El número de pisos turísticos en España desciende un 12,4% en el último año, hasta las 329.764 viviendas

Baleares, Galicia y Madrid han experimentado reducciones pronunciadas en su oferta de viviendas vacacionales, según datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El organismo detalló que esta caída forma parte de una tendencia generalizada en el sector de alquiler turístico español, en medio de la aplicación del registro obligatorio de alquileres de corta duración que entró en vigor el 1 de julio de 2025. El descenso en el total de pisos turísticos en el país ha alcanzado el 12,4% en el último año, situando el número de estos alojamientos en 329.764 a noviembre de 2025. El fenómeno viene acompañado de una revisión de los modelos de alojamiento en destinos clave, la identificación de miles de viviendas operando al margen de la normativa y una reducción significativa en las plazas disponibles para visitantes.

El medio INE informó que, en comparación con cifras de noviembre de 2024, la disminución ratifica un cambio palpable en la matriz de oferta turística en España. En mayo de 2025, la cantidad de apartamentos registrados resultaba incluso mayor, con 381.837 unidades, lo que sugiere una merma del 13,6% al considerar los dos últimos datos oficiales disponibles. Este ajuste en la oferta también repercute en el peso que las viviendas turísticas representan sobre el total de inmuebles: en noviembre de 2025 suponían el 1,24% del parque residencial, una proporción más baja frente al 1,43% de mayo de ese año y el 1,41% de noviembre anterior.

La desagregación por comunidades autónomas revela que Andalucía encabeza la lista nacional con 91.757 apartamentos turísticos. De acuerdo con las cifras del INE, este territorio registró un crecimiento del 1,2% en relación al periodo comprendido entre noviembre de 2024 y el mismo mes de 2025. Frente a este comportamiento, otros destinos relevantes han experimentado caídas notables: Canarias sumó 49.676 alojamientos, lo que representa una disminución del 3%; Comunidad Valenciana registró 48.411, un 25% menos; y Cataluña computó 46.915 apartamentos, mostrando un descenso del 11%.

Baleares se ubicó apenas por encima del umbral de las 19.000 viviendas turísticas, con 19.398 unidades y una variación negativa del 19,8%. Galicia, por su parte, contabilizó 15.236 apartamentos, sufriendo una contracción del 22,5%. Madrid, con 15.309 alojamientos para turismo de corta duración, mostró la mayor reducción relativa registrada hasta el momento, un 26% menos respecto al año anterior, según consignó el INE.

El impacto de la nueva normativa también se refleja en el número de plazas disponibles: en noviembre de 2025, el total nacional fue de 1,62 millones de plazas para turistas en apartamentos vacacionales, en contraste con las 1,89 millones del año anterior. Esta diferencia implica una pérdida del 14% de plazas en un solo año. Además, la capacidad media de cada vivienda bajó hasta 4,93 plazas por piso, siendo inferior al promedio de 5,04 plazas efectivamente registrado en la estadística previa.

Según la información recabada por el Instituto Nacional de Estadística, tras la entrada en vigor del registro obligatorio, el volumen total de solicitudes para operar en el alquiler de corta duración ascendió a 412.253. De estas, 320.620, lo que equivale al 78%, corresponden a la categoría de turismo, mientras que las 91.608 restantes, equivalentes al 22%, quedan enmarcadas en el segmento de alquiler de temporada que no corresponde directamente a la actividad turística.

En materia regulatoria, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha detectado un volumen considerable de actividad irregular en el sector. De acuerdo a lo notificado el 2 de febrero, se remitió a las plataformas digitales de alojamiento la identificación de 86.275 viviendas turísticas y temporales consideradas ilegales en todo el territorio nacional, solicitando la retirada de sus anuncios. Estos inmuebles fueron excluidos del registro oficial al no cumplir los requisitos previstos en la normativa, alineada con la directiva europea que exige a los Estados miembros la creación y mantenimiento de un registro único y armonizado para alquileres de corta duración, según reportó el INE.

Las viviendas consideradas irregulares son aquellas que, pese a haber solicitado su inclusión en el registro obligatorio, resultaron rechazadas por no satisfacer los requerimientos estipulados en la legislación vigente. Esta actuación constituye una de las medidas adoptadas para garantizar la trazabilidad y la supervisión efectiva de la oferta en el mercado de alojamientos turísticos, como reportó el INE.

La implantación del sistema de registro forma parte de una estrategia de control para limitar la proliferación de alquileres no regulados y, con ello, ajustar el equilibrio entre las necesidades residenciales de la población local y la demanda turística, de acuerdo con la información difundida por el Instituto Nacional de Estadística.