La ausencia de un mecanismo definido para la devolución de los aranceles derogadas se ha convertido en el eje central de la demanda presentada por FedEx contra el Gobierno de Estados Unidos. Según consignó Europa Press, la multinacional estadounidense sostiene que, pese a la reciente decisión del Tribunal Supremo de rechazar los gravámenes impuestos por la administración de Donald Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), las autoridades no han creado un procedimiento claro para la restitución de los pagos ya efectuados bajo ese marco normativo. La acción judicial intenta asegurar "el reembolso completo de todos los aranceles IEEPA que han pagado a Estados Unidos", según consta en la documentación aportada por la empresa ante el Tribunal de Comercio Internacional.
Tal como publicó Europa Press, FedEx fundamenta su alegato en la resolución del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que el pasado viernes determinó que la IEEPA no confiere facultad al Presidente para imponer aranceles. La sentencia indica además que las querellas relativas a los aranceles IEEPA recaen bajo la jurisdicción exclusiva del Tribunal de Comercio Internacional, motivo por el cual la compañía dirigió su demanda ante esta instancia judicial. FedEx formalizó su exigencia mediante un documento judicial que solicita a los demandados —el Gobierno federal y las dependencias implicadas— el reembolso total de los gravámenes abonados.
Europa Press detalló que, aunque el Tribunal Supremo dejó sin efecto estos aranceles, no resolvió expresamente el asunto del reembolso. Ante esta indefinición, la empresa señala que ha tomado acciones preventivas para resguardar su derecho como importador registrado, con el propósito de reclamar la devolución correspondiente ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).
El medio europeo resaltó que, hasta el momento, ninguna autoridad regulatoria ni instancia judicial ha delineado un método específico para realizar las devoluciones. Este vacío normativo ha creado incertidumbre entre los actores afectados por los gravámenes IEEPA que pagaron bajo las órdenes de la administración presidencial anterior. FedEx enfatiza que permanece a la espera de que se establezca un proceso formal que permita solicitar y tramitar los reembolsos, ya que la inacción dificulta la recuperación de los recursos.
La demanda de FedEx cobra relevancia en un contexto donde muchas empresas estadounidenses han soportado cargas financieras como resultado de políticas comerciales implementadas mediante declaraciones de emergencia. El Tribunal Supremo, al invalidar la potestad presidencial de fijar aranceles bajo la IEEPA, puso de manifiesto la necesidad de establecer límites claros a la autoridad ejecutiva en la materia, tema que ha causado debate en distintos sectores económicos según reportó Europa Press.
En su presentación judicial, FedEx reiteró que cumple con los requisitos para ser considerado importador registrado, lo que le otorga legitimidad para reclamar la devolución de los aranceles. También exigió que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza adopte directrices claras respecto a los procedimientos y plazos para la devolución.
Europa Press explicó que la ausencia de precedentes relativos a la devolución de aranceles pagados bajo marcos derogadas, como la IEEPA en este caso, ha dado lugar a múltiples interpretaciones respecto a la atribución de competencias entre las agencias federales y los tribunales especializados. El documento presentado por FedEx ante el Tribunal de Comercio Internacional subraya que la empresa solo busca una restitución ajustada al marco legal y a la reciente decisión de la Corte Suprema.
El caso de FedEx, según consignó Europa Press, podría sentar precedentes para otras multinacionales y compañías afectadas por la decisión judicial. El alcance y las implicancias de la futura definición sobre los mecanismos de reembolso quedan sujetos a la evolución del proceso legal impulsado por la empresa, mientras los importadores esperan recibir claridad sobre sus derechos y obligaciones tras el fallo del Tribunal Supremo.
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