El Parlamento de Kenia recibió un informe de Inteligencia en febrero, presentado por el líder de la mayoría Kimani Ichung'wah, en el que varias víctimas relataron haber escapado de la zona de guerra en Ucrania con la ayuda de la Embajada de Kenia en Moscú. Muchas de estas personas, según el documento citado por el Parlamento, regresaron a Kenia con lesiones graves o tras lograr abandonar el conflicto, habiendo sido forzadas a firmar contratos y trasladadas a campamentos militares en Rusia, donde recibieron tres semanas de entrenamiento antes de ser enviadas al frente. El texto resaltó que los afectados entregaron información a las autoridades kenianas para facilitar futuras operaciones contra la red criminal.
Las autoridades de Kenia anunciaron la detención de un individuo, Festus Arasa Omwamba, de 33 años, identificado como sospechoso de liderar una red internacional dedicada al tráfico de personas con fines de reclutamiento militar en el Ejército de Rusia. Según informó el medio que cita un comunicado de la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI) de la Policía de Kenia, la aprehensión de Omwamba se produjo en la localidad de Moyale, cerca de la frontera norte, tras una investigación que lo vinculaba con la explotación de jóvenes atraídos bajo falsas promesas de empleo en Europa.
De acuerdo con la DCI, Omwamba se encontraba bajo vigilancia policial por su papel dentro de una estructura criminal que captaba a ciudadanos kenianos, sobre todo jóvenes calificados y semicualificados, valiéndose de la empresa Global Face Human Resources Limited, con sede en Nairobi, como plataforma de operaciones. El medio detalló que esta empresa utilizaba el programa “Iniciativa Kazi Majuu” para presentarse ante sus víctimas como una agencia de reclutamiento respaldada por el Gobierno y orientada a facilitar trabajos legítimos en el extranjero, aunque en la práctica sus actividades derivaron en el envío ilegal de personas para incorporarse a las filas militares rusas.
Según consignó el medio original, los reclutados salían de Kenia con visados de turista y, tras una ruta que comprendía el paso por Estambul y Abu Dabi, llegaban a Moscú, donde eran recibidos por otra agencia de empleo con sede en esta última ciudad, cuyo nombre no fue divulgado en el informe parlamentario. El reporte sostiene que los afectados, una vez en Moscú, eran trasladados sin mediar información suficiente hasta campamentos militares, sometidos a una fase de entrenamiento de tres semanas y finalmente enviados al frente en Ucrania, en el contexto de la invasión iniciada en febrero de 2022.
El comunicado de la DCI, recogido por el mismo medio, subrayó que Festus Arasa Omwamba “es considerado un actor clave en una red de trata de personas más amplia que explota a personas vulnerables, prometiéndoles oportunidades de empleo legítimas en países europeos”. Sin embargo, una vez fuera del país, las víctimas quedaban atrapadas en un entorno de trabajos considerados ilegales y peligrosos, sufriendo la pérdida de su dignidad y seguridad personal. Además, la DCI manifestó el compromiso de las fuerzas policiales para “actuar de forma implacable contra los traficantes de personas y desmantelar las redes criminales que se aprovechan de personas vulnerables bajo la apariencia de darles oportunidades legítimas”.
La investigación recogida por el Parlamento keniano documentó testimonios de ciudadanos repatriados que denunciaron presiones por parte de las agencias implicadas para firmar contratos que facilitaban su inserción en las dinámicas militares rusas. Algunos de estos afectados, además, habrían proporcionado información relevante que posibilitó el avance de la investigación policial y la ejecución de la operación contra Omwamba y su presunta red.
Las autoridades kenianas destacaron que continúan las pesquisas para identificar a posibles colaboradores y ampliar las acciones dirigidas al desmantelamiento de organizaciones migratorias clandestinas. Hasta el momento de la publicación, el gobierno de Rusia no se pronunció respecto a las detenciones ni sobre el fondo de las denuncias recogidas por el Parlamento y la policía de Kenia.
Por su parte, el medio original subrayó que el operativo policial y la información provista por las víctimas se enfocan en abordar tanto la protección de quienes han resultado afectados como la prevención de nuevos casos de tráfico de personas con fines de reclutamiento militar, en el marco de la guerra en Ucrania iniciada hace más de dos años.
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