La Defensoría del Pueblo de Colombia alerta de riesgos electorales ante las amenazas de los grupos armados

Durante la más reciente presentación del Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana Electoral (ATE), la Defensoría del Pueblo de Colombia reportó que 457 casos de amenazas de muerte relacionadas con el contexto electoral afectan a líderes sociales, defensores de derechos humanos y actores políticos en diversos departamentos, especialmente en Santander, Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena. Estas acciones, caracterizadas por la presencia de grupos armados ilegales que imponen restricciones y determinan el comportamiento electoral de las comunidades, elevan el riesgo de consolidar una democracia meramente formal en varias regiones, según detalló el medio Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, sostuvo que el peligro que enfrenta el proceso electoral en Colombia no radica en la cancelación de las votaciones, sino en que en algunos territorios la democracia corre el riesgo de transformarse en un mero trámite formal, debido al silencio impuesto a las comunidades bajo la influencia de grupos armados. Esta situación se agrava por el afianzamiento de estructuras criminales que asumen roles estatales, regulando campañas y vetando candidaturas.

Entre los principales grupos generadores de estas amenazas, la Defensoría del Pueblo identificó al autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como a disidencias de las extintas FARC, el Nuevo Estado Mayor Central (Nuevo EMC) y la Segunda Marquetalia. Según consignó Europa Press, estos grupos suplantan funciones estatales en diferentes regiones, influyendo en el proceso electoral y afectando la seguridad de los involucrados.

La jornada electoral prevista para el año 2026 en Colombia incluirá la convocatoria a las urnas el 8 de marzo, cuando se elegirá a los integrantes de Senado y Cámara de Representantes, además de las consultas internas para definir a los candidatos presidenciales que avanzarán a la primera vuelta el 31 de mayo. La Defensoría del Pueblo advirtió que el cumplimiento institucional de las medidas para mitigar riesgos permanece incompleto y resulta especialmente preocupante en zonas como la macrorregión Caribe (Bolívar, Sucre, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, Archipiélago de San Andrés y Providencia), el Noroccidente (Antioquia, Córdoba, Chocó) y el Suroccidente (Valle del Cauca, Cauca, Nariño).

El medio Europa Press detalló que en estas macrorregiones las amenazas no solo se reflejan en actos de intimidación y riesgo físico, sino también en restricciones a la movilidad y en la imposición de normas de conducta ajenas a la ley electoral, lo cual limita la libertad de los votantes y condiciona la participación democrática de la población civil. Los grupos armados imponen reglas muy precisas en materia electoral, lo que altera la autonomía del electorado y las condiciones mínimas para una contienda justa.

En el caso de los candidatos, la Defensoría del Pueblo enfatizó en el "riesgo estructural" que enfrentan, expresado en homicidios selectivos, amenazas sistemáticas, estigmatización, restricciones para adelantar campañas y prohibiciones de ingreso a zonas bajo control de grupos armados no estatales. Europa Press indicó que las presiones y los peligros para los aspirantes generan un ambiente adverso para el desarrollo de la competencia política, afectando la calidad e integridad del proceso electoral.

El informe subraya también los riesgos específicos que recaen sobre las mujeres en la política, quienes ven disminuidas su autonomía y liderazgo debido a la intimidación y violencia de género ejercida por actores armados, en particular en regiones como el Catatumbo. La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, señaló que las dificultades adicionales que enfrentan las mujeres afectan su capacidad de tener una participación efectiva y de alcanzar curules en el Congreso.

Los firmantes de paz igualmente resultan afectados, siendo objeto de amenazas y desplazamiento forzado en lugares como Caño Indio, zona rural del Norte de Santander. Estos hechos ponen en peligro el derecho al sufragio y agravan la vulnerabilidad de quienes se comprometieron con el proceso de paz, según describió Europa Press en su cobertura de la alerta.

Los líderes sociales y defensores de derechos humanos constituyen otro grupo especialmente expuesto a homicidios, atentados e intimidaciones en el contexto preelectoral. Según la Defensoría del Pueblo, la combinación de amenazas personales y la persistencia de estructuras armadas genera un escenario de riesgo que desalienta la defensa de derechos y la participación cívica.

La respuesta institucional hasta la fecha solo ha alcanzado un cumplimiento parcial, según evaluó la Defensoría del Pueblo. Ante esta situación, la entidad instó al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Pública a orientar su estrategia integral de seguridad hacia una presencia efectiva en las zonas de mayor riesgo y a priorizar la protección de candidatos y comunidades vulnerables. Adicionalmente, ha solicitado a la Fiscalía fortalecer las investigaciones, simplificar los mecanismos de denuncia y judicializar a los responsables de amenazas, violencia o intentos de manipulación del proceso electoral.

Por último, la Defensora del Pueblo llamó a la Procuraduría General de la Nación a que, a través de su Comisión Especial Temporal de Seguimiento, se garantice el cumplimiento de las recomendaciones emitidas y se apliquen medidas disciplinarias contra los funcionarios que incumplan las funciones de prevención y protección ante los riesgos detectados, según publicó Europa Press.