La jueza federal Nancy Brasel ordenó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) proporcionar acceso inmediato y facilitado a la asistencia legal para los migrantes detenidos en Minnesota, al identificar graves obstáculos que dificultaron el ejercicio de sus derechos legales durante recientes operativos en ese estado. Según detalló la jueza, el ICE impidió que decenas de migrantes pudieran comunicarse con sus abogados, contribuyendo a lo que describió como la “práctica extinción” de los derechos de los detenidos. De acuerdo con la información publicada por distintos medios y en línea con el fallo al que accedió la prensa, se detectaron deficiencias estructurales en el acceso a recursos legales tras las detenciones.
El medio consigna que la jueza, nominada por el expresidente Donald Trump, desestimó el argumento del ICE referente a la carencia de recursos para establecer llamadas entre los migrantes y sus defensores. Según el fallo, la jueza subrayó que el ICE movilizó miles de agentes y organizó la detención y alojamiento de una cantidad considerable de personas, señalando que la agencia “no puede quedarse sin recursos de forma repentina cuando se trata de proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos”. En su decisión, la jueza Brasel especificó que los migrantes deben contar con llamadas telefónicas gratuitas y confidenciales dentro de las primeras 24 horas tras el arresto y recibir, como mínimo, una llamada adicional cada 12 horas después de ese plazo.
El texto judicial también impone al ICE la obligación de programar una visita con los abogados de los detenidos en las primeras seis horas tras solicitarla, o en las primeras 16 horas si la petición se presentó después de las 16:00. Tal como informó la prensa estadounidense, la jueza concluyó que el Gobierno estadounidense introdujo obstáculos que, a su entender, podrían equivaler a una vulneración del derecho fundamental de los arrestados a recibir asesoría legal efectiva. El fallo subraya que, “los acusados parecen reconocer implícitamente que estas prácticas son inconstitucionales y se desviven por explicar que no las están poniendo en práctica”.
La decisión de la corte tiene lugar tras meses de denuncias y quejas sobre el trato dispensado a los migrantes detenidos en Minnesota, estado donde el ICE ha realizado operativos de magnitud con la participación de miles de agentes. Según reportó la prensa, estas actuaciones han derivado en la detención de numerosos migrantes, que posteriormente enfrentaron dificultades notables para acceder a sus abogados, realizando en algunos casos múltiples intentos infructuosos para comunicarse tras ser arrestados.
El contexto del fallo se enmarca en un clima de tensión y alta visibilidad pública para las acciones del ICE en el estado. Hacia finales de enero, un juez federal de Minnesota emitió una citación para el director interino del ICE, Todd Lyons, después que este se rehusara a acatar órdenes previas destinadas a corregir irregularidades en el acceso al sistema judicial de los migrantes. Tal como consignó el medio, dicha citación perseguía que Lyons compareciera ante el tribunal y justificara el comportamiento de la agencia, enfrentando además la posibilidad de sanciones por desacato judicial.
En paralelo a estas acciones legales, las actividades del ICE en Minnesota han provocado manifestaciones y protestas en varios puntos de Estados Unidos. Las preocupaciones han provenido de distintos sectores, incluyendo defensores de los derechos humanos, abogados y comunidades vulnerables afectadas directamente por los operativos. De acuerdo con reportes periodísticos, integrantes de la sociedad civil han cuestionado los procedimientos utilizados y han insistido en la necesidad de garantizar la protección de los derechos fundamentales de los migrantes, con especial énfasis en el acceso efectivo a la representación legal.
La situación adquirió aún mayor resonancia tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero que perdió la vida como consecuencia de los disparos realizados por un agente de la Patrulla Fronteriza en el transcurso de un operativo de captura de un extranjero en el centro de Minneapolis. De acuerdo con lo publicado por los medios, Pretti falleció por las heridas recibidas mientras se encontraba reducido por las fuerzas de seguridad, hecho que ocasionó repercusiones y controversias sobre el uso de la fuerza durante los arrestos migratorios y el impacto ocasionado en la población local.
El fallo de la jueza Brasel obliga al ICE a implementar cambios sustanciales en los procedimientos bajo los cuales opera en Minnesota. Según detalló la resolución, el cumplimiento de las nuevas medidas se vigilará para asegurar que los migrantes arrestados puedan ejercer de manera plena su derecho constitucional a la asistencia legal. Diversos actores sociales y organismos han expresado su expectativa sobre la aplicación rigurosa de estas disposiciones, que para ellos constituyen una garantía mínima para evitar la indefensión de quienes enfrentan procesos migratorios y judiciales complejos.
El caso sigue en desarrollo y la atención pública se mantiene sobre las próximas actuaciones tanto de las autoridades federales como de los defensores de derechos en la región.
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