El Gobierno aclara que catalán o euskera no serán necesarios para regularizarse pero los incluye para renovaciones

La posibilidad de emitir un informe favorable de integración que incluya el aprendizaje de las lenguas oficiales autonómicas forma parte del nuevo borrador del Real Decreto sobre la regularización extraordinaria de migrantes, según consignó Europa Press. Dicho informe podrá ser determinante para la concesión de prórrogas de la residencia, aunque no constituye un requisito imprescindible en la autorización inicial, que seguirá tramitándose aun cuando el extranjero no acredite dominio del catalán, euskera u otra lengua oficial distinta al castellano.

Europa Press detalló que, tras el pacto entre el Ejecutivo y Podemos, el Gobierno difundió un primer borrador para dar forma a la Iniciativa Legislativa Popular de regularización migratoria, la cual pretende beneficiar a más de 500.000 personas. Entre las novedades, el texto especifica que ningún solicitante se verá obligado a acreditar conocimiento de las lenguas autonómicas en la fase inicial para acceder a la residencia o empleo. Es decir, el catalán o el euskera, por ejemplo, no serán condición ineludible al solicitar la documentación que permite establecerse y trabajar en España.

El medio indicó que, aún dentro del periodo de consulta pública y pendiente del dictamen del Consejo de Estado y del Fondo para la Integración Social de Inmigrantes, el texto sí contempla la valoración del aprendizaje de lenguas cooficiales autonómicas al estudiar renovaciones o modificaciones de los permisos de residencia para extranjeros. Si la persona beneficiada no pudiera modificar su autorización conforme al Reglamento de Extranjería, podría solicitar la prórroga siempre que demuestre “búsqueda activa de empleo” e inscripción en el servicio público de empleo, o presente un informe de integración emitido por las autoridades autonómicas. Este informe podrá certificar, entre otros elementos, los conocimientos lingüísticos alcanzados en la lengua cooficial correspondiente al territorio de residencia.

Europa Press informó que no serán exigibles estos requisitos para quienes padezcan enfermedades graves, tengan discapacidad severa o hayan alcanzado la edad de jubilación. En cuanto a los plazos, las solicitudes para acogerse a la regularización podrán presentarse hasta el 30 de junio de 2026, y el Ejecutivo ha recalcado que toda persona admitida podrá residir y trabajar de forma provisional desde la presentación de la solicitud.

Según indicó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a Europa Press, el borrador aún está en fase de tramitación y podría modificarse tras recoger y estudiar las 350 observaciones y alegaciones presentadas hasta el momento. Estas fuentes reiteraron que en ningún caso el conocimiento de una lengua cooficial formará parte de los requisitos obligatorios para la autorización inicial de residencia y trabajo, pero que en las fases siguientes se valorará la integración lingüística y social en determinadas circunstancias, siempre alineándose con la normativa general de extranjería vigente.

El acuerdo alcanzado con Podemos para tramitar el decreto –destinado a desbloquear la Iniciativa Legislativa Popular pendiente en el Congreso– ha recibido el respaldo de organizaciones políticas y sociales que demandaban una vía legal de regularización extraordinaria, detalló Europa Press. El texto amplía la consideración de integración más allá del empleo o la formación, posibilitando usar el informe de los servicios sociales autonómicos como camino para acreditar arraigo y mantenimiento del derecho a residir. El informe podrá recoger la progresión en el aprendizaje del catalán, euskera u otra lengua oficial, de acuerdo a lo que determine cada comunidad.

La Generalitat catalana, según reportó el Departament de Política Lingüística a Europa Press, había presentado una enmienda al borrador reclamando que el aprendizaje y conocimiento del catalán fuera reconocido durante el proceso de la primera renovación del permiso de residencia, como modo de reforzar la cohesión e integración social y cultural. Cada autonomía podrá definir cómo certifica estos conocimientos y cómo organiza los procesos formativos para los extranjeros regularizados.

El Gobierno Vasco, por su parte, remitió una propuesta similar, abogando porque el euskera sea un factor relevante al evaluar las renovaciones, en busca de una mayor cohesión social. Los gobiernos autonómicos de Cataluña y Euskadi explicaron a Europa Press que persiguen fomentar la integración lingüística desde la administración, aunque la competencia final sobre el establecimiento de requisitos seguirá correspondiendo al Estado.

Europa Press también reprodujo la valoración de Esquerra Republicana de Catalunya, cuyo diputado Jordi Salvador consideró un logro la inclusión de la integración lingüística y social en el reconocimiento del arraigo: “Aprender catalán no es un trámite, es integración real. Reconocerlo como vía de arraigo es reconocer la realidad social, cultural y lingüística de Catalunya y apostar por una regularización que construya comunidad y garantice derechos”.

Por otro lado, el borrador del Real Decreto establece controles de seguridad y requisitos de antecedentes penales para quienes opten a la regularización extraordinaria, especificó Europa Press. Todas las solicitudes de residencia temporal por arraigo –sea a través de protección internacional o por el nuevo procedimiento extraordinario– quedarán sometidas a un informe policial emitido de manera automática por la administración competente. Si este informe revela que la persona representa una amenaza para el orden, la seguridad o la salud pública, la solicitud podrá ser rechazada.

Para los supuestos en los que el solicitante ya hubiera presentado una declaración responsable de carecer de antecedentes, pero el certificado administrativo llegara más tarde y resultase positivo, la situación será revisada por el Ejecutivo, que podrá revocar la autorización accionada.

La cobertura de la regularización incluirá también a los menores de edad y personas dependientes que formen parte del núcleo familiar del solicitante, quienes accederán así a una protección reforzada. El texto, recogido por Europa Press, dispone además que quienes hayan solicitado protección internacional antes de la promulgación de la norma podrán ser incluidos en la regularización extraordinaria, siempre que cumplan los requisitos de ausencia de antecedentes y de no suponer riesgo para el orden o la salud públicas, cuestiones que también serán valoradas mediante un informe policial específico.

El objetivo final del Ejecutivo, según la información recabada por Europa Press, consiste en ofrecer una vía legal para que personas migrantes irregulares puedan obtener residencia y empleo, facilitando en un primer momento el trámite básico y, en fases posteriores, promoviendo la integración desde una perspectiva global que toma en consideración tanto la dimensión administrativa como el arraigo social y lingüístico propio de cada comunidad autónoma.

De momento, el Gobierno ha reafirmado ante Europa Press que la propuesta permanece abierta a modificaciones durante la fase de audiencia pública, aunque confirma que el texto definitivo buscará reflejar todas las aportaciones recibidas y responder a las demandas de integración social expuestas por las autonomías y grupos parlamentarios.