El juez federal Waverly Crenshaw señaló que existe “una probabilidad realista” de que Kilmar Ábrego García haya sido objeto de acciones judiciales punitivas tras su repatriación a Estados Unidos. Según informó la agencia EFE, la defensa del ciudadano salvadoreño, quien enfrenta un proceso por supuesto tráfico de personas en Tennessee, presentó este jueves una solicitud para que se desestimen los cargos criminales. Los abogados argumentan que el Departamento de Justicia actuó en represalia después de que el gobierno estadounidense devolviera a Ábrego García al país tras haberlo deportado erroneamente, de acuerdo con lo reportado por diversos medios y difundido por EFE.
Los hechos fueron discutidos en una audiencia llevada a cabo en un tribunal federal en Nashville, donde la Fiscalía tuvo que justificar la acusación, sustentada en una parada de tráfico ocurrida en 2022. De acuerdo con lo consignado por EFE, el juez Crenshaw todavía no otorga visto bueno para que inicie el juicio, debido a los indicios aportados por la defensa sobre posibles motivaciones vengativas tras la repatriación, y decidió convocar una nueva audiencia para marzo donde se continuará examinando la hipótesis de un proceso vengativo.
El caso de Ábrego García se complejizó después de declaraciones públicas del fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, recogidas por Fox News y citadas por EFE. Blanche afirmó que la investigación penal contra el salvadoreño inició tras un fallo de un tribunal federal en Maryland, el cual determinó que el gobierno estadounidense “no tenía derecho a deportar” a Ábrego García. Según publicó EFE, el testimonio de Blanche coincide con la tesis esgrimida por la defensa, que consideró que la reapertura del proceso responde a una actitud punitiva del Departamento de Justicia luego de que la deportación fuera revocada.
La explicación oficial ante el juzgado fue ofrecida por Rob McGuire, fiscal adjunto de Estados Unidos para el Distrito Medio de Tennessee, quien presentó la acusación inicial. Durante la audiencia, McGuire declaró: “Estaba preparado para lo que fuera a pasar, porque tenía plena confianza en que el acusado había cometido un delito, que podía probarlo, y era así de simple”, según la información proporcionada por Fox News y reproducida por EFE. El fiscal sostuvo ante la corte que decidió formular cargos contra Ábrego García con base en las pruebas recopiladas y no por presiones superiores. Sin embargo, la defensa cuestionó la legitimidad del proceso y la secuencia temporal del mismo, poniendo el foco en el hecho de que los cargos se presentaron dos años después de la mencionada parada de tráfico.
De acuerdo con EFE, la defensa insistió en que la Fiscalía emprendió un proceso judicial como represalia y cuestionó el lapso “inusual” entre el hecho original y la presentación formal de los cargos. Los abogados recordaron que Ábrego García fue trasladado a El Salvador en marzo del año pasado, a pesar de que gozaba de un estatus migratorio que, en teoría, impedía su deportación. El episodio se enmarcó dentro de las denuncias de organizaciones a favor de los migrantes sobre prácticas de la Administración republicana en relación con deportaciones y políticas migratorias. Según reportó EFE, estos colectivos sostienen que el caso de Ábrego García ejemplifica situaciones de vulnerabilidad y riesgos para personas migrantes sometidas a procesos irregulares o motivados políticamente.
Luego del retorno de Ábrego García a los Estados Unidos, el Ejecutivo estadounidense habría llevado a cabo una campaña pública en la que se intentó asociar al salvadoreño con la pandilla MS-13, pese a que en ese momento no contaba con acusaciones por delitos cometidos en el país, de acuerdo con declaraciones recogidas por EFE. El juez Crenshaw decidió programar la próxima audiencia para marzo, en la que se continuará evaluando la procedencia de mantener el caso abierto bajo el supuesto de motivaciones vengativas en la acusación.
El proceso se mantiene a la espera de nuevas deliberaciones judiciales, luego de que la defensa solicitara formalmente la anulación de los procedimientos penales vigentes y puso en entredicho la legitimidad del accionar fiscal en medio de las particularidades que rodean el caso, según detalló EFE.
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