La reforma israelí que elimina la confidencialidad sobre la titularidad de las tierras en Cisjordania y suprime restricciones para que personas no musulmanas compren terrenos, junto con la creación de una autoridad municipal para la administración de la Tumba de Raquel en Belén, ha generado reacciones de rechazo entre gobiernos de mayoría musulmana. Según publicó el Ministerio de Exteriores saudí a través de sus redes sociales y reportó el medio de referencia, Arabia Saudí, junto con Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Indonesia, Pakistán, Egipto y Turquía, condenó la reciente decisión adoptada por el gabinete de seguridad de Israel, que refuerza el control sobre la administración de Cisjordania y amplía las competencias para autorizar asentamientos, confiscar terrenos y asumir la gestión de lugares religiosos.
El comunicado, difundido por el Ministerio de Exteriores saudí y reflejado por medios internacionales, califica como “ilegales” las medidas israelíes, afirmando que pretenden profundizar la “soberanía ilegal” en Cisjordania, incrementar la construcción en colonias israelíes y “crear una nueva realidad legal y administrativa” en ese territorio ocupado. De acuerdo con el texto, la meta de estas reformas apunta a “acelerar los intentos de anexión ilegal” y el desplazamiento de la población palestina. El mensaje subraya que “Israel no tiene soberanía en los territorios palestinos ocupados” y denuncia estas acciones como una violación del Derecho Internacional.
Entre los puntos específicos cuestionados por los ocho gobiernos en la declaración, se encuentra la transferencia de competencias sobre la construcción en la ciudad de Hebrón a manos israelíes, en lo que supone un cambio respecto a los acuerdos alcanzados en 1997, los cuales exigían que toda nueva obra fuera aprobada tanto por las instituciones israelíes como palestinas. El medio detalló que los ministros israelíes de Finanzas y Defensa, Bezalel Smotrich e Israel Katz, respectivamente, defendieron la reforma al considerar que supone un giro “dramático” para Cisjordania, al anular regulaciones jordanas previas, eliminar barreras vigentes en la región y facilitar lo que denominaron “desarrollo acelerado de asentamiento”.
De acuerdo con las explicaciones de Smotrich y Katz, Israel busca otorgar “seguridad legal y civil” a los colonos y permitirles edificar o expandirse “en igualdad con todos los ciudadanos de Israel”. Entre los cambios contemplados, la publicación de los registros de titularidad de la tierra permitirá a cualquier interesado localizar a quienes poseen terrenos y realizar ofertas de compraventa. Hasta el momento, estos datos permanecían reservados.
Otra de las medidas consistió en eliminar una normativa que impedía a personas no musulmanas adquirir tierras en zonas que anteriormente se encontraban bajo control jordano, un precepto heredado del periodo previo a la ocupación israelí de Cisjordania. Además, se introdujo una estructura administrativa singular para la gestión y mantenimiento de la Tumba de Raquel, ampliando así la implicación israelí en el manejo de monumentos y sitios religiosos considerados sensibles.
Según consignó la fuente, el nuevo esquema también otorga a Israel mayores atribuciones en materia de seguridad en las áreas A y B, categorías determinadas en los Acuerdos de Oslo: la zona A destinada al control civil exclusivamente palestino y la B al co-gobierno civil palestino y supervisión de seguridad israelí. Con estas modificaciones, Israel asume competencias relacionadas con recursos hídricos, la protección de enclaves arqueológicos y la supervisión ambiental, llegando a intervenir en episodios de contaminación o daños a patrimonios culturales.
El comunicado firmado por los ocho países insta expresamente a la comunidad internacional a actuar de forma inmediata “para detener esta peligrosa escalada” en Cisjordania y las declaraciones de incitación emitidas por autoridades israelíes. En la declaración, reiteran su respaldo a la solución de dos Estados y recalcan como “nulas” las recientes disposiciones del gobierno israelí, recordando que “constituyen una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, que condenan cualquier acción destinada a modificar el carácter, la composición demográfica y el estatus del territorio palestino establecido desde 1967.
Los gobiernos firmantes resaltaron la necesidad de acabar con la ocupación israelí y calificaron la anexión de territorios palestinos como inválida. Según reportó el medio, la declaración concluye que garantizar el derecho al autogobierno y al establecimiento de un Estado palestino sigue siendo, bajo su perspectiva, “el único camino para lograr una paz justa y exhaustiva que garantice seguridad y estabilidad en la región”.
El documento en cuestión advierte sobre “las políticas expansionistas y las medidas ilegales del Gobierno israelí”, atribuyéndoles la responsabilidad de alimentar la violencia y el conflicto regional. Subraya, asimismo, que tales acciones “socavan la solución de dos Estados” e infringen de forma manifiesta el Derecho Internacional. Tanto la Autoridad Palestina como el movimiento Hamás han expresado fuertes críticas frente a estas iniciativas, de acuerdo con la información difundida por la fuente, al interpretar que Israel extiende su control administrativo y territorial sobre áreas que, bajo acuerdos vigentes, corresponden a la gestión palestina.
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