El CERMI pide a la DGT "alternativas" a la V16 para conductores con movilidad reducida o acondroplasia

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) remitió un escrito al director general de Tráfico, Pere Navarro, en el que transmitió su inquietud respecto a la exigencia de instalar balizas V16 en el lugar más alto del vehículo, tal como establece la nueva normativa. Según consignó el CERMI, esta obligación puede resultar inviable para conductores con movilidad reducida, usuarios de silla de ruedas o personas de talla baja, quienes, ante situaciones de emergencia o avería, pueden enfrentar barreras físicas insalvables al no poder colocar el dispositivo en el techo del automóvil de manera autónoma. El comité denunció que, para estos casos, la imposición de la norma podría dar lugar a sanciones administrativas relacionadas directamente con la discapacidad, afectando la igualdad y generando posibles supuestos de discriminación indirecta.

De acuerdo con lo publicado por el CERMI a través de un comunicado recogido por agencias, la entidad ha solicitado de forma expresa a la Dirección General de Tráfico que contemple alternativas en la normativa y prevea una excepción para aquellos conductores que, por motivos físicos, no cuenten con la capacidad de instalar el dispositivo luminoso en el punto exigido. El comité reclamó que se adapten las regulaciones para permitir modos diferentes de ubicación segura y visible de la baliza V16 en casos de discapacidad, y que dichas disposiciones se incorporen en las instrucciones, reglamentos o documentos técnicos asociados a la obligatoriedad del sistema.

En el escrito dirigido a la DGT, el CERMI explicó que la obligación, en vigor desde el 1 de enero, puede derivar en situaciones en que el cumplimiento de la norma no solo resulta complicado sino directamente imposible para quienes presentan ciertas limitaciones físicas severas. El texto especifica que no es únicamente una cuestión de dificultad operacional, sino de completa inviabilidad material, lo que implica que las personas afectadas quedarían expuestas a multas o sanciones por causas asociadas de forma directa a su discapacidad.

Según detalló el organismo, entre los colectivos afectados se encuentran quienes viajan solos y son usuarios habituales de silla de ruedas, así como personas con acondroplasia, quienes debido a su talla baja no pueden alcanzar el techo del vehículo sin asistencia. En estos escenarios, la imposibilidad queda determinada por circunstancias físicas, y no por una falta de voluntad o de cumplimiento con la normativa.

El CERMI sostuvo que la exigencia, tal como está redactada, puede integrar un caso de discriminación indirecta hacia las personas con discapacidad, puesto que la imposibilidad de acatar la norma deriva exclusivamente de su condición física. El comité advirtió que, de no contemplar excepciones o alternativas razonables, la normativa entra en contradicción con los principios básicos de igualdad y de no discriminación establecidos en el ordenamiento jurídico y respaldados por normativa internacional suscrita por España.

A criterio del CERMI, la adaptación normativa que proponen no compromete la finalidad principal de la regulación sobre seguridad vial, al tiempo que resulta coherente con la obligación de promover ajustes razonables para garantizar una participación en igualdad de condiciones. La entidad reclamó que toda modificación integre expresamente la previsión de soluciones alternativas y que las futuras disposiciones técnicas incorporen dichas alternativas en su desarrollo y aplicación práctica.

Según recogió el CERMI en su comunicado, la petición va dirigida a asegurar que la normativa sobre dispositivos de preseñalización, en este caso la baliza V16, se ajuste a la realidad de las personas con discapacidad y no derive en situaciones de exclusión o incidencia punitiva por circunstancias que escapan al control del afectado. Con base en lo expuesto, la organización instó a las autoridades competentes a actualizar la regulación y tomar en cuenta las necesidades de accesibilidad universal en materia de tráfico y seguridad vial.