España espera la puesta en marcha de la Tarjeta Iberoamericana de Discapacidad en la Cumbre de Madrid

El Ministerio de Asuntos Exteriores explicó que la Tarjeta Iberoamericana de Discapacidad permitirá que 90 millones de personas con discapacidad en Iberoamérica tengan acceso a sus derechos en igualdad de condiciones al resto de la población durante sus desplazamientos temporales dentro de la región. Esta medida busca reforzar la ciudadanía iberoamericana y facilitar el acceso de este colectivo a servicios y beneficios en distintos países del espacio iberoamericano. Según informó el Ministerio, se espera que la puesta en marcha definitiva de esta tarjeta se acuerde en la próxima Cumbre Iberoamericana, prevista para los días 4 y 5 de noviembre en Madrid.

Tal como publicó Exteriores en una nota oficial difundida después del encuentro sobre el Programa Iberoamericano de Discapacidad, el Gobierno español apuesta por que la Cumbre Iberoamericana de noviembre sirva para hacer realidad un sistema que tiene como antecedente su presentación en el foro de 2024, celebrado en Cuenca, Ecuador. En este encuentro participaron el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, embajadores iberoamericanos acreditados en España, el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, así como autoridades vinculadas con el Programa Iberoamericano de Discapacidad.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Exteriores, la reunión permitió definir los principales ámbitos en los que los países miembros trabajarán durante la Cumbre de Madrid. Uno de estos ejes prioritarios es precisamente la implementación de la Tarjeta Iberoamericana de Discapacidad, un documento que aspira a un reconocimiento mutuo de la condición de discapacidad en todos los países de la región. El Ministerio detalló que dicha tarjeta agilizará el acceso a servicios y prestaciones durante los viajes de personas con discapacidad, garantizándoles igualdad en el ejercicio de sus derechos fuera del país de origen.

El departamento que dirige José Manuel Albares destacó que el reconocimiento de la discapacidad a nivel regional evitará trabas burocráticas y permitirá movilidad sin la pérdida de derechos adquiridos en el país de residencia. Además, reportó que la iniciativa ha contado con el respaldo de los embajadores participantes y las instituciones vinculadas al Programa Iberoamericano de Discapacidad, quienes abordaron en el encuentro los detalles técnicos y políticos necesarios para poner en funcionamiento este instrumento en toda la región.

Según consignó el Ministerio de Exteriores, la implantación de esta tarjeta refuerza el objetivo de la Cumbre Iberoamericana de avanzar en la construcción de una comunidad regional inclusiva, bajo el lema elegido para la cita de Madrid: “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”. En el marco de este propósito, la iniciativa busca que la integración de las personas con discapacidad se refleje no sólo en los discursos, sino en medidas concretas coordinadas a nivel regional.

El medio detalló que el Programa Iberoamericano de Discapacidad mantiene entre sus prioridades el desarrollo de políticas que permitan a millones de personas ejercer su derecho a la movilidad y a los servicios públicos, sin verse privados de las condiciones de equidad que sí disfrutan en su país de origen. La nota subraya que la Tarjeta Iberoamericana de Discapacidad pretende ser un referente para iniciativas similares y contribuir al fortalecimiento de los derechos de las personas con discapacidad en itinerarios temporales por el espacio iberoamericano.

El Ministerio de Exteriores considera que la próxima Cumbre de Madrid podría marcar un antes y un después en la cooperación regional para las personas con discapacidad, si los países miembros logran aprobar y coordinar la implementación de la tarjeta, prevista como un mecanismo eficaz para la inclusión. El contexto actual de preparación y negociación entre países pone de manifiesto la importancia de la coordinación institucional y la voluntad política de los gobiernos para cumplir con los compromisos adquiridos en materia de derechos y accesibilidad en la región iberoamericana.