
En medio de las reacciones frente al fallo judicial, Yoon Suk Yeol expresó su inquietud por la cantidad de funcionarios del Ejército, la Policía y la administración pública que afrontan procesos legales en relación con la declaración de la ley marcial ocurrida en diciembre de 2024. El exmandatario lamentó públicamente el sufrimiento que atraviesan tanto los investigados como sus familias y asumió la responsabilidad exclusiva por la determinación tomada durante su gobierno. Según informó la agencia Yonhap, estas declaraciones se produjeron a raíz de la condena a cadena perpetua impuesta a Yoon por su papel en los acontecimientos.
El viernes, Yoon Suk Yeol defendió públicamente su decisión de instaurar la ley marcial, señalando que su juicio y acción tuvieron como único objetivo proteger los intereses nacionales y servir al pueblo surcoreano. El medio Yonhap detalló que, en un comunicado, el expresidente afirmó: “Mi juicio y decisión de declarar la ley marcial el 3 de diciembre fue únicamente por el bien del país y su gente, y su sinceridad y propósito permanecen inalterados”. A pesar de la firmeza en la defensa de su actuación, Yoon dirigió sus “disculpas sinceras al pueblo” por las consecuencias negativas asociadas a sus decisiones, expresando arrepentimiento ante las dificultades y frustraciones sufridas por la ciudadanía.
El exlíder surcoreano profundizó en su mensaje al recalcar que la declaración de la ley marcial buscaba evitar un daño irreparable para la estabilidad del país y defendió que su finalidad era “salvar al país”. No obstante, también admitió fallos durante la aplicación de las medidas adoptadas, enfatizando la responsabilidad que asume por los errores cometidos. En su mensaje, Yoon subrayó la gravedad de las circunstancias que impulsaron su decisión y reiteró la falta de motivaciones personales o políticas ajenas al interés general.
Según publicó Yonhap, Yoon consideró “afortunado” que el tribunal no adoptara la tesis central del fiscal especial, quien alegaba que la ley marcial se declaró únicamente para permitir la proyección de un gobierno a largo plazo. El exmandatario objetó ese punto de vista y manifestó su desacuerdo con la interpretación de los hechos como un conflicto interno de carácter civil por el despliegue de fuerzas militares en la Asamblea Nacional. “Es difícil aceptar la lógica de que se trató de una guerra civil simplemente porque los militares acudieron a la Asamblea Nacional”, afirmó en su mensaje difundido por la agencia.
En el mismo comunicado, Yoon lamentó la situación de “tantos soldados, policías y funcionarios públicos luchando mientras se someten a investigaciones y juicios”, describiendo las emociones y el dolor que atraviesan sus familias ante el proceso judicial. El expresidente reiteró su petición para que estos trabajadores y sus allegados no se vean sometidos a más persecución ni juicios severos derivados de las decisiones adoptadas durante su administración. Así, insistió en presentarse como el responsable principal de las acciones tomadas y buscó desmarcar al resto de los involucrados en el gobierno.
Sobre su caso personal, Yoon Suk Yeol calificó el proceso como una situación donde queda en duda la independencia del sistema judicial y se mostró escéptico respecto a la posibilidad de obtener una sentencia apoyada en la ley y la conciencia. Según reportó Yonhap, el exmandatario expresó serias dudas sobre la utilidad de apelar la decisión y cuestionó el sentido de continuar con la disputa legal dadas las condiciones actuales que, a su juicio, no garantizan un proceso justo.
Las declaraciones del expresidente aparecen en línea con las afirmaciones de su defensa, quienes, en la víspera, habían criticado lo que consideraron como un procedimiento judicial cuyo desenlace ya estaba determinado desde el inicio. De acuerdo con la información de Yonhap, el equipo legal del exgobernante manifestó su intención de persistir hasta agotar todos los recursos disponibles, anunciando su voluntad de apelar. El medio puntualizó que se espera la presentación de la apelación a la sentencia durante la próxima semana.
En suma, el desarrollo del caso Yoon Suk Yeol genera debate sobre la legitimidad de las medidas adoptadas en momentos de crisis, así como sobre la independencia judicial y el futuro de los numerosos funcionarios relacionados con la declaración de la ley marcial norteña de diciembre de 2024, según ha seguido informando la agencia Yonhap y los actores involucrados en el proceso legal.
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