Un 69% de españoles considera la prostitución violencia contra la mujer, pero el 70% rechaza castigar a los puteros

El convencimiento de que muchas mujeres recurren a la prostitución por necesidad económica constituye uno de los ejes de la percepción social sobre esta realidad en España. Según consignó el medio El País, casi siete de cada diez participantes en una encuesta elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) manifiestan esta creencia, al tiempo que el estudio destaca la relevancia que la sociedad española atribuye a la dimensión de explotación y de riesgo para la dignidad de quienes ejercen la prostitución.

El informe, impulsado por el Ministerio de Igualdad a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG), recoge los resultados de un sondeo en el que participaron 10.019 personas. De acuerdo con El País, cerca del 69% de los encuestados considera que la prostitución constituye una forma de violencia contra las mujeres, una percepción que se acentúa entre las mujeres consultadas y alcanza el 75,1%. El estudio fue presentado por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la sede del Ministerio, acompañada por la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza.

Según publicó El País, entre las ideas más asentadas en la opinión pública figura también el convencimiento de que la prostitución expone a las personas que la ejercen a un alto riesgo para su dignidad. Así lo piensan el 79,1% de los entrevistados, mientras que más del 75% coincide en que la mayoría de las mujeres prostituidas son víctimas de explotación sexual. A partir de estos resultados, la encuesta revela una amplia distancia respecto a la consideración de la prostitución como una actividad laboral como cualquier otra: más de tres cuartas partes de los participantes descartan esta idea. Además, un 79,8% rechaza la postura que presenta la prostitución como ejercicio de la libertad sexual.

En cuanto al pago directo por relaciones sexuales y el consumo de pornografía, el 82% de la muestra señala que estos comportamientos están principalmente asociados a los hombres. Esta percepción se equilibra con la visión mayoritaria de que la prostitución se vincula con las mujeres. El País reportó que el rechazo social a la figura del "puter" también se refleja en el ámbito familiar: un 63% de los consultados desaprueba que un hombre de su entorno recurra a los servicios de la prostitución, porcentaje que asciende al 71,1% entre las mujeres. En otro indicador, el 91,2% de las mujeres entrevistadas dice no estar dispuesta a tener una relación de pareja con una persona que pague por relaciones sexuales.

El análisis de las causas de la prostitución subraya la presión de la necesidad económica. Siete de cada diez entrevistados lo consideran el principal motivo, y un 41,5% cree que las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen obligadas. Las preguntas sobre la pornografía revelan una percepción muy crítica: el 71,6% de la población opina que fomenta la violencia contra las mujeres. En paralelo, un 93,3% respalda la necesidad de limitar el acceso de los menores a contenidos pornográficos. Sobre este punto, la mayoría consideran que la responsabilidad debe recaer en la familia y, de forma secundaria, en el propio Gobierno.

El informe presentado por el Ministerio de Igualdad coincide con El País en detallar que el consumo de pornografía y la adquisición de contenido sexual en internet, en plataformas como OnlyFans o JustForFans, son conocidos por seis de cada diez españoles, con mayor reconocimiento entre hombres y en el grupo de edad entre 16 y 34 años. El motivo económico es citado por la mayoría como el motor para que se produzca este tipo de contenido. Al abordar los riesgos asociados a la oferta de material íntimo o sexual en estas plataformas digitales, la encuesta señala que los principales peligros percibidos son el chantaje, la extorsión, la difusión no autorizada y el acoso. En este sentido, el 95% de los españoles considera que las plataformas digitales deben tener la obligación de eliminar cualquier contenido sexual no consentido.

Respecto a las políticas para erradicar la prostitución, la mitad de la muestra consultada por el CIS subraya la importancia de reforzar la educación en igualdad, sexualidad y derechos humanos desde la infancia. Los entrevistados también valoran la necesidad de impulsar programas sociales y económicos específicos para apoyar a las mujeres a abandonar la prostitución. Tres de cada diez consideran que penalizar a quienes pagan por servicios sexuales o se lucran con la prostitución ajena, excluyendo a las mujeres prostituidas, podría representar una alternativa eficaz.

Entre quienes sí respaldan algún tipo de sanción contra quienes pagan por prostitución o se benefician económicamente de ella, casi la mitad apuesta por multas educativas y económicas, mientras que el 82,4% recomienda la prisión como pena para aquellos que se lucran de la actividad sexual ajena. El 85,6% considera que aplicar castigos a estos últimos contribuiría a reducir la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, según detalló El País a partir del informe facilitado por el Ministerio de Igualdad.

Con este estudio, el CIS y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ofrecen un retrato de la opinión pública respecto a la prostitución, mostrando un enfoque social que da prioridad a las soluciones educativas y al apoyo social por encima del castigo directo a los clientes, a la vez que resalta la preocupación generalizada sobre los peligros y consecuencias relacionados con este fenómeno en la sociedad española.