
El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Pigott, señaló mediante un comunicado oficial que existen preocupaciones sobre la vulnerabilidad institucional en varias naciones del Pacífico, destacando oportunidades para la injerencia extranjera debido a casos recientes de corrupción. Este contexto rodea la decisión de Washington de imponer sanciones al presidente del Senado de Palaos, Hokkons Baules, a quien acusa de haber aceptado sobornos para favorecer intereses de actores vinculados a China, según informó el medio Europa Press.
La sanción contra Baules fue comunicada el martes a través de un documento difundido por la cartera de Exteriores estadounidense. Allí se detalla que el alto dirigente parlamentario de Palaos habría recibido pagos ilegales para respaldar “intereses gubernamentales, empresariales y criminales de China”, lo que, según el comunicado, tendría consecuencias negativas para los intereses de Estados Unidos en la región. Esta decisión se anuncia en medio de un periodo en el que el presidente de Palaos, Surangel Whipps Jr., manifestó abiertamente su rechazo a la injerencia china en el país, llegando a declarar estar “ya en guerra con China”, según consignó Europa Press.
Durante los últimos meses, Estados Unidos y Palaos han profundizado sus lazos bilaterales, sellando a finales de diciembre un memorando de entendimiento que incluía el compromiso de Washington de aportar 7,5 millones de dólares, equivalentes a 6,3 millones de euros, destinados a cubrir el costo de acoger hasta setenta y cinco personas deportadas de terceros países desde Estados Unidos. No obstante, el Senado de Palaos bloqueó la puesta en marcha de este acuerdo tras celebrarse una votación a fines de enero, lo que generó incertidumbre respecto al rumbo de la cooperación entre ambas naciones, reportó Europa Press.
La medida anunciada por el Departamento de Estado implica la prohibición de ingreso a territorio estadounidense tanto para Hokkons Baules como para sus familiares directos. Esta acción busca reforzar, en palabras del Departamento, “el compromiso de Estados Unidos de combatir la corrupción global que afecta sus intereses”, según figuró en el comunicado citado por Europa Press.
El mismo documento oficial presentado por Thomas Pigott también incluye la sanción a Anderson Jibas, exalcalde de la comunidad del Atolón Bikini y de las islas Kili y Ejit, en Islas Marshall, por haber cometido actos de corrupción y malversación de fondos estadounidenses durante su mandato. Según reportó Europa Press, Jibas fue acusado de manipular a su favor fondos pertenecientes al Fondo Fiduciario para el Reasentamiento de Bikini, recursos que proporcionaba el gobierno de Estados Unidos en beneficio de los supervivientes y descendientes de los afectados por los ensayos nucleares realizados en las décadas de 1940 y 1950 en el Atolón Bikini, que fueron luego traslados a las islas mencionadas.
De acuerdo con la versión oficial reproducida por Europa Press, el hecho de que Jibas orquestara y se beneficiara económicamente a través de diversos esquemas de apropiación indebida derivó en el robo de una cantidad significativa de estos fondos. Esta situación, según el comunicado atribuido a Pigott y recogido por Europa Press, conllevó consecuencias negativas para las islas, como la pérdida de empleos, problemas de inseguridad alimentaria, aumento de migración hacia Estados Unidos y problemas con la provisión de electricidad estable.
El Departamento de Estado lamentó además que la ausencia de responsabilidades claras respecto a las acciones de Jibas haya deteriorado la confianza ciudadana en el Gobierno de Islas Marshall, abriendo posibilidades para que actores extranjeros —entre ellos China, según el comunicado— ejerzan influencia en la zona.
Tanto Palaos como Islas Marshall mantienen relaciones oficiales con Taiwán en un escenario en el que la República Popular China continúa reclamando la soberanía sobre la isla. Europa Press detalló que ambos países albergan infraestructuras de relevancia para Estados Unidos, como la base de pruebas para las defensas antimisiles en el atolón de Kwajalein, en Islas Marshall, o múltiples pistas de aterrizaje en territorio palauano.
La administración estadounidense señaló, mediante su portavoz adjunto, que la decisión de sancionar a Baules y a Jibas tiene como objetivo enviar una señal contra la apropiación indebida de fondos y el uso del poder público en beneficio propio. Europa Press enfatizó que, según el pronunciamiento, estas medidas buscan impedir que quienes han detentado posiciones oficiales y se hayan enriquecido por vías ilícitas puedan trasladarse a territorio estadounidense o gozar de privilegios migratorios, extendiendo esta prohibición a sus familiares cercanos.
Estos acontecimientos ocurren en un contexto en el que la competencia entre Estados Unidos y China por influencia en el Pacífico resulta cada vez más evidente, y donde la administración estadounidense observa con preocupación la interferencia de actores externos en gobiernos e instituciones locales. Según publicó Europa Press, la administración de Washington sostiene que la lucha contra la corrupción y la defensa de la transparencia sigue formando una de las prioridades de la política exterior en la región, en consonancia con su interés estratégico por el mantenimiento de la estabilidad y las alianzas diplomáticas en el Pacífico.
Además, la aplicación de las sanciones contra los funcionarios señalados responde, detalló Europa Press, a la intención de castigar conductas que, desde la perspectiva estadounidense, atentan tanto contra el correcto uso de fondos públicos como contra su influencia regional. Se considera que la imposición de sanciones puede funcionar, a la vez, como advertencia para otros actores públicos y posiciona a Estados Unidos como defensor de la transparencia y de los estándares democráticos en áreas consideradas estratégicas.
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