La Eurocámara da luz verde a la relajación de las reglas sobre países seguros para agilizar las deportaciones

La posibilidad de incluir en la lista común de países de origen seguros a casi todos los Estados candidatos a la adhesión, como Turquía, Kosovo y Albania, constituye un aspecto relevante del marco aprobado por el Parlamento Europeo. Según informó el pleno reunido en Estrasburgo (Francia), estos países podrán figurar en la lista salvo en casos de violencia indiscriminada debido a conflictos armados, cuando la tasa de reconocimiento de asilo de sus nacionales en la Unión Europea supere el 20 %, o si existen sanciones económicas que afecten derechos y libertades fundamentales. Esta medida, acorde a lo consignado por el Parlamento Europeo, se adopta en el contexto de una reforma amplia a la legislación migratoria, orientada a agilizar las deportaciones de solicitantes de asilo rechazados mediante la relajación de las normas sobre países terceros considerados seguros y las condiciones de retorno.

De acuerdo con el medio que cubrió la sesión plenaria, la reforma que flexibiliza las reglas sobre países terceros seguros y que facilita su designación para el retorno de migrantes fue aprobada con 396 votos a favor, 226 en contra y 30 abstenciones. Esta iniciativa elimina la exigencia de una “conexión” previa entre el migrante y el país al que será devuelto y valida la posibilidad de acuerdos bilaterales para externalizar la acogida de solicitantes, modelos ya explorados de manera bilateral por países como Italia mediante pactos con Albania. El propósito central, según detalló la Eurocámara, es permitir procedimientos más expeditos para la expulsión de quienes reciben una denegación en su solicitud de asilo, reduciendo los obstáculos hasta ahora existentes para su retorno.

En paralelo, el Parlamento Europeo dio luz verde a la creación de la primera lista europea de “países de origen seguros”, que busca unificar y acelerar los retornos de nacionales cuyas peticiones de asilo la Unión considera previsiblemente infundadas por la existencia de suficientes garantías de seguridad en sus países de origen. Esta reforma obtuvo el respaldo de 408 eurodiputados, frente a 184 rechazos y 60 abstenciones. La inclusión en este listado no es definitiva: la Comisión Europea quedará responsable de monitorear regularmente las circunstancias sociales y políticas de los países incluidos y de los candidatos, determinando en consecuencia si resulta pertinente modificar, suspender o eliminar su presencia en la lista. La norma contempla que un país pueda ser temporal o permanentemente excluido de la lista según la evolución de factores tales como conflictos internos generalizados, aumentos en las tasas de reconocimiento de asilo o la imposición de sanciones internacionales.

El grupo inicial de países identificados comprende a Colombia, Bangladesh, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez. Todos ellos serán considerados “seguros” a efectos migratorios tras la aplicación de la nueva directiva, a reserva de posibles revisiones. Los países miembros de la Unión Europea conservan, no obstante, la facultad de declarar otras naciones como seguras a nivel nacional, incluso si no forman parte del listado común. De esta manera subsistirá un margen de flexibilidad para responder a las necesidades concretas de cada Estado miembro.

La adopción de la reforma no contó con la unanimidad de todos los Estados de la Unión. España manifestó su oposición a los cambios introducidos, rechazando las novedades por considerar que pueden limitar la eficacia de las garantías de derechos fundamentales en el proceso de retorno. El medio que cubrió la votación informó que la delegación española cuestionó la compatibilidad de la nueva normativa con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, insistiendo en que estas modificaciones podrían dificultar la protección obligada a personas en situación de riesgo.

La entrada en vigor de la lista común implicará que el peso de la prueba recaerá en los solicitantes de asilo: deberán demostrar con evidencias concretas que existen motivos fundados para temer persecución o daños graves en caso de retorno, a pesar de que su país figure como seguro en el listado europeo. Esta exigencia supone un cambio importante en el procedimiento de análisis de las solicitudes. La lista tendrá carácter dinámico, permitiendo a la Unión Europea adaptarla con agilidad ante la evolución de las condiciones sobre el terreno, y la Comisión supervisará su correcta aplicación y actualización.

La validación de acuerdos bilaterales que permiten a los Estados miembros externalizar la acogida de solicitantes, siguiendo ejemplos recientes como el de Italia con Albania, representa una nueva orientación en la política migratoria europea, reportó el mismo medio. Esta alternativa abre la puerta a diferentes fórmulas de gestión migratoria y de asilo, habilitando a los países europeos a negociar directamente con Estados terceros para atender parte de los procedimientos fuera del territorio de la Unión.

Las disposiciones ratificadas por el Parlamento Europeo buscan responder al aumento de solicitudes de asilo y a la presión sobre los sistemas nacionales, impulsando la cooperación y la uniformidad de criterios en el retorno de migrantes y solicitantes rechazados. Según el medio que cubrió la jornada en Estrasburgo, el marco creado por estas dos reformas dota a la Unión Europea de nuevas herramientas para gestionar el fenómeno migratorio, al tiempo que instala un debate entre los Estados sobre la suficiencia de las garantías jurídicas y la protección de derechos fundamentales.