El Senado buscará cambiar la ley de multirreincidencia: Vox plantea la expulsión de migrantes y el PP endurecer castigos

El Partido Popular (PP) posee actualmente la mayoría absoluta en el Senado, posición que le otorga un papel determinante en la fase final de la reforma penal dirigida a endurecer las respuestas legales ante la multirreincidencia en España. Esta iniciativa, surgida a partir de una propuesta de Junts, ha llegado a la cámara alta, donde los grupos parlamentarios han aprovechado el proceso para presentar diversos cambios, incluidos aquellos relacionados con la Ley de Extranjería y la expulsión de ciudadanos extranjeros reincidentes. Según informó el medio que proporcionó los detalles, diferentes partidos presentan propuestas divergentes, destacando el alcance de las posibles modificaciones legislativas y la intensidad de la discusión política actual.

El escenario en la Cámara Alta describe varias posiciones enfrentadas respecto a los cambios en el tratamiento de la reincidencia delictiva. De acuerdo con la información difundida, Junts promovió originalmente la reforma para agravar las sanciones contra la multirreincidencia. Sin embargo, la tramitación ha abierto espacio para que otros partidos introduzcan enmiendas sustanciales, con Vox proponiendo la expulsión directa de migrantes reincidentes y el PP planteando un fortalecimiento de los castigos penales. Tanto el PSOE como el PP, Coalición Canaria y Vox presentaron enmiendas dentro del plazo estipulado hasta este miércoles, a pesar del respaldo inicial que la norma obtuvo en el Congreso de parte de PSOE, PP, Vox y PNV.

La Comisión de Justicia del Senado se reunirá el martes 10 de marzo para evaluar estos cambios y elaborar el dictamen que luego será remitido al Pleno de la Cámara Alta. El PP, por contar con mayoría absoluta, tiene altas probabilidades de aprobar sus cinco enmiendas y enviarlas posteriormente al Congreso para su consideración. Además, queda por definirse la postura que adoptará el PP respecto a las dos enmiendas propuestas por PSOE, cuatro por Vox y una planteada por Coalición Canaria.

En cuanto al contenido de las enmiendas, el PP busca reformar la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros y su integración social, mejor conocida como Ley de Extranjería. El objetivo, según sostiene el propio PP y reportó la fuente, consiste en reforzar el sistema de garantías contra la impunidad y salvaguardar la seguridad general en el país. Esta propuesta estipula que todas las autorizaciones de residencia exijan que el solicitante carezca de antecedentes penales, tanto en España como en los países donde residió anteriormente, específicamente por delitos reconocidos por el ordenamiento penal español.

El PP plantea también la denegación de solicitudes de estancia o residencia de personas ya condenadas judicialmente como reincidentes. Otra medida recogida en las enmiendas es que, para determinar si existe riesgo para el orden público o la seguridad ciudadana, la Administración recabe informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Asimismo, el PP propone que los procedimientos sancionadores acompañados de una propuesta de expulsión o retorno, iniciados por cualquiera de las causas indicadas, no puedan suspenderse aunque el interesado presente una solicitud de residencia o estancia.

Vox ha presentado iniciativas incluso más restrictivas. Los senadores de este partido destacan que sus propuestas avanzan "más allá" que las del PP, buscando modificar el régimen de sustitución de penas con la expulsión obligatoria de ciudadanos extranjeros reincidentes. Vox propone que todo ciudadano extranjero condenado por cualquier delito en virtud del Código Penal y que repita una conducta delictiva, reciba como pena única la expulsión efectiva del territorio nacional, sin importar la naturaleza de la nueva sanción impuesta.

Adicionalmente, las enmiendas de Vox eliminan la posibilidad de alegar arraigo familiar o social como obstáculo a la expulsión. Según argumenta el partido, el uso del arraigo, definido inicialmente como recurso excepcional, se habría extendido más allá de los supuestos estrictos previstos legalmente.

En la tramitación previa en el Congreso, PP, PNV y Junts lograron consensuar una enmienda por vía oral para castigar con penas de prisión de uno a cinco años el conocido como 'petaqueo', que se refiere a la logística para abastecer a narcolanchas, especialmente la adquisición, tenencia, almacenamiento y suministro imprudente de combustibles líquidos para estos fines, en contravención de las normativas vigentes. El PP incluyó también una enmienda sobre este fenómeno delictivo, junto con otra propuesta orientada a incrementar las plantillas de fiscales en el sistema de justicia.

Por su parte, el PSOE plantea modificar las sanciones asociadas al fraude del fluido eléctrico, en particular para perseguir casos relacionados con el cultivo de marihuana en instalaciones cerradas, prácticas donde se suele incurrir en delitos contra el suministro eléctrico. La propuesta socialista incluye un subtipo agravado de defraudación, con el propósito de aumentar las penas en este contexto específico.

Coalición Canaria ha presentado una enmienda que busca conceder mayores competencias policiales al Cuerpo de Policía Canaria, aprovechando la reforma penal en debate para ampliar las atribuciones de la policía regional en el ámbito de la seguridad ciudadana.

El trámite de la reforma penal incluye un debate técnico y político sobre los límites entre el endurecimiento de las penas y los derechos fundamentales de las personas afectadas, así como sobre el impacto de tales reformas en la convivencia social y el control de diferentes tipos de delitos recurrentes. Reportó la fuente que la comisión encargada de Justicia será la responsable de dirimir estas controversias en la próxima sesión, una cita que se perfila como decisiva para el futuro de la normativa sobre multirreincidencia en el país.

El desarrollo de las deliberaciones previas indica un proceso legislativo abierto a la negociación y a la introducción de medidas que podrían modificar de manera significativa la manera en la que el Estado aborda la reincidencia delictiva y la gestión de los extranjeros con antecedentes penales. La posición predominante del PP en el Senado augura que las enmiendas de este partido avanzarán al siguiente paso legislativo, mientras otras propuestas, como las de Vox y el PSOE, tendrán que esperar la decisión de la mayoría para determinar su futuro en la tramitación parlamentaria.