
El proceso para retirar a Andrés Mountbatten-Windsor de la línea sucesoria al trono británico enfrenta múltiples desafíos legales y diplomáticos, pues resultaría necesario tanto modificar la legislación nacional como acordar cambios con los países de la Commonwealth que reconocen la monarquía de Reino Unido. Según consignó la BBC, varias figuras parlamentarias han solicitado que el Gobierno del primer ministro Keir Starmer avance con una reforma legal que excluya al exduque, quien permanece bajo investigación ante presuntos vínculos con la entrega de datos estatales a Jeffrey Epstein y su posible participación en un esquema de explotación de personas.
Tal como publicó BBC, Ed Davey, líder de los demócratas liberales, subrayó que, ante todo, la prioridad recae en la investigación abierta sobre el papel del ex príncipe. Davey añadió que el Parlamento afrontará el debate en torno a la exclusión de Andrés, ya que la familia real querrá garantizar que este no tenga oportunidad de acceder al trono. A este reclamo parlamentario se sumaron diversos representantes de la oposición. Andrew Bowie, secretario de Estado para Escocia en la sombra, declaró que “si declaran culpable a Andrés, el Parlamento británico tendría derecho a actuar al respecto”, e insistió en la necesidad de esperar el avance de las pesquisas oficiales.
La diputada laborista Rachael Maskell recordó que Andrés ha perdido ya varios títulos, entre ellos el de duque de York, dado el impacto de las acusaciones en su contra. Maskell expresó su confianza en que una propuesta legislativa con ese fin pueda lograr la aprobación suficiente. Desde el Partido Verde, Zack Polanski manifestó su interés en una investigación exhaustiva de los hechos y sostuvo que la situación presenta desafíos reputacionales para la monarquía. “Creo que cuestiones como esta ciertamente no ayudan a la monarquía”, expresó Polanski, de acuerdo con BBC.
Para avanzar hacia la remoción de Andrés Mountbatten-Windsor —quien ocupa el octavo puesto en la actual línea de sucesión, detrás de los príncipes Guillermo, Enrique y sus descendientes— se requeriría una legislación específica, además de una coordinación con países miembros de la Commonwealth. Esta cooperación resulta indispensable dado que varios de estos territorios están sujetos a las reglas que rigen la sucesión al trono y al reconocimiento de la monarquía británica.
El medio BBC detalló que el exduque fue puesto en libertad tras permanecer más de once horas bajo custodia policial en la comisaría de Aylsham. Las actividades investigativas continúan en paralelo: el viernes, la policía realizó un registro en la Royal Lodge, antigua residencia del exduque de York, y también en una casa de campo ubicada en Norfolk, ambas pertenecientes a la familia real.
Estas diligencias forman parte de una investigación centrada en “conducta indebida en el ejercicio de cargo público”, que incluye la presunta entrega de información de carácter gubernamental a Jeffrey Epstein cuando Andrés desempeñaba funciones como enviado especial para comercio exterior. Según reportó BBC, el caso también examina una posible implicación del exduque en delitos relacionados con trata de personas.
Hasta el momento, no se han formalizado cargos, y las autoridades han insistido en la importancia de permitir que la investigación siga su curso antes de que el Parlamento tome una decisión definitiva. En el contexto de la opinión política británica, los llamados a una reforma legal y a la revisión de la línea de sucesión reflejan la preocupación por preservar la integridad institucional de la monarquía ante el escrutinio internacional que rodea el caso de Andrés Mountbatten-Windsor, conforme a la información reunida por la BBC.
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