Marisa Martín Blázquez y Antonio Montero dan la última hora de la "pesadilla" que están viviendo con su inquiokupa

La fecha del juicio que podría definir el futuro del inmueble propiedad de Marisa Martín Blázquez y Antonio Montero quedó fijada para el 2 de marzo, una señal que ha renovado las expectativas de ambos tras más de dos años de litigio marcado por la persistencia de un arrendatario que, según alegan, se negó a abandonar la vivienda y ya acumula una deuda superior a 24.000 euros. Según informó el medio Europa Press, la pareja recurrió a la vía judicial tras agotar los intentos de resolver el conflicto mediante un acuerdo extrajudicial, en un contexto donde la denominada “inquiokupación” afecta a múltiples propietarios en España.

De acuerdo con Europa Press, el conflicto tiene su origen en un piso situado en Torrelodones, que Martín Blázquez y Montero compraron como inversión, en previsión de una posible inestabilidad laboral en el sector televisivo y para asegurar ingresos alternativos. Ambos aseguran que el inquilino residía allí legalmente y cumplía con el pago del alquiler hasta 2023, cuando dejó de hacerlo. Desde entonces, los propietarios han asumido el pago continuado de impuestos, cuotas de comunidad y suministros, mientras la persona ocupante permanece en la vivienda y la deuda sigue en aumento.

Martín Blázquez subrayó que, aunque la legislación reconoce la vivienda como un derecho fundamental, las cargas impositivas que han seguido abonando recaen íntegramente sobre los propietarios, pese a que el Estado también tiene la responsabilidad de crear vivienda social destinada a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Según consignó Europa Press, Martín Blázquez expresó: “Yo también pago mis impuestos para que el Gobierno de turno destine parte de esos impuestos para hacer vivienda social y a la gente vulnerable pues esté cubierta, porque yo sé que la vivienda es un derecho fundamental y así lo recoge la Constitución”. Añadió, refiriéndose a su caso particular: “Mis inquiokupas ni siquiera son vulnerables”.

La propietaria manifestó su preocupación por la creciente tendencia de inquilinos que dejan de cumplir con sus obligaciones contractuales, argumentando que hay personas con solvencia económica que prefieren vivir sin pagar alquiler, mientras los dueños siguen afrontando todos los desembolsos relacionados con el inmueble. Sobre la situación del arrendatario, Martín Blázquez afirmó que, en su opinión, el inquilino dispone de recursos para costear una residencia y que mantiene una apariencia que no corresponde a la de una persona en situación vulnerable, llegando a señalar que “tiene un coche muchísimo mejor que el mío” y que “se puede mantener con dos líneas de teléfono, con un coche estupendo y con relojes buenos”. Por ello, la expectativa de Martín Blázquez está centrada en la actuación de la Justicia y en que la resolución judicial ponga fin al conflicto, declarando: “Espero que salga bien, pero ya os digo que como están las cosas, no sé, no sé. Rezaremos para que todo salga bien y que esa persona, oye, pues que se busque la vida”.

Por su parte, Antonio Montero enfatizó las dificultades que enfrentan los pequeños propietarios en este tipo de circunstancias. Según reportó Europa Press, Montero relató que no fue notificado directamente sobre la supuesta intención del inquilino de abandonar el piso el 1 de mayo y que lo supo a través de declaraciones a la prensa: “El inquilino ha dicho que se va a ir el 1 de mayo, pero no teníamos ni idea. O sea, se lo he dicho antes a un redactor que se ha presentado allí que a nosotros”. El periodista afirmó que la deuda real asciende a más de 24.000 euros, una suma superior a la que habría manifestado el propio ocupante frente a medios de comunicación, donde se habló de 18.000 euros.

Montero lamentó la falta de protección hacia los propietarios por parte de las administraciones y criticó los obstáculos y cargas adicionales que implica la tenencia de un bien inmueble en alquiler, como la obligación de reparar desperfectos, responder a inspecciones y asumir gastos relacionados con el mantenimiento, incluso cuando los arrendatarios incumplen con el pago o abandonan en mal estado el piso. “Yo si tuviera ese piso lo vendería y ya no volvería a comprar un piso en mi vida”, señaló, relatando también experiencias previas negativas con otros inquilinos, que incluyeron impagos prolongados y deterioro severo de la propiedad.

Ambos propietarios remarcaron ante Europa Press que su situación dista mucho de la de grandes tenedores inmobiliarios, ya que adquirieron la vivienda mediante una hipoteca y el inmueble representa una parte significativa de su patrimonio, destinado originalmente a asegurar el futuro de su familia más que a la especulación. A raíz de estos antecedentes, expresan incertidumbre y desencanto respecto a la posibilidad de resolver conflictos similares en el corto plazo sin una actuación eficaz de las autoridades y de la Justicia.

El fenómeno de la “inquiokupación”, detalló Europa Press, se ha extendido en los últimos años y afecta a numerosos propietarios en España, muchos de los cuales se ven obligados a recurrir a los tribunales para intentar recuperar sus viviendas. El caso de Martín Blázquez y Montero se convierte así en un ejemplo paradigmático del impacto de estos procesos en los particulares, en tanto aguardan la celebración del juicio que podría ofrecer una respuesta definitiva sobre el derecho de uso y restitución de la propiedad.