Vox registra en el Congreso una iniciativa para reclamar la ilegalización de Bildu por sus "evidentes" vínculos con ETA

Las circunstancias que rodean la disolución definitiva de ETA en 2018 y la presencia política de EH Bildu en el Congreso han generado tensiones entre las fuerzas parlamentarias. Según informó Europa Press, Vox registró en la Cámara baja una propuesta solicitando la ilegalización de EH Bildu, argumentando que existen “vínculos evidentes” entre la coalición abertzale y la organización armada desarticulada. Esta iniciativa busca que el Congreso debata la conveniencia de activar el procedimiento contemplado en la Ley de Partidos, en referencia directa al artículo nueve de dicha normativa, que prevé la exclusión de formaciones políticas cuyos miembros hayan sido condenados por delitos de terrorismo y no hayan repudiado públicamente dichos actos.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, anunció el registro de este escrito un día después de que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, manifestara públicamente que “Bildu ha trabajado por la paz”, tal como recogió Europa Press. Para Vox, estas declaraciones resultan objetables y reflejan, en sus palabras, la “mirada hacia otro lado por conveniencia política” en el proceso de resolución de la violencia en el País Vasco. La formación califica a EH Bildu como el “brazo político de ETA” y sostiene que la presencia institucional de la coalición evidencia, según ellos, una falta de derrota de la organización armada por parte de la democracia.

Vox atribuye al PSOE su permanencia en el gobierno gracias al apoyo parlamentario de EH Bildu, señalando que este respaldo provendría de quienes consideran “herederos de ETA”. La portavoz, Pepa Rodríguez de Millán, argumentó ante los medios que los presuntos vínculos entre Bildu y la antigua banda armada se reflejan en la “normalización” de homenajes a exmiembros de ETA, el traslado de presos condenados a prisiones próximas a sus lugares de origen, el conocido “éxodo” de más de 200.000 familias obligadas a abandonar el País Vasco, y la supuesta equiparación entre víctimas del terrorismo y autores de delitos relacionados.

En la explicación de motivos que acompaña la iniciativa, Vox expresa que la Fiscalía General del Estado descartó recientemente iniciar el proceso de ilegalización contra EH Bildu. Según publica Europa Press, Vox atribuye esta decisión a la presunta dependencia de la Fiscalía respecto al Gobierno, citando como ejemplo una reciente condena judicial contra un anterior fiscal general del Estado. La formación liderada por Santiago Abascal sostiene que existen suficientes argumentos legales, enumerando que EH Bildu mantiene en sus órganos directivos y listas electorales a personas vinculadas con delitos de terrorismo, no ha contribuido al esclarecimiento de crímenes cometidos por ETA, ni ha rechazado públicamente esos hechos.

Dentro de su iniciativa parlamentaria, Vox solicita también adoptar reformas legales para asegurar el cumplimiento íntegro de las condenas por delitos de terrorismo, acabar con las políticas que, según la formación, suponen cesiones ante el separatismo e impulsar la investigación de crímenes de ETA sin resolver. Además, plantea promover la búsqueda y puesta a disposición judicial de personas prófugas reclamadas por la justicia española en relación a actividades de la extinta banda armada.

En la presentación de la propuesta, la portavoz de Vox anticipó críticas a su formación por parte de otros actores políticos y declaró que el partido no tiene intención de “mirar hacia otro lado ante la evidencia de una victoria de facto del terrorismo sobre los españoles”. Añadió que la iniciativa parlamentaria responde a la máxima de “ni olvido ni perdón” para quienes han cometido acciones terroristas que han causado daño a numerosas familias, según reportó Europa Press.

Rodríguez de Millán mencionó que desearían compartir esta visión con el Partido Popular, aunque no precisó si esta exigencia formará parte de un posible acuerdo de gobierno en caso de un escenario de pacto nacional entre ambos partidos, consignó Europa Press. La dirigente reiteró que, a juicio de Vox, “sobran los motivos” para la ilegalización de EH Bildu y que la coalición “no se ha arrepentido” ni ha colaborado en el esclarecimiento de crímenes.

De acuerdo con la Ley de Partidos, solo el Gobierno o el Ministerio Fiscal pueden iniciar formalmente el proceso de ilegalización de un partido político, detalló Europa Press, y la decisión recae finalmente en el Tribunal Supremo. El Parlamento, mediante iniciativas como la presentada por Vox, puede instar al Ejecutivo a dar comienzo a ese procedimiento legal, pero no tiene competencias para ejecutarlo por sí mismo.

Este debate se sitúa en un contexto de persistente confrontación política en torno a la memoria histórica del terrorismo en España y su tratamiento institucional. Europa Press recordó que sectores políticos mantienen posiciones divergentes sobre el papel de EH Bildu en el sistema democrático, mientras que colectivos de víctimas del terrorismo han reivindicado reiteradamente investigaciones judiciales en relación con crímenes pendientes y han expresado su rechazo a cualquier forma de legitimación de quienes consideran que forman parte del entorno de ETA.