México confirma una "investigación en curso" por una red de fraude tras las sanciones de EEUU

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, afirmó que la UIF trabaja junto al Departamento del Tesoro de Estados Unidos tras nuevas sanciones por presuntas estafas inmobiliarias que afectan a adultos mayores estadounidenses en distintos estados

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El complejo turístico Kovay Gardens y otras diecisiete empresas mexicanas han quedado bajo sanciones de Estados Unidos por su presunta implicación en esquemas fraudulentos que afectan a personas mayores estadounidenses, quienes han perdido considerables sumas debido a fraudes inmobiliarios en regiones como Puerto Vallarta y la Bahía de Banderas. Según consignó el medio Europa Press, las autoridades mexicanas confirmaron la existencia de una investigación activa tras el anuncio del Departamento del Tesoro estadounidense, que vinculó a empresas y particulares con supuestas operaciones de fraude asociadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, señaló que ya se identificaron las empresas y personas involucradas en el caso resaltado por las autoridades estadounidenses. García Harfuch añadió que existen otras investigaciones abiertas en distintos estados del país sobre situaciones similares, aunque declinó ofrecer más detalles sobre los procesos en curso.

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El medio Europa Press detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana mantiene colaboración directa con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La coordinación entre ambas agencias busca dar seguimiento a las operaciones fraudulentas y estrechar la cooperación transfronteriza para combatir este tipo de delitos financieros. Esta cooperación ha cobrado relevancia después de las sanciones estadounidenses relacionadas con fraudes en propiedades de tiempo compartido, popularmente conocidas como propiedades multiuso.

El comunicado del Tesoro estadounidense, según reportó Europa Press, subrayó que los esquemas fraudulentos se centraban en cobrar honorarios o impuestos anticipados bajo falsas promesas de gestión o venta de propiedades de tiempo compartido. Estas tácticas generaron pérdidas sustanciales entre las víctimas, que habitualmente son ciudadanos estadounidenses de edad avanzada. La institución estadounidense remarcó en su informe que los afectados, en muchos casos, han visto desaparecer los ahorros acumulados en toda su vida.

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Europa Press informó también que la red de fraude opera a través de una estructura organizada para captar la confianza de sus víctimas en Estados Unidos y en territorio mexicano. Las autoridades estadounidenses vincularon a los responsables de estos esquemas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que llevó a la inclusión en la lista de sanciones de personas físicas y morales y a la restricción de sus operaciones financieras en Estados Unidos.

Las investigaciones mexicanas abarcan distintos estados ante la sospecha de que estas prácticas no se limitan a Jalisco y áreas aledañas. Según publicó Europa Press, las autoridades mexicanas reiteraron su compromiso por esclarecer los hechos y desmantelar cualquier red vinculada a estos fraudes financieros, enfocados en proteger tanto a ciudadanos nacionales como extranjeros que visitan el país o poseen inversiones inmobiliarias en destinos turísticos mexicanos.

La colaboración anunciada entre la UIF y el Departamento del Tesoro estadounidense gira en torno a la identificación de flujos financieros sospechosos y la trazabilidad de los recursos presuntamente obtenidos de manera ilícita. El objetivo es bloquear el acceso al sistema financiero internacional de las personas y empresas sancionadas, conforme a lo que informó Europa Press en su cobertura.

Los esquemas investigados constituyen una preocupación creciente para autoridades mexicanas y estadounidenses, dada la sofisticación de las operaciones y el perfil vulnerable de las víctimas. Desde su anuncio, las sanciones buscan no solo penalizar a los implicados sino también advertir sobre los riesgos de este tipo de fraudes inmobiliarios a potenciales compradores y propietarios de tiempo compartido, especialmente aquellos de la tercera edad de nacionalidad estadounidense, remarcó Europa Press.