Presentan demanda para impugnar redada en la que 400 personas fueron detenidas en Idaho

Juana Rodríguez y su hijo de tres años, ambos ciudadanos estadounidenses, pasaron horas detenidos durante una redada migratoria realizada en un evento comunitario en Idaho. Durante ese tiempo, Rodríguez permaneció esposada mientras su hijo se aferraba a uno de sus bolsillos. Según informó EFE, Rodríguez relató posteriormente en la demanda: “Nunca olvidaré escuchar su vocecita suplicándome que le diera comida y agua durante horas. Como madre, no hay nada más desgarrador que escuchar a tu hijo llorar de miedo y que te digan que no puedes abrazarlo ni consolarlo”. Este episodio forma parte central de la demanda presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) contra el operativo migratorio realizado durante una celebración familiar en Wilder, Idaho, el 19 de octubre.

De acuerdo con EFE, la ACLU presentó el martes una demanda para impugnar la actuación de las autoridades migratorias en ese evento, donde aproximadamente cuatrocientas personas, incluidos ciudadanos estadounidenses y menores, resultaron detenidas por varias horas en el estadio La Catedral de la localidad de Wilder, una comunidad agrícola del oeste de Idaho. El operativo involucró a más de doscientos agentes de diferentes niveles —federal, estatal y local— quienes llegaron al lugar con helicópteros, camiones blindados, armas y granadas aturdidoras.

El medio EFE detalló que los oficiales irrumpieron de manera contundente, empleando balas de goma y granadas aturdidoras incluso contra vehículos ocupados. Varias familias, entre ellas las mencionadas en la demanda, fueron esposadas y sometidas a trato violento y degradante durante varias horas. Sectores de la comunidad han denunciado que los agentes migratorios, incluidos miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), usaron una fuerza desproporcionada, llegando a empujar al suelo a personas que, aseguran, acataron todas las órdenes impartidas por las autoridades. Varias de ellas también reportaron haber sido retiradas a la fuerza de sus automóviles.

En la presentación judicial, la ACLU argumenta que los demandantes fueron objeto de un trato inhumano. Jenn Rolnick Borchetta, representante de la organización, afirmó en un comunicado citado por EFE: “Nuestros demandantes fueron tratados de forma inhumana porque ICE y sus colaboradores voluntarios creen que pueden ignorar los derechos fundamentales si eso les lleva a arrestos migratorios”. Borchetta sostuvo además que “la administración puede sugerir que este abuso está exento de consecuencias legales, pero no es así, y tenemos la intención de demostrarlo en los tribunales”.

Esta querella legal cuenta con el apoyo de tres familias latinas, todas ellas integradas por ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales. Según publicó EFE, el caso marca el primer reto judicial considerable en el segundo período presidencial de Donald Trump contra las tácticas migratorias del ICE, que los demandantes consideran discriminatorias por motivos étnicos.

El evento en cuestión, las tradicionales carreras de caballos de Wilder, constituye una festividad de larga tradición dentro de la comunidad latina y mexicana de la región. El medio EFE especificó que la celebración tenía carácter familiar, por lo que entre los asistentes afectados se encontraban numerosos menores de edad.

Leo Morales, director ejecutivo de la ACLU en Idaho, declaró —siguiendo lo informado por EFE— que el propósito de la demanda consiste en buscar rendición de cuentas y prevenir que hechos similares ocurran otra vez. Morales señaló que, aunque ninguna acción legal puede deshacer el daño experimentado por quienes estuvieron presentes durante la redada, la organización aspira a establecer un precedente para la protección de los derechos civiles ante operativos de este tipo.

La denuncia presentada aborda en detalle las supuestas violaciones a los derechos constitucionales de los afectados y resalta el impacto que la intervención de las autoridades tuvo sobre familias completas, incluidas personas menores de edad y ciudadanos estadounidenses. Según consignó EFE, documenta no solo el uso de la fuerza, sino también las condiciones de detención a las que fueron sometidos los asistentes, quienes permanecieron retenidos durante horas sin acceso a alimentos ni agua.

De acuerdo con la información recogida por EFE, el operativo desplegó recursos policiales significativos, como helicópteros y vehículos blindados, y se utilizó equipo antimotines para asegurar el control total del evento. La magnitud del despliegue y los métodos empleados han suscitado un debate sobre la proporcionalidad de la acción y la presunta discriminación que, sostiene la ACLU, motivó la actuación.

El caso continúa su curso judicial mientras organizaciones de derechos civiles y representantes de la comunidad latina en Idaho siguen denunciando lo que consideran actuaciones discriminatorias y contrarias a las garantías fundamentales establecidas por la legislación de Estados Unidos.