La petición del magistrado Juan Carlos Peinado para que la Oficina Nacional de Información del Pasajero concrete los desplazamientos de Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez abarca los viajes realizados desde el 16 de julio de 2018 hasta la fecha actual. Esta solicitud se produce tras la negativa de ambas a entregar sus pasaportes, lo que ha llevado al juez a buscar otras vías para esclarecer la información relacionada con los destinos mencionados: República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y Rusia. Según informó Europa Press, el juez estableció un plazo de diez días al Ministerio del Interior para que remita los datos requeridos sobre estos desplazamientos internacionales.
En la misma resolución judicial, detalló Europa Press, Peinado pidió además a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno la entrega de los correos electrónicos enviados y recibidos a través de la cuenta asignada a Begoña Gómez durante el mismo periodo. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil será la encargada de analizar la información obtenida de estos correos, según resolvió el magistrado en el auto.
El juez Juan Carlos Peinado justificó la nueva resolución debido a la negativa de las investigadas a colaborar entregando sus pasaportes. En el auto recogido por Europa Press, el magistrado señaló “la escasa o casi nula colaboración con la Administración de Justicia por las investigadas, en total ejercicio de sus derechos fundamentales, acogiéndose a su derecho a no declarar como investigadas, salvo en una ocasión por parte de Begoña Gómez, que lo hizo tan solo a preguntas de su abogado”.
En el mismo documento, Peinado se refirió a la posición adoptada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esposo de Gómez. El juez afirmó que Sánchez, cuando tuvo la oportunidad de colaborar en la investigación, decidió acogerse a la dispensa, lo cual reconoció como una postura legítima. No obstante, el instructor señaló que la negativa a facilitar los pasaportes obliga a la investigación a recurrir a otras diligencias, como las recientemente acordadas en esta resolución, considerándolas necesarias y adecuadas para el esclarecimiento de los hechos. El magistrado apuntó también que existen otras vías de investigación posibles, como la entrada y registro en los domicilios de las investigadas, aunque consideró que esa diligencia sería desproporcionada.
La investigación judicial, encabezada por el magistrado Peinado, analiza posibles delitos cometidos por Begoña Gómez, entre los que están tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación, detalló Europa Press. Según la información difundida por este medio, el proceso examina tanto los movimientos físicos como la correspondencia electrónica de la esposa del presidente del Gobierno y de su colaboradora, con la finalidad de determinar si existieron conductas constitutivas de delito.
La decisión del juez de requerir información por vías alternativas siguió al ejercicio del derecho de defensa de las investigadas, quienes hasta la fecha optaron por no entregar su documentación personal, salvo una comparecencia de Gómez en la que se limitó a responder a su abogado. Europa Press puntualizó que, ante la imposibilidad de comprobar los viajes directamente mediante los pasaportes, el magistrado consideró fundamental contar con los informes oficiales del Ministerio del Interior y los registros de comunicaciones que puedan aportar luz sobre los hechos investigados.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, mencionada en la resolución judicial, se encargará del análisis y tratamiento de la documentación remitida por la Secretaría General de Presidencia, en especial la correspondencia digital, conforme a lo estipulado por el juez. El juez Peinado detalló en su auto que la adopción de estas medidas tiene como objetivo evitar la adopción de procedimientos más invasivos como los registros domiciliarios, reservando estas opciones para casos de mayor gravedad o ausencia absoluta de cooperación.
Europa Press también indicó que la investigación permanece activa y abierta a la incorporación de nuevos elementos de prueba, a medida que las entidades requeridas respondan a las peticiones judiciales. Todas estas medidas integran las líneas de investigación sobre la conducta de Gómez y Álvarez en el contexto del ejercicio de sus funciones y sus posibles implicaciones penales.
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