ONG españolas denuncian un mercado negro que cobra a migrantes hasta 500 euros por padrón

Madrid, 20 feb (EFE).- Más de una veintena de ONG españolas denuncian un mercado negro que cobra a migrantes hasta 500 euros para obtener un empadronamiento y que se lucra de las trabas, contrarias a la ley, que los extranjeros enfrentan para conseguir un documento para acceder a servicios y prestaciones básicas.

La Coordinadora Estatal Padrón por Derecho, que agrupa a más de veinte organizaciones, incluidas Oxfam o Red Acoge, elaboró un informe donde expone las dificultades que las personas migrantes encuentran para ejercer un derecho, el empadronamiento, recogido por ley.

Alertan de la existencia de redes organizadas que venden inscripciones en el padrón a cambio de 500 euros a estas personas, con técnicas que van desde el boca a boca a plataformas de internet de compraventa de segunda mano y anuncios, donde camuflan sus ofertas en anuncios sobre habitaciones, con derecho a padrón.

"Las tarifas por un empadronamiento ilícito varían según la ciudad, la urgencia y lo que se ofrezca a cambio" explica este informe, que pone como ejemplos casos en Comunidad Valenciana (este), Madrid o Cataluña, al noreste del país.

Estas ONG exponen cómo carecer de padrón, por ejemplo, es un obstáculo para recibir atención médica, lo que hizo que Médicos del Mundo hayan atendido en los tres últimos años a 28.700 personas que encontraron obstáculos, incluidos 885 niños y 363 mujeres embarazadas.

También genera exclusión en el mercado formal del alquiler y de las ayudas, lo que lleva a ocupaciones o pisos con múltiples personas, además de la economía sumergida, dificultad para que los migrantes denuncien si son víctimas de un delito o problemas en el ámbito de la educación y de escolarización.

Todas estas dificultades se agravan además en el caso de las mujeres, en concreto, de las trabajadoras del hogar internas.

Así, se fuerza a las personas a la "clandestinidad" que alimenta mercados negros y se crean residentes de primera y de segunda, lo que estas ONG consideran una "nueva forma de apartheid suave" en la que "se alimenta la prosperidad con su trabajo mientras se les niega el reconocimiento social y jurídico".

Las ONG también advierten de que muchos ayuntamientos dejan sin cobertura administrativa a "miles de personas" al rechazar el empadronamiento.

Por ejemplo, se niegan a inscribir a personas sin un domicilio fijo, a pesar de que la normativa contempla la inscripción de residentes mediante domicilios ficticios, direcciones establecidas por los servicios sociales que están reguladas por ley.

También "desinforman deliberadamente", piden requisitos no previstos en la normativa vigente, como escrituras de propiedad, tienen citas saturadas o efectúan "verificaciones domiciliarias intrusivas" de la Policía, denuncian.

Por eso, piden medidas para corregir estas prácticas, como establecer un observatorio del empadronamiento, publicitar las alternativas sin domicilio fijo, campañas de acompañamiento o acción policial contra las redes explotadoras. EFE