La ONU advierte del impacto del embargo de petróleo en los servicios esenciales en Cuba

Cifras proporcionadas por las Naciones Unidas señalan que más del 80% de los equipos de bombeo de agua en Cuba requieren electricidad para funcionar, lo que sitúa al suministro de agua potable en una situación crítica ante la persistente escasez de combustible y los cortes energéticos. Esta situación, según advirtió la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, pone en riesgo el acceso a servicios tan básicos como agua, alimentación y atención sanitaria en todo el país. El medio ONU News indicó que las restricciones sobre los envíos de petróleo, sumadas a décadas de embargo financiero y comercial, han intensificado el impacto negativo sobre los derechos humanos de la población cubana.

De acuerdo con el comunicado difundido por la Oficina del Alto Comisionado, la escasez de combustible en Cuba está teniendo repercusiones directas tanto en los hospitales como en la distribución de alimentos y el acceso a suministros esenciales. Según detalló la portavoz, las salas de cuidados intensivos y las unidades de emergencias han visto comprometido su funcionamiento, mientras la disponibilidad, almacenamiento y transporte de vacunas, sangre y medicamentos que requieren conservación a temperatura controlada se encuentran igualmente afectados. El medio puntualizó que los cortes de electricidad interrumpen un sinfín de procesos operativos ligados a la salud pública, lo que dificulta garantizar la prestación de atención médica integral y segura.

La ONU atribuyó el agravamiento de la crisis no solo al embargo económico de larga data sino también a las recientes restricciones impuestas por Estados Unidos en materia de petróleo. Reportó que el bloqueo incide de manera amplia e indiscriminada sobre la población civil, implicando riesgos adicionales para el funcionamiento de servicios cruciales. El comunicado del organismo internacional remarcó que "los objetivos de política no pueden justificar acciones que, en sí mismas, violan los Derechos Humanos", en referencia explícita al impacto de estas medidas sobre la vida cotidiana y la dignidad de la ciudadanía cubana.

Entre los sectores más afectados figura el suministro alimentario. De acuerdo con lo consignado por la ONU, la falta de combustible ha perjudicado la operatividad del sistema de racionamiento y la distribución de la canasta básica regulada, pilar de seguridad alimentaria y de protección social para millones de habitantes de la isla. La escasez de recursos energéticos impacta de forma negativa en las redes de apoyo social y en la capacidad estatal para responder eficazmente a las necesidades de los más vulnerables, según publicó el medio internacional.

El reporte advierte sobre las consecuencias de largo plazo que pueden derivarse del sostenimiento de las sanciones vigentes. La portavoz del Alto Comisionado subrayó, conforme recogió ONU News, que esta situación debilita la facultad del gobierno cubano para garantizar servicios esenciales y brindar asistencia a quienes más lo requieren, lo que puede aumentar el riesgo de tensiones sociales. "El acceso a bienes y servicios esenciales, incluidos alimentos, agua, medicamentos y un suministro adecuado de combustible y electricidad, debe salvaguardarse siempre, ya que son fundamentales en las sociedades modernas para el derecho a la vida y la posibilidad de disfrutar de muchos otros derechos", remarcó la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

En su declaración, el organismo también reiteró el llamado a que todos los Estados levanten las medidas sectoriales unilaterales, insistiendo en que su impacto se percibe en todas las capas de la población local sin distinción. Según apuntó la ONU, la combinación de los efectos del embargo, la escasez de combustible y los fenómenos meteorológicos extremos ha profundizado la emergencia social y económica dentro de la isla, dejando a muchas familias sin certezas respecto al suministro de los recursos más básicos.

La declaración del Alto Comisionado destacó la importancia de que las autoridades cubanas se mantengan preparadas para responder a la crisis conforme a los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El documento instó al gobierno de La Habana a priorizar la protección de los sectores más vulnerables, fomentar la mediación y la desescalada de posibles tensiones sociales y garantizar los derechos a la reunión pacífica y la libertad de expresión para toda la población, tal como reportó la ONU.

De acuerdo con la portavoz, el impacto sostenido de las sanciones compromete la capacidad estatal para ofrecer servicios públicos y sociales esenciales, lo que a su vez incrementa el riesgo de disturbios o malestar entre la ciudadanía. La ONU también alertó del efecto dominó que podría generar la prolongación de la actual situación, ya que al obstaculizar la prestación de servicios básicos se limita el ejercicio de otros derechos fundamentales, y se acrecienta la vulnerabilidad de amplios sectores poblacionales.

El medio destacó que la crisis socioeconómica de Cuba se desarrolla en un contexto de crecientes dificultades internas acentuadas por factores externos, lo que configura un desafío de gran magnitud para la gestión gubernamental y el respeto de los derechos humanos básicos. La Organización de Naciones Unidas sostiene que la protección de servicios esenciales debe situarse por encima de cualquier objetivo político o comercial en toda actuación internacional hacia el país caribeño.