
La revisión semestral del listado comunitario ha incorporado a Vietnam y a las Islas Turcas y Caicos como nuevas jurisdicciones señaladas por la Unión Europea por deficiencias en el cumplimiento de los estándares internacionales de transparencia fiscal. La decisión responde, según detalló el Consejo de la UE, a que en el caso de las Islas Turcas y Caicos se detectaron carencias en la aplicación de los requisitos relacionados con la sustancia económica, mientras que Vietnam fue añadido tras no superar las exigencias globales en materia de intercambio de información fiscal a solicitud. El mantenimiento de Rusia y Panamá en la lista negra concuerda con la evaluación de los Veintisiete, quienes consideran que ambos territorios persisten en incumplimientos graves de la gobernanza tributaria internacional, según informó el Consejo de la Unión Europea.
El Consejo, según publicó el medio, también decidió retirar de su repertorio a Fiyi, Samoa y Trinidad y Tobago, argumentando que estos países han instaurado las reformas necesarias y actualmente se ajustan a los compromisos previamente adquiridos con la UE en el ámbito fiscal. Con esta actualización, el registro de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal queda conformado por diez territorios: Samoa Americana, Anguila, Guam, Palaos, Panamá, Rusia, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Vanuatu y Vietnam, de acuerdo con la información difundida por el Consejo.
Esta herramienta fue creada en diciembre de 2017 y se revisa dos veces por año, funcionando como parte de la estrategia exterior de la Unión Europea en materia de fiscalidad. Su propósito es identificar y abordar las jurisdicciones que, a juicio de los Estados miembros, no respetan los principios comunitarios relativos a transparencia, tributación justa y medidas de prevención frente a la erosión de la base imponible y la transferencia de beneficios fuera del bloque, informó el Consejo de la UE.
Las incorporaciones recientes responden a evaluaciones realizadas sobre los marcos regulatorios y las prácticas fiscales de cada territorio examinado. En el caso de las Islas Turcas y Caicos, la Comisión Europea advirtió sobre insuficiencias vinculadas a la exigencia de la “sustancia económica”, principio que obliga a que las entidades jurídicas desarrollen una actividad real y significativa en el país donde se constituyen. Respecto a Vietnam, la UE consideró que el país no cumple con los estándares internacionales en cuanto a la capacidad o disposición de proporcionar información fiscal relevante a requerimiento de otras jurisdicciones, según consignó el Consejo.
Por contraparte, la exclusión de Fiyi, Samoa y Trinidad y Tobago refleja, según los Veintisiete, que estos Estados ya han adaptado su legislación y prácticas tributarias a las recomendaciones y compromisos consensuados previamente con la Unión, reportó el Consejo. La exclusión tiene como antecedente la aceptación y la implementación de las modificaciones normativas exigidas por las autoridades europeas.
El listado elaborado por la UE identifica regularmente territorios que mantienen regímenes considerados nocivos o faltos de cooperación en transparencia fiscal. Entre los criterios principales figuran la ausencia de intercambios automáticos de información tributaria, la oferta de incentivos fiscales considerados perjudiciales por la UE, y la falta de compromiso con los estándares mínimos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Rusia y Panamá permanecen en la lista por su persistente falta de adopción de medidas alineadas con los requerimientos europeos, según precisó el Consejo. El mantenimiento de su inclusión se fundamenta en continuas carencias mostradas frente a los parámetros de transparencia, cooperación administrativa y tributación efectiva.
La lista comunitaria persigue tanto motivar las reformas necesarias en dichos territorios como proteger el sistema fiscal europeo frente a prácticas consideradas elusivas o facilitadoras de evasión. La publicación semestral del registro busca, de acuerdo con el Consejo, proporcionar transparencia e incentivar la mejora regulatoria y administrativa de las jurisdicciones analizadas.
Desde su creación, el registro de la UE ha funcionado como base para la aplicación de contramedidas y para intensificar el diálogo con las jurisdicciones incluidas, según afirma el Consejo de la UE. La lista es resultado de un proceso de análisis técnico y diálogo multilateral en el que las jurisdicciones afectadas tienen la oportunidad de corregir las deficiencias detectadas antes de ser incluidas o mientras permanezcan señaladas.
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