EEUU anuncia restricciones de visado contra 18 funcionarios iraníes por violaciones de DDHH durante las protestas

El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Thomas Pigott, destacó la magnitud y la duración del cierre de Internet impuesto en Irán, señalando que la medida restringió de manera severa la capacidad de la población para documentar violaciones de derechos humanos y los aisló del resto del mundo. Esta referencia formó parte del anuncio oficial de nuevas sanciones estadounidenses, dirigidas específicamente a 18 funcionarios iraníes, quienes según el gobierno de Estados Unidos participaron de manera cómplice en graves vulneraciones a los derechos humanos durante las manifestaciones antigubernamentales en este país.

Según informó el Departamento de Estado estadounidense, esas restricciones de visado se fundamentan en la supuesta implicación directa de los sancionados en la represión de protestas, donde se atentó contra el derecho a la libertad de expresión y la posibilidad de reunión pacífica. El comunicado detalló que estos altos cargos iraníes fueron considerados responsables de un patrón de abusos dirigidos a aplastar las expresiones públicas de descontento social, recurriendo tanto a la violencia estatal como a procedimientos punitivos coordinados.

El medio oficial explicó que, con estas medidas, Washington pretende reforzar su posición frente a Teherán y enviar un mensaje de respaldo a la ciudadanía iraní que demanda, según consigna el Departamento de Estado, “paz y dignidad”. Thomas Pigott expresó que “Estados Unidos seguirá defendiendo el derecho del pueblo iraní a la libertad de expresión”, marcando la continuidad de una política exterior que busca sancionar a quienes promuevan o perpetren castigos extrajudiciales o actos de represión violenta sobre manifestantes desarmados.

De acuerdo con la declaración divulgada este miércoles, las restricciones de visado se suman a sanciones previas que las autoridades estadounidenses han impuesto en los últimos meses bajo la misma política. Hasta la fecha, 58 personas —contando los recién sancionados— han sido objeto de estas acciones, señaló el portavoz adjunto ante medios internacionales. El Departamento de Estado enfatizó que continuará "utilizando todas las herramientas a nuestro alcance para exponer y promover la rendición de cuentas por los abusos cometidos por funcionarios del régimen iraní y otras personas”.

El contexto de las sanciones, según detalló el departamento estadounidense, incluye una revisión de los episodios de represión recientes, donde el aparato estatal iraní “desató la violencia y la represión contra miles de manifestantes pacíficos”. Además del uso de fuerza, se mencionaron otros mecanismos de coerción, como el cierre casi total del acceso a Internet, medida que, según explicó Pigott, representa un hecho “sin precedentes en cuanto a su alcance y duración”.

El comunicado puso el acento en que ese aislamiento tecnológico interrumpió la circulación de información tanto dentro como fuera del país, lo que dificultó documentar de manera efectiva la magnitud de los abusos y obstaculizó la denuncia internacional. Washington argumentó que esta táctica formó parte de una estrategia más amplia del gobierno iraní para sofocar la movilización social y restringir el flujo de noticias independientes.

Al anunciar las sanciones, el Departamento de Estado reafirmó el “apoyo inquebrantable” de Estados Unidos a las demandas legítimas de la población iraní. Según recordó el portavoz, la política de restringir los movimientos internacionales de funcionarios implicados busca ejercer presión diplomática y simbólica, resaltando la vigilancia constante de la comunidad internacional ante las vulneraciones de derechos fundamentales.

Las autoridades estadounidenses subrayaron su compromiso de defender las libertades básicas en Irán y recalcaron que se mantendrán atentas a eventuales repuntes represivos, considerando este tipo de sanciones como parte de una respuesta sostenida a lo que consideran actos sistemáticos de supresión por parte del gobierno iraní hacia quienes protestan de forma pacífica. La postura de Washington sostiene que la comunidad internacional debe promover la rendición de cuentas para disuadir futuras violaciones y apoyar el derecho de los ciudadanos iraníes a manifestarse sin temor a represalias.

En las comunicaciones difundidas, el Departamento de Estado insistió en que la defensa de los derechos humanos es un eje central de la política exterior estadounidense hacia Irán, y enfatizó su intención de continuar empleando sanciones, restricciones de visado y otras herramientas diplomáticas para respaldar las libertades civiles, la libertad de expresión y el derecho a protestar de la sociedad iraní.