Igualdad estudia establecer un perímetro de seguridad para evitar concentraciones antiaborto en clínicas

La creación de un perímetro de seguridad en torno a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo figura entre las medidas que analiza el Ministerio de Igualdad para reforzar la protección a quienes acuden a estos centros, según información divulgada por varios integrantes del gobierno en una reciente sesión en el Congreso de los Diputados. El objetivo principal es evitar acciones de hostigamiento, coacción o presión psicológica contra mujeres que acceden a este derecho sanitario, implementando barreras legales y físicas en respuesta a distintos episodios que han puesto en cuestión la eficacia de las normas actuales, de acuerdo con los detalles recogidos por el medio.

Según informó la agencia EFE, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, confirmó durante la sesión de control celebrada este miércoles que tanto el Ministerio como el Instituto de las Mujeres estudian de manera activa la viabilidad de establecer dicho perímetro de seguridad en las inmediaciones de las clínicas acreditadas. Durante el intercambio parlamentario, la ministra sostuvo que el interés oficial reside en impedir la instalación o presencia de grupos opositores al aborto cuya única finalidad sería, según sus palabras, coaccionar y limitar la libertad de decisión de las mujeres que buscan acceder a una prestación sanitaria garantizada por ley. Redondo remarcó que el Ejecutivo se encuentra elaborando nuevas fórmulas de protección, además de subrayar la preocupación por los episodios recientes de hostigamiento reportados en distintos puntos del país.

El medio EFE detalló que este posicionamiento gubernamental se produce en un contexto en el que la diputada Isabel Pozueta, desde la bancada de EH Bildu, abordó en el hemiciclo el tema del reciente fallo judicial que absolvió en diciembre a 21 personas vinculadas a colectivos antiabortistas. Estas personas estaban acusadas de conductas de coacción y acoso hacia usuarias de una clínica en Vitoria, y la sentencia motivó preocupación por la efectividad de los mecanismos existentes para proteger el acceso libre y autónomo a la interrupción voluntaria del embarazo.

Durante su intervención, Pozueta hizo hincapié en que recae sobre los poderes públicos la responsabilidad de asegurar una protección reforzada ante cualquier tentativa de presionar, intimidar, señalar, acosar o interferir, por vía directa o indirecta, en el ejercicio de un derecho reconocido. Además, apuntó a la importancia de garantizar que toda mujer pueda acceder a una atención sanitaria digna, confidencial y exenta de presiones externas, consignó EFE.

En la misma línea, la ministra de Igualdad expuso el compromiso de su cartera con la inclusión del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 43 de la Constitución, citando que esta será una vía relevante para minimizar situaciones de acoso e impedir vulneraciones del derecho a decidir de las mujeres. Desde su perspectiva, blindar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en hospitales de titularidad pública contribuiría a reducir la exposición de las usuarias a escenarios de hostigamiento por parte de personas u organizaciones contrarias a la práctica.

Sumar, grupo parlamentario con representación en el Congreso, ha presentado en la Cámara Baja una iniciativa legislativa que propone modificar el artículo 172 quarter del Código Penal. Según reportó EFE, esta propuesta busca ampliar el alcance de la Ley Orgánica 10/1995 con el objetivo explícito de prohibir concentraciones, vigilias, manifestaciones, rezos colectivos y cualquier acto de presencia en un radio de 200 metros en torno a las clínicas que brindan el servicio de interrupción voluntaria del embarazo. La norma, si prospera en su tramitación, dotaría de carácter penal a toda acción organizada en ese espacio que tuviera la intención de obstaculizar la asistencia a estos centros.

La proposición registrada por Sumar agrega a la actual tipificación penal expresamente la prohibición de los actos mencionados en el perímetro ampliado, y, según subraya el texto, la finalidad reside en consolidar el marco legal frente al acoso a mujeres que deciden interrumpir su embarazo. De acuerdo con la información aportada por EFE, este proyecto persigue dar respuesta a la insuficiencia de la regulación vigente, que en casos recientes no ha derivado en condenas efectivas por las acciones de grupos antiabortistas.

Las discusiones parlamentarias actuales giran en torno a cómo equilibrar el ejercicio de libertades públicas, como el derecho de manifestación y expresión, con la protección reforzada del acceso sin coacciones a la salud sexual y reproductiva. La última iniciativa legislativa y las declaraciones de la ministra reflejan el esfuerzo del Ejecutivo por avanzar hacia un entorno clínico donde el libre ejercicio del aborto esté garantizado por mecanismos adicionales de seguridad jurídica y física.

Las medidas en estudio y el proyecto de ley presentado por Sumar se encuentran en fase de análisis y debate, en los distintos grupos parlamentarios. La posible inclusión de un perímetro de seguridad representa una alternativa concreta al vacío que, según han señalado sectores oficialistas y asociaciones defensoras de los derechos reproductivos, permanece en el actual marco normativo. La evolución de esta iniciativa dependerá en los próximos meses de la resolución que adopte el Congreso sobre el texto legal, así como de la disposición del Ministerio de Igualdad a incorporar nuevas medidas que refuercen de forma efectiva el derecho al aborto protegido en la legislación española, de acuerdo con la información de EFE.