
Toni Valero, coordinador general de Izquierda Unida Andalucía y diputado de Sumar por Málaga, subrayó que si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminara en contra de la aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur, la Comisión Europea se vería obligada a renegociar aspectos clave del texto con los países sudamericanos, abriendo un periodo de incertidumbre jurídica y política para Europa. Según informó el medio responsable de esta información, Valero llamó la atención sobre la intención de la Comisión Europea de activar de forma provisional el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur —bloque integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay— sin que exista la previa ratificación parlamentaria ni el fallo correspondiente del Tribunal de Justicia europeo, lo que, a su juicio, no cuenta con base jurídica sólida ni es apropiado desde el punto de vista institucional.
El dirigente andaluz argumentó, de acuerdo con la fuente, que los pactos comerciales afectan significativamente tanto en el plano regulatorio como en el económico y que su puesta en marcha establece derechos y compromisos duraderos en materia de acceso a mercados, legislación sectorial e inversiones, que no pueden revertirse fácilmente y —advirtió— serían costosos de deshacer. Sostuvo que aceptar la aplicación provisional sin el respaldo expreso del Parlamento Europeo ni la resolución judicial pendientes “debe rechazarse”, insistiendo en que la actual situación permanece a la espera de un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Valero también puntualizó, según publicó la misma fuente, que permitir la iniciativa de la Comisión vaciaría de contenido el papel que ejerce el Parlamento Europeo como garante del control democrático sobre los tratados internacionales. Si un acuerdo comienza a generar efectos económicos y jurídicos efectivos, alertó el dirigente, una hipotética votación parlamentaria en contra pierde viabilidad política y se ve alterado el equilibrio institucional que debe normar el funcionamiento de la UE.
De acuerdo con la información difundida, el coordinador de IU Andalucía alertó sobre los riesgos de inseguridad jurídica que enfrentarían empresas y Estados miembro ante la adopción apresurada del tratado, insistiendo en que la previsibilidad resulta esencial en el marco del Derecho europeo. La superposición de responsabilidades entre las instituciones comunitarias, reflexionó Valero, se convierte en un factor que debilita la estabilidad legal esperada en la toma de decisiones europeas.
En su intervención, Valero hizo referencia también a la oposición social y parlamentaria contra la aplicación provisional del tratado, recordando que durante la semana reciente el Partido Popular y el Partido Socialista impidieron en el Congreso que prosperara una proposición impulsada por su grupo para que España se declarara contraria a la activación inminente del acuerdo. Llamó a ambos partidos a reconsiderar su postura, asegurando que la defensa del sector agropecuario no se debe traducir en la aceptación de cualquier tratado comercial, sino en la protección de condiciones justas y la coherencia normativa con los intereses de los trabajadores y productores españoles, elemento que —argumentó Valero— no garantiza el presente acuerdo.
Por otra parte, la cobertura recogió las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien confirmó la decisión de dar inicio al procedimiento para poner en vigor provisionalmente el acuerdo con Mercosur. Von der Leyen señaló en una declaración institucional sin preguntas que el objetivo responde a ideas de resiliencia, crecimiento económico y una mayor autonomía estratégica para Europa. Destacó, según detalló la fuente, que la decisión llega luego de que Argentina y Uruguay completaran sus procesos nacionales de ratificación y tras la aprobación otorgada por el Consejo Europeo a Bruselas en enero para avanzar con este instrumento en cuanto las condiciones fueran propicias.
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