzan relevancia penal y, en este marco, los “errores o desaciertos” en los informes periciales no entrarían bajo el amparo del Derecho Penal, lo que excluye la apertura de una investigación bajo dichos términos. PACMA subraya que la postura del Ministerio Público omite deliberadamente definir su posición sobre las posibles actuaciones prevaricadoras relacionadas con la existencia de resoluciones administrativas contrarias a la legislación española y a obligaciones internacionales en materia de conservación de especies protegidas.
El Partido Animalista, según consignó el propio PACMA en sus declaraciones, rechaza de forma rotunda la interpretación de la Fiscalía Superior y sostiene que el Ministerio Fiscal tiene la obligación de investigar todos los hechos que pudieran tipificarse en el Código Penal, entre ellos la falsedad de documentos periciales y la prevaricación atribuible a dictar resoluciones injustas con conocimiento de causa por parte de autoridades públicas.
La organización animalista sostiene que permitir la entrada en el proceso judicial de informes inexactos abre la posibilidad de que actos administrativos adoptados bajo esos fundamentos legales perpetúen la muerte injustificada de ejemplares de lobo ibérico, a pesar de las leyes que prohíben tales acciones mientras la especie permanezca en una situación poblacional desfavorable.
En su argumentación, PACMA advierte que el hecho de calificar como “irrelevantes” los datos inexactos en los informes periciales empleados en asuntos jurídicos relacionados con la conservación de la fauna protegida contribuye a desproteger a especies vulnerables y a debilitar el estado de Derecho y la tutela judicial efectiva. Por todo ello, el partido anunció que formalizará en fechas próximas la queja correspondiente ante los órganos competentes, en oposición a la postura adoptada por la Fiscalía asturiana.
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