El Gobierno reforma el Reglamento de Espectáculos Taurinos para blindar el veto al bombero-torero

El plan del Ministerio de Derechos Sociales para reintegrar laboralmente a quienes participaron en espectáculos taurinos de carácter denigrante, como personas con discapacidad y personas con enanismo, adquiere un nuevo impulso con cambios normativos y sanciones económicas. Según publicó Europa Press, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que modifica el Reglamento de Espectáculos Taurinos con el objetivo de reforzar la protección de la dignidad de estos individuos y prohíbe los eventos que atenten contra sus derechos.

La medida, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, introduce una disposición en el Reglamento de Espectáculos Taurinos para impedir la autorización de espectáculos cómico-taurinos que no respeten la dignidad humana y que ridiculicen públicamente a personas con discapacidad, especialmente a personas con enanismo. Europa Press detalló que estas restricciones refuerzan la prohibición ya establecida por la Ley General de la Discapacidad y extienden la protección, cerrando vacíos legales que algunos ayuntamientos usaban para continuar organizando eventos como el del bombero-torero.

El texto del Decreto especifica que los espectáculos cómico-taurinos deben garantizar el respeto a la dignidad humana y a los derechos de las personas, sin permitir situaciones de burla, humillación o denigración pública, especialmente cuando afectan a minorías sociales, incluida la comunidad de personas con discapacidad. En consecuencia, las autoridades gubernamentales responsables no podrán autorizar eventos que contravengan este principio, según consignó Europa Press.

Esta iniciativa se relaciona directamente con denuncias recientes, como la presentada por el propio Ministerio ante la Fiscalía General del Estado en 2024 por el espectáculo ‘Popeye Torero y vaquillas infantiles’ organizado en Teruel, el cual exponía a personas con enanismo al escarnio público, tal como informó Europa Press. El Ministerio mantiene que “nunca más se debe consentir que la discapacidad se convierta en una causa de mofa o de risión para ganar dinero con ello”, según las declaraciones realizadas por Pablo Bustinduy, titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

A la par de las modificaciones normativas, la reforma de la Ley General de Discapacidad en su fase final de tramitación parlamentaria prevé que estas prácticas sean consideradas infracciones muy graves, susceptibles de multas entre 600.000 y 1 millón de euros. La misma reforma introduce, además, mecanismos y programas para la reinserción laboral de las personas que se hayan visto obligadas a participar en tales espectáculos, ofreciendo herramientas para el acceso a un empleo fuera de estos entornos.

Uno de los programas clave, ‘Pisadas con dignidad’, lanzado en 2022 en colaboración con la Fundación ONCE, ofrece apoyo social y formación laboral para promover la incorporación de las personas afectadas a trabajos alejados de la precariedad y del escarnio público. Europa Press señaló que este programa se dirige puntualmente a quienes participaron en espectáculos donde sus cuerpos han sido objeto de burla, y busca facilitar la transición hacia empleos considerados apropiados y respetuosos de sus derechos.

En paralelo a la protección frente a estos espectáculos, el Real Decreto recién aprobado prevé la creación de la Unidad Técnica de Apoyo y Coordinación (UTAC), encargada del control y asesoramiento en materia de accesibilidad en todo el territorio. De acuerdo a Europa Press, la UTAC actuará como órgano especializado para guiar y supervisar a los gobiernos autonómicos, quienes tienen la responsabilidad última del cumplimiento de la Directiva Europea de Accesibilidad. De este modo, la UTAC proporcionará asesoría técnica, coordinará comunicaciones entre las comunidades autónomas y las instituciones de la Unión Europea, y servirá de referencia para ciudadanos y operadores económicos implicados en cuestiones de accesibilidad universal.

La aprobación del Real Decreto ha coincidido con la presentación, en el propio Consejo de Ministros, de un informe que recopila las acciones emprendidas durante los últimos dos años para desplegar el nuevo artículo 49 de la Constitución Española. Entre esas medidas destaca el desarrollo integral de la Ley ELA, un aumento de la inversión estatal para reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), y la consolidación de la financiación destinada a los cuidados de personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), según reportó Europa Press.

Europa Press añadió que otras acciones contempladas en el informe incluyen la puesta en marcha de la primera Estrategia Estatal para el nuevo modelo de cuidados, la prohibición del despido automático por incapacidad laboral permanente, la movilización de 20 millones de euros destinados a reforzar la educación inclusiva y la atención temprana, así como la aprobación del primer protocolo estatal para la atención y comunicación con personas con discapacidad en situaciones de emergencia.

El Gobierno subrayó, según señaló Europa Press, que la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad afianza los objetivos del nuevo mandato constitucional, construidos sobre la base de la inclusión, autonomía, accesibilidad universal y atención prioritaria a la vulnerabilidad específica de mujeres y niños con discapacidad. Estos cambios, en etapa final de tramitación, permitirán eliminar incompatibilidades entre distintas prestaciones, actualizar servicios ofrecidos e incrementar recursos clave para la vida autónoma, como la asistencia personal y los servicios de proximidad, conforme señaló el ministro Pablo Bustinduy.

Bustinduy manifestó su esperanza de que la reforma quede aprobada de forma definitiva antes del verano, marcando una inflexión en la gestión de la dependencia en España y consolidando un marco legal destinado a reforzar tanto la protección jurídica como las oportunidades laborales y sociales de las personas con discapacidad.