FADSP considera Ley de Gestión Pública un "avance histórico hacia el blindaje" de la sanidad pública

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) propuso que el anteproyecto de Ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) incorpore medidas como la integración progresiva de las mutualidades de funcionarios (MUFACE, MUGEJU, ISFAS) en el SNS, con el propósito de evitar la existencia de circuitos paralelos financiados con dinero público y fortalecer así un modelo sanitario único, universal y solidario. Según publicó la FADSP, la nueva norma propone una transformación significativa respecto a la tendencia de privatización que predominó en años recientes y la califica como un “avance histórico hacia el blindaje” de la sanidad gestionada públicamente.

La federación expuso, según consignó el medio original, que la ley tiene como uno de sus objetivos esenciales asegurar que tanto la gestión como la provisión sanitaria permanezcan bajo titularidad pública, adoptando criterios de universalidad, equidad y calidad para todo el territorio y para todas las administraciones vinculadas al sector sanitario. El texto legal prevé que la administración directa, ejercida por entidades públicas, sea la forma predeterminada de gestión hospitalaria y asistencial, restringiendo las fórmulas de gestión indirecta a situaciones excepcionales y justificadas.

El procedimiento para optar por una externalización o gestión indirecta incluirá, conforme reportó la FADSP, la exigencia de una memoria justificativa, el análisis de comités de evaluación paritarios, y la obligación de publicar tanto el proceso como las decisiones adoptadas. Esta disposición introduce, a juicio de la federación, mecanismos de vigilancia y de cultura de control que antes habían sido insuficientes. La nueva ley también refuerza la exigencia de transparencia y de buen gobierno, al establecer la publicación obligatoria de información sobre contratos públicos, conciertos sanitarios, resultados de salud y calidad, junto a indicadores específicos de cada centro, definidos de manera conjunta en el Consejo Interterritorial del SNS.

Otra de las novedades destacadas por la FADSP en sus declaraciones, recogidas por la fuente, es la priorización de las entidades sin ánimo de lucro en los procedimientos de contratación pública sanitaria. El texto legislativo fija criterios de desempate que favorecen a este tipo de organizaciones, y fomenta la reserva de servicios de salud según las directrices del marco normativo europeo. Además, el anteproyecto determina que los hospitales privados que cuenten con acuerdos específicos con la sanidad pública deberán prestar atención en condiciones de gratuidad y sin ánimo de lucro, en línea con los objetivos de eficiencia y cohesión social del sistema estatal.

El medio informa también que la FADSP plantea varias recomendaciones para mejorar el alcance y la eficacia de la nueva ley. Entre ellas, pide especificar con mayor concreción cuándo es posible recurrir a la gestión indirecta, exigiendo siempre una evaluación previa, incluso en contratos de importe menor dentro de aquellas áreas sanitarias consideradas especialmente sensibles. Asimismo, la federación solicita que a partir de esta nueva norma se desarrollen planes autonómicos orientados a fortalecer los recursos públicos propios y a disminuir de manera gradual la dependencia de conciertos y externalizaciones, con énfasis en destinar más inversiones a la red pública.

En relación a las condiciones laborales, la FADSP subraya la necesidad de establecer criterios uniformes y públicos en relación al personal vinculado a consorcios y entidades de gestión pública. El objetivo consiste en evitar fragmentaciones o diferencias injustificadas y garantizar que todos los trabajadores incluidos en la prestación de servicios para el SNS cuenten con condiciones equiparables al resto de la plantilla en el ámbito público.

Además, la organización solicita que se asegure la participación de agrupaciones defensoras de la sanidad pública, como la propia FADSP, tanto en el grupo técnico encargado de elaborar el informe sobre experiencias en gestión sanitaria como en los procesos destinados a definir los indicadores y mecanismos de control pertinentes dentro del Consejo Interterritorial del SNS.

Estas propuestas, según detalló la FADSP y reportó la fuente original, buscan aprovechar al máximo las oportunidades que representa el anteproyecto y consolidar el carácter público, transparente y equitativo del sistema sanitario, reduciendo espacio a las fórmulas de gestión indirecta y priorizando el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria estatal.