PP, Vox y Junts tumban los decretos del escudo social y del tope de precios en situaciones de emergencia

La derogación de la moratoria antidesahucios ha tenido impacto inmediato sobre los colectivos vulnerables, según lo publicado por el medio. Esta medida, que formaba parte del llamado 'escudo social', había funcionado como protección frente al desalojo de familias en situación de precariedad y al corte de suministros básicos como agua y electricidad. Desde su entrada en vigor, la norma buscó frenar el aumento de desigualdades durante periodos de crisis. Sin embargo, el rechazo parlamentario suprime la prórroga de estas garantías, lo que supone un giro en la protección social aprobada por el Consejo de Ministros.

De acuerdo con la información difundida por el medio, el Pleno del Congreso rechazó este jueves dos decretos ley presentados por el Ejecutivo a través de una suma de votos del Partido Popular (PP), Vox y Junts. La medida deja sin efecto no solo la prórroga de la moratoria de desahucios y la prohibición del corte de suministros a personas vulnerables, sino también las disposiciones para limitar el coste de productos y servicios básicos en escenarios de emergencia. Estas normas, como ocurre con cualquier decreto ley, requerían convalidación parlamentaria en un plazo de treinta días pese a regir ya desde su aprobación gubernamental.

Según detalló el medio, los votos de los grupos PP, Vox y Junts, que sumaron un total de 177, permitieron la derogación simultánea de ambos decretos. Más allá de las medidas directas orientadas a frenar los desahucios y asegurar el acceso a servicios esenciales, el texto del decreto del escudo social incluía otros aspectos. Entre las disposiciones derogadas figuraban la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, la ampliación de los descuentos en el bono social eléctrico y la exención fiscal sobre ayudas recibidas por personas damnificadas en los incendios del verano pasado y por la depresión aislada en niveles altos (DANA). Todas estas acciones formaban parte de un paquete destinado originalmente a mitigar los efectos económicos y sociales de emergencias.

Por otra parte, el decreto presentado por el Ministerio de Consumo trataba de dotar al Ejecutivo de herramientas legales para responder a situaciones de emergencia como temporales o catástrofes. Consignó el medio que este decreto permitía al Gobierno intervenir en la fijación de precios para bienes y servicios fundamentales, de modo que ninguna empresa pudiese venderlos por encima del precio máximo registrado en los treinta días anteriores al inicio de la emergencia. Esta medida respondía a episodios documentados, como los temporales en Andalucía, donde se produjo un aumento significativo en precios de ciertos bienes, lo que había motivado la propuesta de este control.

El medio informó también que, pese al rechazo de estas dos normas, el Congreso sí convalidó otros dos decretos planteados por el Ejecutivo. El primero contempla la revalorización de las pensiones para el ejercicio de 2026, una decisión que afecta directamente al ingreso de las personas jubiladas en toda España. El segundo decreto aprobado establece ayudas económicas específicas para quienes resultaron afectados en los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y en Gelida (Barcelona), lo que permitirá canalizar apoyos directos para las víctimas y sus familias.

La conjunción de votos entre los partidos PP, Vox y Junts resultó decisiva para derogar dos de las medidas consideradas emblemáticas de la acción social y de control del Ejecutivo. Tal como consignó el medio, esta decisión parlamentaria deja fuera de vigor las protecciones extraordinarias que regían para personas vulnerables frente a desalojos y cortes de suministros y elimina la posibilidad de que el Gobierno limite precios de servicios o productos durante estados de emergencia.

Las consecuencias de la derogación afectan tanto a los individuos que dependían del escudo social para mantener su acceso a suministros básicos, como a las comunidades autónomas que, según el decreto, recibirían actualizaciones en sus entregas a cuenta. Además, los descuentos en la factura eléctrica, promovidos con el bono social, quedan también sin el refuerzo planteado. El medio apuntó también a la retirada de exenciones fiscales para quienes habían recibido ayudas a raíz de catástrofes recientes.

Respecto al control de precios, el texto rechazado por los diputados buscaba evitar situaciones de abuso en contextos de crisis, donde el acceso a bienes de primera necesidad puede verse comprometido por subidas imprevistas. Según publicó el medio, la experiencia de subidas en productos tras los temporales había dado pie a la propuesta de la medida ahora derogada.

La decisión del Congreso refleja una fractura en las prioridades legislativas, ya que mientras dos decretos de perfil social y regulador no lograron respaldo parlamentario, sí se aprobó la subida de pensiones y el apoyo a víctimas de desastres ferroviarios. De acuerdo con lo señalado por el medio, el procedimiento parlamentario establece que los decretos ley, aunque se apliquen desde su aprobación en Consejo de Ministros, precisan convalidación para consolidarse como leyes. La falta de apoyo suficiente conduce a su derogación inmediata y deja fuera de vigencia todas las disposiciones relacionadas.

Voces en el ámbito político y social han seguido con atención el desenlace de la votación de estos decretos por la relevancia de las protecciones y medidas afectadas. El medio recordó que la derogación anula de manera automática no solo las medidas anunciadas, sino también todas las que estaban incluidas en los textos remitidos desde el Ejecutivo, lo que genera un cambio en el escenario normativo vigente respecto a la protección social y la actuación en emergencias.