Más de 50.000 desplazados kurdos de Afrín se quedan en el limbo a pesar del acuerdo entre Damasco y las FDS

El presidente sirio Ahmed al Shara y los representantes kurdos sellaron recientemente un pacto de integración diseñado para incorporar a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en el sistema de seguridad nacional, acompañado de un decreto destinado a salvaguardar la identidad kurda. No obstante, más de 50.000 kurdos desplazados provenientes de Afrín permanecen en condiciones extremadamente precarias en Hasaka mientras el tránsito hacia un retorno seguro y la restitución de sus derechos sobre las propiedades se mantiene incierto. Un primer convoy de 400 familias desplazadas se encuentra a la espera de traslado a Afrín, pero la falta de garantías y la complejidad del contexto impedirán que el proceso avance con rapidez, según declararon responsables locales a la agencia kurda Rudaw.

De acuerdo con la información publicada por Rudaw, estos desplazados kurdos están repartidos en unos 150 centros y viviendas particulares en la provincia de Hasaka. La población, dispersa tras el ciclo de desplazamientos que se agudizó a partir de la ofensiva turca en 2018 y, nuevamente, tras la reciente caída del poder de Bashar al Assad y los enfrentamientos entre las nuevas autoridades y las FDS, enfrenta una situación de vulnerabilidad marcada por abusos persistentes y el despojo de sus hogares y bienes. El medio Rudaw detalló que los desplazados siguen expuestos a saqueos, confiscaciones y otras violaciones de derechos humanos, cometidas en buena medida por facciones armadas ajenas a las FDS.

La génesis de este desplazamiento masivo se remonta a la incursión turca en Afrín en 2018, dirigida contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, organización considerada afín a las FDS. Posteriormente, los acontecimientos políticos y militares de 2024, que supusieron el derrocamiento del ex presidente Assad y la reconfiguración de alianzas en el norte sirio, favorecieron el surgimiento de la figura de Ahmed al Shara, antiguo líder yihadista. El acuerdo actual concede a las fuerzas bajo su mando el control estratégico sobre vastos recursos regionales, incluidos yacimientos y centros de detención, así como la gestión de los lugares donde permanecían miles de familiares de miembros del Estado Islámico. Estos últimos están en proceso de repatriación, especialmente a Irak, según consignó Rudaw.

Mientras la nueva arquitectura política y militar se consolida, las familias kurdas desplazadas resultan especialmente afectadas por la resistencia armada de grupos como la división Suleiman Shah, también conocidos como "los Al Amshat", y la División Hamza, ambas respaldadas por Turquía. Estos grupos han rechazado unirse a la nueva estructura de defensa instaurada por el gobierno sirio tras la salida de Assad y controlan parte importante del territorio y de los recursos de Afrín. Rudaw informó que las actividades de estas facciones complican los esfuerzos para garantizar el retorno seguro de los desplazados, quienes además padecen la confiscación de tierras y viviendas.

El acuerdo político alcanzado entre el gobierno y las FDS incluye medidas legales para integrar a los kurdos en el nuevo orden y proteger su identidad colectiva, pero las reclamaciones de la población kurda van más allá. La comunidad exige el reconocimiento explícito de sus derechos en la futura Constitución nacional, aún en periodo de redacción, lo que pone de relieve la tensión entre las aspiraciones autonómicas de los kurdos y los marcos legales promovidos por el Estado central, indicó Rudaw.

Sobre el inminente regreso, Farida Ibo, representante del comité para el retorno de desplazados vinculado a la administración autónoma kurda, explicó a Rudaw que la organización del convoy ha comenzado. "La fecha aún no se ha determinado porque los procedimientos y las medidas de seguridad aún se están ultimando", declaró Ibo, aludiendo a la incertidumbre y las trabas operativas que han ralentizado la planificación.

El medio Rudaw reportó que quienes permanecen en Hasaka, así como aquellos refugiados en países vecinos como Irak, ven pocas señales claras de cambios en sus condiciones. Además de la falta de previsibilidad respecto al retorno, las familias desplazadas enfrentan la carencia de medios de sustento, acceso irregular a servicios básicos, la afectación psicológica producto de la violencia y la inestabilidad, y la constante amenaza de nuevos episodios de violencia o desplazamientos forzados.

Dentro de Afrín, la presencia de grupos armados no integrados al pacto y respaldados por Turquía ha supuesto una barrera directa tanto para el retorno como para la reivindicación de propiedades. Rudaw puntualizó que los reportes de saqueos y ocupación ilegal de casas, así como los abusos físicos y la extorsión, configuran un panorama de inseguridad para la población desplazada.

El acuerdo de integración busca sentar las bases para una administración conjunta y una mayor presencia de las fuerzas centrales en el noreste sirio, lo que incluye la gestión de recursos y la reestructuración del aparato de seguridad. Sin embargo, la experiencia de los desplazados kurdos evidencia la brecha entre el diseño institucional y la aplicación concreta de medidas que garanticen sus derechos y su protección. Según publicó Rudaw, el proceso de retorno sigue enfrentando múltiples obstáculos administrativos, legales y de seguridad. Varias familias continúan a la espera de que las tensiones entre facciones y las incertidumbres jurídicas cesen lo suficiente como para considerar viable el regreso a Afrín.