El parlamento noruego ha establecido una comisión independiente para examinar posibles conexiones entre figuras destacadas del país y Jeffrey Epstein, según reportó EFE. Esta comisión incluye la revisión de los vínculos del ex primer ministro y ex secretario general del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland, así como los del exministro de Exteriores Børge Brende y la princesa Mette-Marit. La decisión política noruega surge al mismo tiempo que Jagland enfrenta una investigación penal y coincide con un momento de atención mediática tras la publicación de documentos estadounidenses sobre el caso Epstein.
El Consejo de Europa, en respuesta a una solicitud formal de las autoridades noruegas, suspendió la inmunidad de Jagland, quien ocupó el puesto de secretario general entre 2009 y 2019. Según informó EFE, la medida permite que la fiscalía de Noruega proceda judicialmente contra Jagland por presuntas irregularidades relacionadas con el escándalo de Epstein. Esta decisión se enmarca luego de revelaciones periodísticas que comenzaron en noviembre de 2025 y que se centran en archivos divulgados por autoridades judiciales de Estados Unidos dentro del proceso penal contra Epstein, quien fue condenado por delitos de abuso sexual a menores.
Una investigación interna desarrollada por el Consejo de Europa durante noviembre y diciembre, con cierre en enero pasado, buscó documentar hechos verificables y sostener la respuesta institucional adecuada ante los indicios de conducta inapropiada asociados a Jagland. El secretario general actual de la organización paneuropea, Alain Berset, informó mediante un comunicado que esta revisión se propuso resguardar la integridad y reputación del Consejo. Al concluirla, Berset recomendó a los Estados miembros que suspendieran la inmunidad de Jagland. “Esto permitiría al sistema judicial noruego realizar su trabajo y al señor Jagland, de ser procesado, defenderse”, expresó el funcionario.
Según detalla EFE, la fiscalía de Noruega abrió un expediente de investigación contra Jagland por sospechas de corrupción agravada, con relación a su contacto con Epstein durante los años 2016 a 2018. Durante este periodo, ambos mantuvieron conversaciones sobre una posible inversión inmobiliaria conjunta y discutieron la opción de un viaje a la isla privada de Epstein, aunque el desplazamiento nunca llegó a concretarse. Jagland reconoció públicamente que estos encuentros y comunicaciones representaron “mal juicio” por su parte, aunque remarcó que dichas actuaciones no estaban vinculadas a aspectos personales o privados de Epstein.
El foco de las pesquisas noruegas está puesto en determinar si Jagland se benefició de regalos, préstamos, viajes u otras contrapartidas aprovechando su posición institucional, reveló EFE. Las indagaciones también examinan posibles conflictos de interés y si estos hechos pueden configurar algún tipo de delito relacionado con su cargo en organismos internacionales.
La suspensión de la inmunidad no solo afecta la situación judicial de Jagland, quien también lideró el Comité Nobel de la Paz en el pasado, sino que representa una medida inusual para altos funcionarios de organismos internacionales con fuero diplomático. De acuerdo con lo difundido por EFE, la investigación adquiere relieve dado el impacto que los documentos estadounidenses y las investigaciones periodísticas han tenido sobre la percepción pública del caso Epstein y sus posibles ramificaciones internacionales.
La comisión parlamentaria independiente, propuesta y aprobada en Noruega, concentrará sus esfuerzos en analizar a fondo los eventuales nexos entre ciudadanos noruegos de relevancia y Jeffrey Epstein, con el compromiso de esclarecer los hechos y evaluar la pertinencia de medidas institucionales o legales adicionales, según publicó EFE. Los nombres de Jagland, Brende y la princesa Mette-Marit figuran en la lista de personas cuya relación con el financiero estadounidense será objeto de revisión.
El proceso que involucra a Jagland y otros altos cargos noruegos se produce tras el cierre de la investigación interna realizada por el Consejo de Europa, cuyos resultados motivaron la recomendación de suspender la inmunidad institucional. El asunto permanece bajo el seguimiento de autoridades nacionales y de los organismos paneuropeos implicados, en un contexto en el que la transparencia y la rendición de cuentas institucional se han convertido en ejes centrales del debate público, según consignó EFE.
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