Condenado a cadena perpetua el expresidente Yoon Suk Yeol por declarar la ley marcial en 2024

Una manifestación convocada por grupos de ultraderecha, encabezada por la organización Unión por la Libertad, está programada tras el fallo emitido por el tribunal de Seúl, que condenó al expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol a cadena perpetua por su responsabilidad en la declaración de la ley marcial en diciembre de 2024. La noticia, difundida por el diario surcoreano The Korea Times, describe cómo la Corte concluyó que Yoon lideró una insurrección al ordenar el despliegue de fuerzas armadas hacia la Asamblea Nacional, en un intento de impedir una votación legislativa que anulaba su decreto.

Según informó The Korea Times, los jueces determinaron que la actuación de Yoon violó la autoridad del Parlamento y cumplía con la definición legal de insurrección establecida en el Código Penal surcoreano. Este código prevé para ese delito tres posibles condenas: pena de muerte, cadena perpetua o cadena perpetua sin trabajos forzados. Aunque la Fiscalía solicitó la pena capital, el tribunal optó por la reclusión vitalicia, argumentando que tomó en cuenta diversos factores para fijar la sentencia.

Durante la lectura del veredicto, retransmitida en directo por televisión y en presencia del propio exmandatario, se reforzó la seguridad en los alrededores del tribunal, ubicados en la ciudad de Seúl. De acuerdo con la información recogida por The Korea Times y ampliada por la agencia Yonhap, tanto partidarios como detractores del expresidente se congregaron en la zona, expresando reacciones opuestas al fallo judicial.

La argumentación de la Fiscalía, según consignó The Korea Times, sostuvo que Yoon actuó en colaboración con altos cargos del Ejecutivo, incluido el exministro de Defensa Kim Yong Hyun, para establecer la ley marcial sin que existieran las condiciones constitucionales que lo justificaran. La acusación enfatizó que el despliegue de militares al Parlamento, junto con intentos de detener a políticos y miembros de la comisión electoral, constituyeron una infracción grave del orden constitucional. La petición fiscal reclamaba la pena de muerte en vista de la “gravedad de la violación”.

El exmandatario, durante su última intervención ante el tribunal, defendió que la decisión buscaba prevenir lo que consideraba una crisis nacional y negó tener la intención de subvertir el orden constitucional. Sus abogados argumentaron que la declaración de la ley marcial se encontraba dentro de las facultades presidenciales, pero el tribunal descartó estos argumentos y definió tanto la acción como la orden de Yoon como un caso de insurrección.

La condena contra Yoon sucedió a un proceso de destitución tras la anulación por la Asamblea Nacional de la ley marcial que él decretó en diciembre de 2024. El Parlamento aprobó una resolución exigiendo el retiro inmediato de la medida, lo que derivó en sucesivas votaciones legislativas y finalizó en abril de 2025 con la confirmación del impeachment por el Tribunal Constitucional, según detalló The Korea Times.

El desarrollo de este caso incluyó también la condena a otros miembros del gabinete de Yoon. Reportó The Korea Times que una semana antes de la sentencia al expresidente, el exministro del Interior Lee Sang Min fue sentenciado a siete años de prisión por su papel en facilitar la declaración de la ley marcial. El tribunal estableció que Lee desempeñó un papel esencial en la tentativa de insurrección, tras considerar probado que ordenó a la Policía y a los Bomberos cortar servicios básicos a medios críticos y bloquear agencias clave para consolidar la imposición del decreto. También lo declaró culpable de falso testimonio tras negar bajo juramento haber emitido o recibido esas órdenes, aunque fue absuelto de ciertos cargos vinculados a abusos en la jefatura de los Bomberos. El exministro expuso su intención de apelar la sentencia.

El ex primer ministro Han Duck Soo fue otro alto funcionario condenado en relación con estos hechos, recibiendo en enero una pena de 23 años de prisión tras ser declarado culpable de insurrección por su participación en la imposición de la ley marcial, según consignó The Korea Times.

Otros antecedentes penales afectan al propio Yoon, quien previamente había recibido cinco años de cárcel por delitos como obstrucción a la justicia —relacionados con maniobras para evitar su detención—, abuso de poder y falsificación o destrucción de documentos oficiales durante el proceso que siguió a la declaración de la ley marcial.

La rápida respuesta de la Asamblea Nacional fue clave en la anulación de la ley marcial. Horas después de la firma del decreto presidencial, los legisladores votaron para revocar la medida, lo que provocó la serie de procesos judiciales y políticos que concluyeron con la destitución y condena de Yoon Suk Yeol.

El medio The Korea Times ha subrayado la relevancia de la sentencia y el ambiente de tensión política en Corea del Sur, donde actores clave del anterior gobierno enfrentan procesos penales y sentencias vinculadas con violaciones al orden constitucional en uno de los momentos de crisis institucional más destacados del país en los últimos años.