Un mes de Adamuz: La investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

Las actuaciones judiciales han adquirido una gran complejidad tras acumular numerosas denuncias, informes y requerimientos provenientes de diferentes colectivos, incluida la personación de diversas asociaciones como acusaciones populares. El avance de la investigación en torno al accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el 18 de enero y que involucró a un tren Iryo y un Alvia en la provincia de Córdoba, mantiene su foco en las infraestructuras ferroviarias y en el inminente acceso a las cajas negras de ambos trenes, según reportó el medio Europa Press.

A un mes de ocurrido el siniestro, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número dos, gestiona 34 denuncias ya presentadas y tramita una pieza separada destinada a canalizar la personación de siete entidades, partidos políticos y asociaciones como acusación popular, informó Europa Press. Paralelamente, el juzgado ha registrado 148 diligencias previas, generadas principalmente a partir de partes médicos, y ha ofrecido acciones legales a todas las personas identificadas en los procedimientos. Los tres vagones del tren Iryo accidentado continúan inmovilizados y precintados por la Guardia Civil en una finca próxima a la zona del accidente, según detalló el medio.

La gestión judicial ha experimentado cambios tras la reciente toma de posesión de las dos nuevas juezas titulares de la Sección Civil y de Instrucción en el Tribunal de Montoro. Ambas magistradas asumieron sus cargos en Granada junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, quien visitó los juzgados de Montoro tras el accidente, según comunicó Europa Press. Del Río reconoció la complejidad procedimental y adelantó la solicitud de autorización para la instrucción conjunta por las dos juezas titulares, así como la petición de un magistrado de refuerzo y la incorporación de dos nuevos funcionarios por parte de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. También se contempla la demanda de un Letrado de la Administración de Justicia adicional, dada la necesidad de crear piezas separadas para cada línea de investigación y parte personada.

El juzgado acordó organizar la tramitación de la acción popular abriendo una pieza separada, que agrupa escritos procedentes de entidades como el Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, Iustitia Europa, Vox (que ha solicitado medidas cautelares), la Asociación HazteOir.org, el Sindicato Estatal de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), la Asociación ‘Víctimas de los Políticos’, la Asociación Liberum y Alternativa Ferroviaria (Alferro). Varias de estas organizaciones han solicitado la designación de un perito judicial independiente experto en infraestructuras ferroviarias para analizar el estado de la vía en el punto del accidente, y determinar si existían las deficiencias denunciadas por Semaf con posible relevancia causal en el siniestro. Europa Press consignó que la Asociación Liberum, en particular, presentó una denuncia por hechos que podrían constituir delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, así como un delito contra los derechos de los trabajadores, dirigida contra dos directivos de Adif y uno de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (Aesf), además de otros posibles implicados cuya responsabilidad penal pueda determinarse según avance la instrucción.

El órgano judicial aún debe pronunciarse sobre diferentes iniciativas presentadas, como la solicitud de la Fiscalía de Córdoba para encargar un informe pericial sobre las causas del accidente. La fiscalía propone que ingenieros de Caminos, Canales y Puertos sean designados como peritos, abriendo la posibilidad a que posteriormente se nombren expertos en otros campos si resulta necesario por las conclusiones preliminares o por el desarrollo de las pericias realizadas, informó Europa Press. El Ministerio Público también requirió que las cajas negras de los trenes accidentados se abran bajo supervisión judicial en presencia de las juezas investigadoras.

La Guardia Civil, en su condición de policía judicial, entregó al juzgado de Montoro un informe preliminar que incluye un inventario de las principales pruebas recabadas: 2.500 fotografías tomadas en la llamada ‘zona cero’, las dos cajas negras y las declaraciones del maquinista del Iryo (el conductor del Alvia falleció en el accidente), así como declaraciones de tripulantes y pasajeros. Además, la Guardia Civil ha solicitado imágenes de las cámaras de seguridad de Adif en el apeadero de Adamuz, así como de las cámaras internas de los vagones de ambos trenes. El informe señala la aportación de un fragmento de vía desprendido en el tramo por el que circulaba el tren Iryo momentos antes de su descarrilamiento e impacto con el Alvia, que viajaba en sentido contrario hacia Huelva y también acabó descarrilando. Este fragmento metálico será examinado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en un laboratorio especializado en análisis metalúrgico, mientras que la Guardia Civil conservará una parte del material para el desarrollo de diligencias relacionadas con la determinación de eventuales responsabilidades penales.

Respecto a la obtención de datos técnicos, las dos cajas negras de los trenes serán revisadas en presencia de la Guardia Civil y la CIAF, dado su importancia tanto para las investigaciones penales como para el informe específico que debe elaborar la comisión nacional, orientado a esclarecer las causas del hecho y prevenir la repetición de accidentes de este tipo.

En una actualización pública difundida por Europa Press, la CIAF comunicó que el carril sobre el que circulaba el tren Iryo presentaba una fractura previa al paso del convoy. Las evidencias recolectadas permiten formular la hipótesis de que la fractura ya existía antes del siniestro. Las muescas halladas en las ruedas del tren y las deformaciones en la vía se consideran compatibles con un fallo material anterior. No obstante, la comisión subrayó que estas hipótesis tienen carácter provisional y requieren confirmación mediante pruebas complementarias que se prevé abordar en las siguientes fases del proceso de investigación, según reportó Europa Press.

La evolución del caso se mantiene atenta al análisis de la vía, a la apertura y volcado de las cajas negras, al examen pericial de los materiales y al desarrollo de procedimientos legales impulsados por las 34 denuncias, la acumulación de diligencias previas y la participación activa de entidades que reclaman el esclarecimiento pleno de los hechos y la atribución de responsabilidades.