Un ataque de hombres armados deja al menos 50 muertos y varios secuestrados en el noroeste de Nigeria

Entre las consecuencias inmediatas del asalto en Dutsin Dan Ajiya, muchos habitantes comenzaron a abandonar la localidad tras la destrucción total de los víveres almacenados. Varios testimonios recogidos por la prensa local señalaron que tras el ataque las reservas de alimentos ardieron por completo y que más de 30 o 40 mujeres y niños fueron secuestrados y trasladados al bosque. Según consignó la emisora alemana DW, el ataque incrementó el clima de miedo en esta región afectada por la violencia recurrente de grupos armados.

De acuerdo con la información difundida por el medio DW y el diario nigeriano Punch, el asalto se produjo entre la madrugada del jueves y la mañana del viernes en la localidad de Dutsin Dan Ajiya, estado de Zamfara, al noroeste de Nigeria. Decenas de hombres armados, que llegaron en motocicletas, rodearon la comunidad bloqueando todos los accesos antes de abrir fuego indiscriminadamente sobre los residentes. Esta ofensiva criminal dejó al menos 50 personas fallecidas y provocó el secuestro de numerosas mujeres y menores, según estimaciones de habitantes y de Hamisu Faru, portavoz de las autoridades locales.

El portavoz Faru declaró que el recuento inicial de víctimas fue de 41 cadáveres, pero que informes posteriores elevaban la cifra total a más de 50. En conversación con DW, Faru subrayó que el número de desaparecidos y secuestrados sigue siendo incierto, ya que tras el ataque, un número considerable de vecinos no ha podido ser localizado. Relatos de la población recogidos por Punch coinciden en que los atacantes portaban armas automáticas y actuaron sin distinción alguna, disparando a cualquiera que encontraban a su paso.

Según señalaron fuentes locales al diario Punch, el modus operandi incluyó la incomunicación total del pueblo: los asaltantes bloquearon todas las salidas para impedir la huida de los habitantes, a quienes emboscaron durante varias horas hasta pasada la noche. Además de la violencia letal, incendiaron los almacenes de alimentos y otras provisiones esenciales, privando a la comunidad de recursos básicos para sobrevivir tras la masacre.

Los testimonios recopilados por DW describen escenas de caos, con familias separadas y grupos de víctimas trasladados forzosamente por los agresores. Un residente que solicitó el anonimato indicó que tras la ofensiva se ignora el destino de varias personas, ya que muchos, en un intento de escapar, se dispersaron y hasta ahora no hay noticias claras sobre su situación.

Hamisu Faru criticó la reacción de las fuerzas de seguridad, a quienes informaron en tiempo real sobre el desarrollo de los hechos. Relató que se solicitó apoyo aéreo y que en respuesta se despachó una aeronave, desde donde los militares aseguraron haber localizado a los atacantes, pero no neutralizaron ningún objetivo. Faru precisó que el contacto con las autoridades se mantuvo hasta las 3:30, sin que la intervención impidiera la fuga de los asaltantes y el secuestro de decenas de personas.

El medio DW reportó que la violencia dejó efectos extendidos en la región después de que el mismo tipo de grupo, identificado localmente como "bandidos", perpetrara otro ataque dos días antes en el estado de Kebbi, donde 33 ganaderos fallecieron. Desde el miércoles, el recuento total de víctimas por asaltos en el noroeste de Nigeria supera las 80 personas muertas, según funcionarios y medios locales.

Grupos armados como los implicados en este atentado se dedican en el noroeste de Nigeria a actividades como el secuestro, la extorsión y el robo a gran escala, enfrentando a las fuerzas estatales y empujando al desplazamiento forzado a numerosas comunidades. Punch detalló que, tras este ataque en Zamfara, los supervivientes enfrentan ahora la escasez absoluta de alimentos y la incertidumbre sobre el destino de familiares y vecinos secuestrados.

La situación de inseguridad en Zamfara ha convertido a la zona en escenario habitual de masacres y asaltos masivos, incrementando la presión sobre las autoridades federales y estatales para responder de manera efectiva y proteger a la población. Como informó DW, los afectados demandan una mayor presencia militar y refuerzo de las medidas de prevención ante la persistencia y brutalidad de estos delitos. Las consecuencias sociales incluyen el aumento de desplazados, la pérdida de medios de vida y la desintegración de comunidades rurales atrapadas entre la violencia y la falta de protección oficial.