Condenado a 24 años de cárcel un ex primer ministro por su supuesto papel en el reclutamiento de terroristas

Después de cumplir sus sentencias, varios de los condenados estarán sometidos a medidas de vigilancia administrativa durante cinco años más, según lo informado por la agencia estatal tunecina de noticias TAP. Estas disposiciones afectan tanto a ex altos funcionarios del Estado como a personas vinculadas a organizaciones consideradas terroristas, tras haber sido hallados responsables de facilitar la salida de combatientes tunecinos a escenarios extranjeros.

De acuerdo con TAP, la decisión de la justicia de Túnez incluye condenas de hasta 24 años de prisión impuestas tras un proceso judicial en el que se revisó y redujo parte de las sentencias originales. El ex primer ministro Alí Laarayed fue sentenciado a 24 años de cárcel por su participación en una supuesta red dedicada al envío de yihadistas fuera del país. La reducción de su pena, en comparación con los 34 años inicialmente impuestos en mayo de 2025, se produjo tras el recurso de apelación interpuesto por la defensa. Además, el tribunal emitió una condena de 22 años de prisión contra un exresponsable de la Brigada de Protección Aérea y otra de tres años para el ex portavoz de la organización Ansar al Sharia, Seifedín Rais.

Según detalló la agencia TAP, en total son varias las personas condenadas bajo cargos semejantes, incluidas tres más cuyos nombres no fueron difundidos. Todas las sentencias dictadas por el tribunal fueron inferiores a las que se habían anunciado previamente, pues en la primera instancia algunos imputados recibieron penas que llegaban hasta los 36 años de privación de la libertad.

Alí Laarayed, figura central del partido Ennahda, ya había ocupado el cargo de ministro del Interior antes de llegar al cargo de primer ministro. Su formación política, Ennahda, dominaba el gobierno y presidía el Parlamento durante el periodo previo al autogolpe del presidente Kais Saied en 2021. Según informó TAP, Saied disolvió entonces los principales órganos del Estado y asumió directamente el control de las instituciones, argumentando la necesidad de responder a una crisis política y social.

El proceso judicial desarrollado contra Laarayed y el resto de implicados abordó acusaciones relacionadas con el reclutamiento y facilitación de viajes de ciudadanos tunecinos hacia zonas de conflicto en el extranjero. Organismos internacionales y autoridades locales habían destacado previamente el aumento del número de tunecinos que viajaron a países como Siria e Irak durante los años del conflicto regional.

Además de estas medidas, TAP reportó que otro caso relevante concluyó con una condena en rebeldía para Nabil Karui, empresario de los medios de comunicación, y su hermano Ghazi Karui. Ambos recibieron sentencias de doce años de prisión por cargos de corrupción. Nabil Karui, propietario de Nessma TV y candidato presidencial en 2019, había alcanzado el segundo lugar en esos comicios detrás del actual mandatario. Su detención, poco antes de la segunda vuelta electoral, provocó acusaciones públicas de sus simpatizantes alegando un intento de eliminarlo de la carrera política debido a sus críticas contra el gobierno vigente, según recogió la emisora Mosaique FM.

El caso contra los Karui está vinculado a acusaciones de lavado de dinero y evasión tributaria. Ambos permanecen en libertad fuera de Túnez al haber sido condenados en ausencia por el tribunal competente.

Distintas organizaciones políticas y sociales han seguido de cerca los procesos judiciales dirigidos contra figuras relevantes del gobierno anterior y líderes mediáticos. Tanto la agencia TAP como otras fuentes mencionadas en el reporte han resaltado la complejidad de estos casos, donde convergen factores ligados al surgimiento de extremismo, el funcionamiento de redes transnacionales y las tensiones políticas que enfrenta actualmente Túnez.

El contexto de estos juicios se enmarca en una etapa de profundos cambios institucionales tras las decisiones políticas adoptadas en 2021. Desde la consolidación del poder por parte del presidente Saied, numerosos exfuncionarios y responsables de organismos públicos fueron objeto de investigaciones judiciales y procedimientos administrativos, en ocasiones relacionados con acusaciones de corrupción, abuso de poder y connivencia con actividades ilícitas.

El seguimiento judicial a exmandatarios y dirigentes, incluido Alí Laarayed y otros implicados en operaciones de reclutamiento de combatientes, ha generado intensos debates en la sociedad tunecina respecto al papel de las élites políticas y la respuesta del aparato judicial ante la crisis de seguridad y gobernabilidad que afronta el país.

Según expuso TAP, la imposición de sentencias menores en comparación con la decisión inicial se produce tras revisar las pruebas y argumentos presentados por las defensas, lo que derivó en penas reducidas tanto para antiguos responsables de seguridad como para exvoceros de organizaciones vinculadas al yihadismo. La vigilancia administrativa obligatoria una vez cumplida la condena busca dificultar la reincidencia y limitar movimientos de los excarcelados.

En cuanto al caso de Nabil Karui, TAP junto con Mosaique FM informaron que la decisión judicial conlleva el riesgo de impedir su regreso al país, mientras su situación sigue suscitando cuestionamientos sobre la aplicación de la justicia y el margen de maniobra de figuras relacionadas con los medios de comunicación y la política tunecina. El juicio y la condena del empresario se suman a otros procedimientos abiertos en el contexto de una ofensiva más amplia del gobierno contra la corrupción y el abuso de poder.

El escenario actual, moldeado por los procesos legales dirigidos tanto a exfuncionarios como a empresarios, refleja tensiones presentes en el sistema político tunecino y el desafío de las autoridades en el abordaje de amenazas vinculadas al extremismo y la criminalidad financiera, según resume la información publicada por la agencia estatal TAP y otros medios del país.