Pepe Álvarez señala que Juan Carlos I no tiene ninguna cuestión jurídica abierta en España y puede vivir "donde quiera"

Durante su intervención en el V Foro Económico Español de Castilla-La Mancha, en Toledo, Pepe Álvarez expresó que cualquier debate sobre el regreso del rey emérito Juan Carlos I no debe conducir a una reapertura de heridas pasadas, especialmente tras la reciente publicación de documentos históricos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. El secretario general de UGT remarcó que desconoce que haya habido algún proceso judicial contra el exjefe de Estado en relación al 23F y subrayó la importancia de mantener la convivencia sin ahondar en divisiones históricas. La noticia principal, de acuerdo con lo reportado por diversos medios, es la declaración de Álvarez sobre la situación legal de Juan Carlos I en España y su libertad para residir donde desee.

Según informó el medio, Pepe Álvarez aseguró que el rey emérito "no tiene ninguna cuestión jurídica abierta en España y puede vivir donde quiera". Álvarez insistió en que Juan Carlos I acude al país libremente: “viene a España cuando quiere venir”. Estas afirmaciones surgieron como respuesta a la petición reciente por parte de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, quien solicitó el retorno definitivo de Juan Carlos I a territorio español tras la desclasificación de los papeles del 23F.

El dirigente sindical apuntó que en su propia percepción nunca habría habido intención de procesar a Juan Carlos I por los sucesos del 23 de febrero de 1981. “Puede ser que alguien sí, pero yo no”, sostuvo Álvarez, según reportó el medio. Subrayó también que la Unión General de Trabajadores, organización que dirige, nunca ha emitido ninguna valoración sobre una posible implicación del monarca emérito en el golpe de Estado.

Álvarez enfatizó ante los presentes en Toledo que, hasta donde conoce, la marcha de Juan Carlos I de España se debió a una decisión personal y que no existía ningún impedimento legal para su residencia o para visitar el país. "Que yo sepa, el rey se ha ido porque ha querido irse y viene a España cuando quiere venir", remarcó. Esta alusión coincide con la realidad actual, pues, según datos consignados por el medio, Juan Carlos I ha regresado al país en diferentes ocasiones desde su salida.

El secretario general de UGT destacó que hay aspectos de la vida del rey emérito que son de dominio público, pero reitera que no pende sobre él ninguna causa judicial. Al respecto, expresó una opinión sobre el derecho a la residencia: "Me parece fantástico que la gente viva donde quiera, y si puede, muera donde quiera también. Es una cuestión que yo ya me gustaría poder elegir yo también", afirmó Álvarez, conforme publica la prensa.

Al referirse al contexto generado por la divulgación de los documentos oficiales del 23F, Álvarez consideró que el asunto no debe cobrar mayor repercusión ni convertirse en un motivo para reavivar brechas sociales o políticas ya cerradas. Señaló que “no hay que darle más trascendencia porque se hayan descalificado los papeles del 23F” y expuso que “sería bueno que esto no se convierta efectivamente en una cuestión que vuelva a abrir brechas que no existen”.

El tema del retorno de Juan Carlos I se reactivó tras la relevancia mediática de los documentos desclasificados acerca del golpe de Estado de 1981, episodio central de la historia reciente de España. Frente a este contexto, el líder sindical incide en la ausencia de causas abiertas y en la conveniencia de evitar debates que puedan polarizar de nuevo a la sociedad española.

De acuerdo con lo publicado por la prensa, las declaraciones de Pepe Álvarez buscan aportar al debate público actual, tras la intervención de figuras políticas como Alberto Núñez Feijóo. El cruce de opiniones representa una nueva fase de discusión en torno al papel histórico y situación actual de la figura de Juan Carlos I. Los comentarios de Álvarez también recalcan la normalidad jurídica del estatus del rey emérito y hacen hincapié en la libertad de residencia, defendida desde la perspectiva sindical y personal.

El líder de UGT concluyó su intervención en el foro insistiendo en que la organización nunca relacionó al antiguo jefe de Estado con los hechos del 23 de febrero, y que no existe ningún tipo de obstáculo legal para su presencia en España. En última instancia, la cuestión de la residencia de Juan Carlos I queda, según su visión, desligada de procedimientos judiciales o de polémicas históricas reabiertas tras la divulgación de documentos oficiales, como consigna el medio.