
"Un niño o niña con desnutrición aguda, sin tratamiento, tiene doce veces más probabilidades de morir", advirtió Obia Achieng, representante en funciones de UNICEF en Sudán del Sur, al describir la intensificación de la crisis humanitaria que afecta a cientos de miles de menores y sus familias en las regiones norte y centro del país. De acuerdo con el organismo de Naciones Unidas, la intensificación de los enfrentamientos, que se acentuó desde diciembre de 2025, ha desencadenado desplazamientos masivos en estados como Jonglei y ha exacerbado las amenazas para la infancia, con brotes de cólera, devastación de centros de salud y un riesgo extremo de desnutrición.
Según detalló UNICEF, al menos 280.000 personas se han visto forzadas a dejar sus hogares únicamente en el estado de Jonglei, siendo la mayoría mujeres, niños y niñas. Muchas de estas familias han tenido que huir por segunda o incluso tercera vez, tras haber abandonado sus comunidades en desplazamientos anteriores durante episodios de violencia. El medio consignó que gran parte de estos desplazados pernoctan en antiguos campos de desplazados de la guerra civil reciente, espacios en los que apenas subsisten servicios básicos; otros han quedado dispersos en áreas remotas, desprovistos de cualquier ayuda. UNICEF calculó que los menores constituyen el 53% del total de desplazados en Jonglei, lo que agrava los riesgos asociados a la separación familiar, la posible captación por grupos armados, la exposición a la violencia de género y secuelas psicológicas profundas.
El avance de los combates desde finales de 2025 ha minado severamente los servicios esenciales. UNICEF informó que desde que comenzó el incremento de hostilidades, once instalaciones sanitarias han sido atacadas y saqueadas, reduciendo la atención médica disponible para una población ya vulnerable. Además, los centros de nutrición infantil, que proveían tratamiento salvavidas a niños y niñas con desnutrición, cerraron ante la inseguridad reinante. Esta situación ha sucedido en un contexto de brote de cólera que, según el organismo, afecta especialmente a Jonglei con un total de 125 de los 479 casos oficiales publicados desde enero a nivel nacional.
El medio de Naciones Unidas advirtió que los recursos en los centros médicos se han visto sobrepasados, y las condiciones en las zonas afectadas agravan la exposición de la población a enfermedades y desnutrición. UNICEF estima que aproximadamente 825.000 niños y niñas en Jonglei, Unidad y Ecuatoria Oriental podrían desarrollar desnutrición aguda por la combinación del desplazamiento forzado, el colapso de los servicios sanitarios y la limitada disponibilidad de alimentos.
Los ataques contra infraestructura humanitaria alcanzaron incluso a instalaciones gestionadas por organizaciones internacionales. UNICEF denunció que el 3 de febrero, un hospital respaldado por Médicos Sin Fronteras (MSF) en Lankien fue bombardeado, destruyéndose su almacén y suministros médicos esenciales. Según la agencia, durante el conflicto se han saqueado bienes y entregas de ayuda, lo que debilita aún más la capacidad de respuesta y protección para los desplazados. Las restricciones impuestas al acceso humanitario también obstaculizan la provisión de socorro, especialmente en zonas donde las autoridades gubernamentales no mantienen el control.
El deterioro de la situación humanitaria llevó a UNICEF a urgir un alto el fuego inmediato y la apertura de corredores para que la ayuda acceda sin impedimentos a todos los territorios afectados. Según la organización, cientos de miles de niños y niñas dependen de una respuesta urgente para sobrevivir frente a la magnitud de la crisis.
En el plano militar, el Ejército sudsudanés emprendió a finales de enero una ofensiva en Jonglei contra el SPLM-IO, grupo que dirige el exlíder rebelde y exvicepresidente Riek Machar. Las autoridades emitieron una orden de evacuación para civiles, “cascos azules” de la Misión de Asistencia de la ONU para Sudán del Sur (UNMISS) y trabajadores humanitarios en tres condados de la región. La situación se agravó a partir de febrero de 2025, cuando miembros del White Army iniciaron una ofensiva en Nasir, estado de Alto Nilo, localidad ubicada cerca de la frontera con Etiopía y que fue ocupada temporalmente por fuerzas rebeldes. Las autoridades reaccionaron colocando bajo arresto domiciliario a Machar, a quien acusaron de conspirar contra la seguridad del Estado. El SPLM-IO respondió denunciando el incumplimiento del acuerdo de paz firmado en 2018.
Además del conflicto armado, los habitantes del país enfrentan violencia asociada a disputas interétnicas. El medio consignó que en el estado de Warrap al menos diez personas murieron en recientes enfrentamientos atribuidos al robo de ganado. El episodio ocurrió en Twic, después de un ataque perpetrado por individuos armados que se desplazaron desde Mayom, en el estado de Unidad. Tras el asalto y el robo de reses, milicianos autodefensa de la comunidad emboscaron a los atacantes, provocando varias bajas según el comisionado local, John Mabior, citado por Radio Tamazuj. Mabior indicó que la cifra de víctimas podría aumentar, dadas las circunstancias del ataque.
Sudán del Sur ha experimentado en los últimos años un incremento de los enfrentamientos entre comunidades, en su mayoría derivados de disputas ganaderas y conflictos entre pastores y agricultores en los territorios agrícolas más fértiles del país. Este fenómeno se ve agravado por el avance de la desertificación y el continuo desplazamiento de la población que busca seguridad y acceso a recursos.
El incremento de la violencia, unido a la destrucción y saqueo de infraestructuras, la dispersión de familias y la crisis alimentaria y sanitaria, mantiene a la infancia sudsudanesa en una situación extremadamente vulnerable, afirmó UNICEF y documentó el reporte del medio. Los organismos humanitarios reiteraron la exigencia de un acceso más amplio y sin trabas para evitar que se agrave aún más el impacto de la emergencia sobre la población civil, especialmente los menores.