Foro Penal cifra en más de 500 los presos políticos excarcelados en Venezuela en el marco de la amnistía

Cincuenta y dos personas de nacionalidad extranjera se encuentran entre los 568 liberados en Venezuela tras la aprobación de una ley de amnistía, según detalló la organización Foro Penal. Esta cifra forma parte del proceso iniciado con la nueva medida, que ha dejado en libertad tanto a civiles como a militares, después de la aprobación de la amnistía por parte de la Asamblea Nacional y bajo impulso del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez. De acuerdo con lo informado por Foro Penal y reportado por varios medios de comunicación, el número total de personas excarceladas se desglosa en 505 hombres y 63 mujeres, distribuidos en 386 civiles y 182 militares, incluyendo 567 adultos y un adolescente.

Foro Penal comunicó, a través de un mensaje difundido en redes sociales, que estas excarcelaciones se enmarcan en la ley de amnistía promulgada tras la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores, en un operativo realizado por fuerzas estadounidenses a principios de enero. La organización también precisó que, desde 2014 y hasta la fecha presente, las detenciones "por motivos políticos" han sumado un total de 18.944 casos en Venezuela, evidencia de la persistente conflictividad política y de represión reportada en el país durante la última década.

Esta ley de amnistía fue aprobada la semana anterior por la Asamblea Nacional y respaldada por Rodríguez en su rol de presidenta encargada. El proceso se desarrolla en un contexto marcado por la intensa polarización tras la captura del exmandatario y su esposa. Según Foro Penal, estos datos recogen la magnitud de la medida legal y sus primeras consecuencias directas en la liberación de personas encarceladas por motivos políticos.

La Comisión Especial de la Asamblea Nacional, presidida por Jorge Arreaza, ha informado de la recepción de 7.461 solicitudes de excarcelación una semana después de que se aprobó la nueva ley. De acuerdo con Arreaza, a esto ha seguido la "liberación plena" de 4.151 personas, incluidas 217 que se encontraban privadas de libertad y otras 3.934 bajo medidas cautelares. Este proceso refleja el alcance administrativo y judicial del mecanismo que se está implementando en el país.

Las cifras publicadas dan cuenta de la complejidad del fenómeno de las detenciones políticas en Venezuela, especialmente desde las protestas de 2014, cuando el opositor Leopoldo López fue arrestado y posteriormente condenado a 13 años y nueve meses de prisión bajo cargos de incitación a las movilizaciones contra el gobierno. Los eventos de aquel año registraron 43 fallecidos. Tras esas protestas, se abrió un primer intento de diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición, que se interrumpió poco tiempo después por fragmentación política interna y la ausencia de movilizaciones en las calles.

La respuesta por parte del Ejecutivo venezolano ha subrayado los límites de la amnistía. Según publicó el medio en base a declaraciones del ministro del Interior, Diosdado Cabello, se dejó en claro que la disposición legal "no ampara delitos futuros" y representa una herramienta para fortalecer la convivencia democrática en el país. Durante su espacio en ‘Con el Mazo Dando’, Cabello declaró: “No estoy amenazando, estoy haciendo un favor para evitar confusiones y fomentar un clima político más estable”. Asimismo, puntualizó que cualquier política de reconciliación requiere responsabilidad y control, para evitar repeticiones de episodios de violencia o intentos de golpe de Estado.

Cabello también recordó antecedentes relacionados con anteriores procesos de amnistía e indultos, subrayando que parte de los beneficiados continuaron involucrándose en acciones con efectos desestabilizadores para el Estado venezolano. Por eso mismo, el Ejecutivo insiste en que las nuevas medidas deben entenderse como una oportunidad para “mantener el camino electoral como rumbo institucional”.

El medio que dio cobertura a estos acontecimientos resaltó que, dentro de los beneficiados por la amnistía, se encuentran militares y civiles, así como menores de edad, en consonancia con la política estatal orientada a una reconciliación condicionada estrictamente al respeto de la legalidad y el orden establecido. La aprobación de la ley y la aplicación del mecanismo de excarcelación han generado reacciones en distintos sectores políticos y sociales, al tiempo que el número creciente de solicitudes refleja la magnitud de la expectativa generada entre los familiares de personas detenidas por motivos políticos.

El flujo de solicitudes recibidas tras la promulgación de la norma evidencia la dinámica que se vive actualmente en el país, donde el sistema judicial y los órganos legislativos gestionan un alto número de casos en el contexto de la transición política que se produce tras la detención de Maduro. Según informó la Asamblea Nacional, la liberación de más de cuatro mil personas incluye tanto quienes estaban privados de libertad como aquellos sujetos a medidas cautelares, lo que amplía el impacto de la ley de amnistía y agrega complejidad a su implementación.

El acumulado histórico de detenciones por razones políticas, divulgado por Foro Penal, subraya la dimensión de la problemática desde el inicio de la ola de protestas contra el gobierno en 2014. La organización ha actuado como vértice de denuncia y seguimiento de estas cifras, proporcionando información regularmente a nivel nacional e internacional sobre el estado de los derechos humanos y la situación carcelaria en Venezuela.

Los episodios anteriores de diálogo entre gobierno y oposición han tenido resultados limitados, según consignó el medio, en parte por la falta de acuerdo perdurable y la fragmentación de la oposición, representada entonces por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). La situación vivida en años anteriores establece el precedente ante el cual se analiza la iniciativa actual de amnistía y las advertencias institucionales que la acompañan.

Por otro lado, la intervención del ministro Cabello advierte sobre la necesidad de que la amnistía se entienda dentro de los lineamientos de responsabilidad política y legal. De acuerdo con su postura, la ley no constituye un permiso para que futuros delitos políticos queden impunes, sino que busca alentar un clima más favorable a la participación democrática y pacífica.

El monitoreo de la aplicación de la ley, según los datos proporcionados por Foro Penal y fuentes oficiales citadas por el medio, continuará siendo objeto de atención pública, tanto dentro de Venezuela como en el entorno internacional, dada la trascendencia del proceso en la evolución reciente de la política venezolana.