Bangkok, 20 feb (EFE).- Un tribunal de Tailandia condenó este viernes a dos años y ocho meses de prisión por un delito de lesa majestad a Arnon Nampa, un conocido activista y abogado que acumula ya 31 años y 9 meses de cárcel debido a su posición a favor de reformar la sacrosanta monarquía tailandesa.
La oenegé Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) indicó en un comunicado que un tribunal de Bangkok condenó a Arnon y otras tres personas tras estimar que insultaron a la monarquía durante una serie de discursos en una manifestación de noviembre de 2020.
Arnon, de 41 años, fue una figura destacada del movimiento estudiantil que lideró las protestas registradas en Bangkok en 2020, que exigían una profunda reforma democrática en el país, incluyendo a la Casa Real.
En prisión desde septiembre de 2023, tras ser condenado en una decena de juicios previos por delitos de lesa majestad, Arnon tiene todavía en los tribunales otros tres procesos en su contra por casos similares.
Su nueva condena tiene lugar unos días después de un que otro tribunal impusiera un total de 50 años de cárcel a un hombre, tras sumarse dos sentencias en su contra por vulnerar la misma ley, una de las condenas más altas dictadas hasta la fecha en virtud de dicha normativa.
La ley de lesa majestad, recogida en el artículo 112 del Código Penal, establece penas de entre 3 y 15 años de cárcel para quien difame, insulte o amenace al rey, la reina o el príncipe heredero, una de las legislaciones más draconianas del planeta en este ámbito.
La reforma del artículo 112 fue una de las promesas estrella del movimiento reformista, ahora llamado Partido del Pueblo (PP, Prachachon), de cara a los comicios de 2023. El partido se impuso en las votaciones, pero no pudo gobernar por el veto de los poderes conservadores.
Los reformistas sufrieron, en cambio, un revés en las elecciones de este mes, quedando en un segundo puesto tras el conservador Bhumjaithai (BJT, Orgullo tailandés) del primer ministro Anutin Charnvirakul, cercano al rey y que ha expresado su oposición a las iniciativas para modificar la norma.
Al menos 285 personas, incluidos menores, han sido acusadas de lesa majestad desde noviembre de 2020, según los últimos datos de TLHR, mientras que otros 1.992 han sido imputados por delitos relacionados con las protestas o sus expresiones políticas. EFE
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