Petro señala que la decisión del Consejo de Estado de tumbar la subida del salario mínimo es inconstitucional

Desde el primer día de su mandato, el Gobierno de Gustavo Petro ha buscado establecer un “pacto social de la vida y de la paz”, orientado a mejorar las condiciones económicas de los trabajadores en Colombia. Tal como reportó la agencia Europa Press, esta aspiración gubernamental ha encontrado un obstáculo con la decisión tomada por el Consejo de Estado que suspendió de manera provisional el incremento del salario mínimo, medida que el presidente colombiano calificó como una vulneración de la Constitución. El Consejo de Estado otorgó al Ejecutivo un plazo de ocho días para presentar un nuevo decreto de ajuste salarial bajo parámetros explícitos.

El fallo del Consejo de Estado dejó sin efecto, de manera temporal, el aumento del 23,7% aprobado por el Gobierno, que elevaba el salario mínimo oficial para 2026 a 1,7 millones de pesos colombianos, con la posibilidad de alcanzar dos millones al sumar los subsidios de transporte. La suspensión afecta directamente a 2,4 millones de trabajadores, según detalló Europa Press, e implica que cualquier nuevo ajuste deba basarse en criterios como la meta de inflación determinada por la Junta Directiva del Banco Central, la productividad oficial, la inflación real del año anterior y el crecimiento del Producto Interior Bruto.

El presidente Petro reaccionó a la decisión judicial a través de sus redes sociales, donde expresó que, aunque respeta la labor de la Justicia, orientará su actuación conforme a la Constitución. “El Poder Judicial debe saber que el Gobierno se debe al voto que lo eligió”, declaró, insistiendo en que “el decreto de salario vital es ordenado por la Constitución y el decreto ya expedido tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en él”, según consignó Europa Press.

En sus publicaciones, el mandatario argumentó que la suspensión de un decreto que garantiza un salario mínimo vital compromete la Carta Magna al no permitir que el poder adquisitivo de los trabajadores se deteriore. Según Europa Press, Petro añadió que “dado el carácter social o antisocial que una medida sobre salarios debe tener”, realiza un llamado al pueblo trabajador colombiano para que se exprese ante la situación, invitando a la ciudadanía a manifestarse.

El jefe del Ejecutivo también destacó los objetivos que han guiado a su Gobierno desde el inicio, subrayando la intención de alcanzar consensos sociales amplios. Petro expresó su expectativa ante la respuesta del sector empresarial a su propuesta: “El gran capital dirá si al fin quiere un pacto social, que no es a su medida, o el enfrentamiento social y político”, según reportó Europa Press.

Europa Press puntualizó que la instrucción judicial establece un plazo de ocho días para que el Gobierno diseñe un nuevo decreto de salario mínimo. Dicho decreto debe basarse en los elementos exigidos por la ley, como la inflación proyectada por la autoridad monetaria, los datos oficiales de productividad, los registros de inflación anual pasada y el comportamiento del PIB nacional.

La decisión de suspender el aumento salarial representa un reto para el Ejecutivo, ya que detiene por ahora la implementación de una de las políticas económicas más emblemáticas de la administración Petro, cuyo propósito era revertir la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores colombianos. El ajuste salarial, aprobado previamente por el Gobierno, elevaba el salario mínimo a 1,7 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos 400 euros, y contemplaba incrementos adicionales a través de ayudas al transporte que permitirían alcanzar hasta los dos millones de pesos. La medida resultó en un incremento sustancial respecto al año anterior, alcanzando un 23,7% de subida.

Para Petro, la suspensión pone en juego no solo una decisión de política económica, sino el cumplimiento de la Constitución, que en su interpretación exige asegurar el acceso de los trabajadores a un salario vital, preservando su poder adquisitivo. A través de la convocatoria a la movilización social, el Gobierno busca respaldo ciudadano ante la decisión judicial, en un contexto en el que el Ejecutivo debe buscar alternativas para cumplir con los lineamientos legales y constitucionales en materia salarial.

La controversia en torno al aumento del salario mínimo y su posterior suspensión refleja las tensiones entre poderes y la complejidad de determinar los parámetros adecuados para los ajustes salariales en Colombia. Mientras el Consejo de Estado exige que el nuevo incremento se ajuste a criterios estrictamente técnicos y legales, el Gobierno subraya la necesidad de que tales decisiones tengan en cuenta el componente social y la protección del poder adquisitivo de los hogares más vulnerables.

A la espera de la respuesta del Ejecutivo y de las posibles manifestaciones de los trabajadores convocadas por el presidente, el proceso de ajuste salarial en Colombia queda momentáneamente en pausa. Europa Press remarca que el Ejecutivo aún dispone de ocho días para presentar una propuesta que cumpla con los requisitos tanto legales como sociales exigidos por los diferentes actores institucionales involucrados en la determinación del salario mínimo.