El diario ‘Apple Daily’ y las empresas asociadas al medio han sido identificados como vehículos de publicaciones consideradas sediciosas por parte del Tribunal Superior de Hong Kong, tras emitirse un fallo que involucra no solo a personas físicas sino también jurídicas. El empresario Jimmy Lai, de 78 años, recibió una sentencia de 20 años de prisión, acusado de conspirar con fuerzas extranjeras y de producir contenidos subversivos, según informó la agencia de noticias china Xinhua.
De acuerdo con lo publicado por Xinhua, la decisión judicial afecta tanto a Lai como a tres de sus compañías: Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited y Apple Daily Internet Limited. El tribunal halló culpables a los acusados de conspiración para emitir materiales sediciosos y de conspirar con entidades externas, resultando en sanciones penales no solo para el magnate sino también para estas empresas. La condena a Lai incluye, además, una sentencia particular sobre colaboración con agentes extranjeros.
El proceso judicial contó con una audiencia final de apenas diez minutos, lo que marcó el cierre de un caso que se inició en 2023, informó Xinhua. El veredicto tuvo efecto inmediato sobre seis ex altos directivos del medio, quienes previamente reconocieron su culpabilidad y recibieron penas que oscilan entre seis años y nueve meses y diez años de prisión, detalló el ‘South China Morning Post’. Por su parte, otros dos activistas resultaron sentenciados a siete años y tres meses de encarcelamiento relacionados con estos mismos hechos.
El medio South China Morning Post destacó que este no constituye el primer enfrentamiento de Jimmy Lai con la justicia local. Lai fue detenido en diciembre de 2020 en el marco de la ley de seguridad nacional, una normativa impulsada por el gobierno central en Pekín que castiga con penas severas la sedición y la colaboración con intereses extranjeros en Hong Kong. Desde este arresto, el empresario ha permanecido bajo custodia, situación que se extendió mientras avanzaban las investigaciones y el juicio en su contra.
En abril de 2021, Lai fue previamente condenado a cinco años y nueve meses de prisión por fraude y su participación en una protesta sin autorización. Esta causa también derivó en sentencias de prisión para otros miembros de la oposición política hongkonesa. Según consignó Xinhua, la ley de seguridad nacional utilizada como base en su persecución penal ha sido motivo de intensos cuestionamientos tanto a nivel interno como internacional.
El caso de Jimmy Lai ha generado reacciones a escala mundial y se interpreta como un ejemplo del trato de las autoridades chinas hacia la disidencia política en Hong Kong. Desde la entrada en vigor de la nueva legislación promovida por Pekín, han aumentado las acusaciones y sentencias relacionadas con la publicación de materiales considerados subversivos o por supuesta injerencia extraterritorial. La Unión Europea y la organización Human Rights Watch figuran entre las voces que han expresado críticas sobre la actuación de los tribunales de Hong Kong tras el veredicto de culpabilidad otorgado en diciembre de 2025, reportó ‘South China Morning Post’.
El contexto en que se ubica esta sentencia se remonta a las protestas masivas de 2019 contra el gobierno liderado entonces por Carrie Lam, movimientos que no tenían precedentes desde que el Reino Unido traspasó la soberanía de Hong Kong a China en 1997. El impacto de aquellas manifestaciones todavía se manifiesta en la gestión política y judicial del territorio, influyendo en cómo se abordan los temas vinculados a libertad de expresión y acción política, consigna el medio ‘South China Morning Post’.
El fallo dictado por el Tribunal Superior subraya el uso de la legislación de seguridad nacional como mecanismo legal para intervenir sobre medios de comunicación, activistas y empresas, ejemplificado en este caso por la actuación contra ‘Apple Daily’ y sus directivos, según los detalles aportados por Xinhua. Las condenas de prisión, tanto para Lai como para otros implicados, representan algunas de las sentencias más duras impuestas bajo el marco legal actual en la región administrativa especial. La continuidad de las críticas internacionales refleja la atención puesta en el carácter y las consecuencias de la aplicación de esta ley para la disidencia y el periodismo local.
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